El senador independiente advirtió que el desempleo de 9,5%, el menor crecimiento y una inflación aún sobre la meta configuran un escenario complejo, y pidió acelerar medidas de productividad para recuperar inversión, empleo y capacidad de crecimiento.
La parlamentaria cuestionó la posibilidad de que el Gobierno insista en el Senado con la reforma rechazada por la Cámara y calificó como una “tozudez” extender los períodos de detención para ejecutar expulsiones administrativas.
La Sala revirtió la inadmisibilidad aprobada en comisión y permitió que la iniciativa vuelva a trámite. El proyecto busca mantener la protección legal de las remuneraciones, hasta 56 UF, incluso después de ser depositadas en cuentas bancarias.
La reforma constitucional obtuvo 88 votos a favor, uno menos de los 89 requeridos. Paulina Núñez pidió al Ejecutivo insistir en el Senado y abrir una negociación que permita destrabar una norma sobre expulsiones administrativas en Chile.
La moción establece nuevas figuras para identificar redes coordinadas inauténticas, delimita su diferencia con usos legítimos de herramientas digitales y extiende el control a campañas electorales, financiamiento político y eventual responsabilidad penal de personas jurídicas en Chile.
La Cámara aprobó por unanimidad una reforma que permitiría al Registro Civil crear antecedentes e historiales ficticios para vehículos utilizados en investigaciones e inteligencia policial. El proyecto volvió al Senado para completar su tercer trámite legislativo constitucional.
Congreso extendió por 30 días el despliegue en La Araucanía y parte del Biobío, pero el Ejecutivo anunció una indicación para avanzar en reconocimiento y reparación de víctimas de la violencia en cuatro regiones del sur.
La Cámara aprobó las modificaciones del Senado y dejó lista para promulgación la iniciativa que amplía los plazos de regularización e inscripción, incorpora un procedimiento colectivo y busca evitar que agricultores pierdan derechos por incumplimientos administrativos formales.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública cuestionó el nuevo estado de excepción y sostuvo que el combate contra la delincuencia requiere menos disputa constitucional y mayor capacidad operativa, recursos policiales, prevención y presencia territorial.
El acuerdo duplica de 12 a 24 horas el período considerado inmediato para detener a un imputado y amplía las diligencias policiales bajo instrucciones del Ministerio Público. La iniciativa deberá ahora ser votada por ambas cámaras.