Por Gonzalo Cofré H. | Periodista, magíster en Comunicación Creativa Estratégica | Frontal Estrategia
En diciembre, el Danstar, un buque de carga de bandera chilena, zarpará desde Punta Arenas con alimentos y materiales para las islas Malvinas, en lo que parece una operación comercial como tantas. Sin embargo, puede convertirse en la próxima prueba comunicacional y política del Gobierno de gran magnitud. ¿Por qué? Vamos a los hechos.
Argentina tiene desde 2010 un decreto (el 256), que exige autorización previa a todo buque que transite hacia las Malvinas, en el que se explica que el trámite se hace en la “Prefectura con al menos siete días hábiles de anticipación” y la Cancillería argentina puede concederlo o negarlo. Sin embargo, este decreto es contrario a los tratados que Chile y Argentina han suscrito.
En efecto, el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984 establece que Argentina se obliga a mantener, “en cualquier tiempo y circunstancias”, la navegación “expedita y sin obstáculos” de buques de todas las banderas hacia y desde el Estrecho de Magallanes. Un permiso que se puede negar es difícil de llamar “navegación sin obstáculos”.
Luego, el decreto 457 de 2021, emitido por el Estado de nuestros hermanos argentinos, habla de un “control conjunto” del Estrecho de Magallanes, en una clara señal de hostilidad diplomática, algo que Chile protestó en su momento. Argentina reconoció un “error” y dijo que lo rectificaría. Cinco años después la corrección sigue esperando una firma.
El canciller Francisco Pérez Mackenna ha dicho que el texto está listo desde marzo y que falta la firma del presidente Javier Milei, algo que se esperaba se anunciara en su polémica venida al Foro de Madrid, realizado en Santiago el pasado 3 y 4 de septiembre.
Quizá basados en una “amistad ideológica”, el gobierno chileno, casi con un tono de ingenuidad, no hizo presiones públicas para que ello ocurriera y Milei pasó por el Foro, trató a quienes no piensan como él como “zurdos mugrosos” y se fue, sin anunciar nada.
El tema de fondo es que Argentina intenta sostener una tesis sin sustento en los tratados, apoyada en dos decretos que son normas de un solo país. Un decreto no puede modificar un tratado que firmaron dos. El Estrecho de Magallanes es chileno y la propia Cancillería argentina reafirmó en agosto la vigencia de los tratados de 1881 y 1984, pero, sin embargo, los decretos siguen ahí, amenazando una convivencia necesaria, pero que siempre ha sido delicada.
¿Pero qué implicancias, más allá de lo meramente declarativo, pueden tener estos decretos? El gobierno de Milei, al igual que el de Kast, atraviesa un mal momento. La encuesta de Zuban Córdoba y Asociados del 2 de agosto mostró una desaprobación de su gestión de 65,3 % y una aprobación de 33,4 %. Un 61,9 % dijo que votaría por un cambio de gobierno en 2027.
En ese escenario, un conflicto externo puede resultar tentador, porque pocas causas unen más a los argentinos que las Malvinas. En octubre ingresó además en ese país un proyecto de ley, de la diputada Agustina Propato, para impedir el paso por aguas jurisdiccionales argentinas de buques que viajen a las islas con fines logísticos, pesqueros, militares o hidrocarburíferos. Un gobierno con esos números tiene incentivos para encontrar una causa que lo ayude y no sería la primera vez que Chile se enfrente a ello.
Del lado chileno, el contexto tampoco ayuda. El caso del ministro de Justicia, Fernando Rabat, mostró nuevamente un manejo de crisis cuestionable por parte del gobierno del presidente Kast.
Las crisis se anticipan y por eso es importante preguntarse si esta vez existe un plan definido. Escenarios definidos de antemano, qué se dice y qué se hace si piden un permiso, si hay una multa o si retienen la nave. Y una conversación previa con Magallanes, que es la región que vive esto de cerca.
Nada de esto significa ir al choque. Un conflicto que escale más allá de lo diplomático, a esta altura, sería una locura innecesaria, y nadie razonable lo pide. Lo que se espera del Gobierno es ponderación y firmeza al mismo tiempo: ponderación en las formas, firmeza en el fondo. La firmeza consiste en dejar claro, sin ambigüedades, cuál es nuestra postura sobre el Estrecho de Magallanes. La ponderación, en usar los canales y los mecanismos que el propio tratado contempla.
La soberanía no se defiende con un tuit ni con un comunicado tardío. Se defiende con una posición clara, dicha a tiempo y con una sola voz. Que nadie tenga dudas, ni en Buenos Aires ni en Santiago, de que el Estrecho de Magallanes es de Chile.
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