La Encuesta Bicentenario UC revela que el 43% percibe una fuerte tensión territorial. Desde Tarapacá hasta Magallanes, gobernadores cuestionan las decisiones concentradas en Santiago, mientras proyectos de salud, conectividad e infraestructura enfrentan obstáculos que limitan la autonomía regional
En Puerto Williams, mejorar el suministro de agua potable sigue siendo una necesidad urgente. La capital de la provincia Antártica Chilena cuenta con un sistema de tratamiento básico y una capacidad de almacenamiento cercana a 600 metros cúbicos. El proyecto para ampliar esa infraestructura contempla llegar a 3.000 metros cúbicos, pero antes deben resolverse distintas etapas administrativas, entre ellas la disponibilidad del terreno necesario para construir la nueva planta.
El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, consiguió la aprobación de una primera intervención por $2.344 millones, destinada a beneficiar a 2.063 habitantes. Pero la solución definitiva todavía requiere nuevas gestiones. “Esta etapa estabiliza la situación actual”, explicó, junto con advertir que Puerto Williams no dispone del mismo nivel de tratamiento de agua potable que otras capitales provinciales.
La distancia con los organismos que deben intervenir en el proyecto forma parte de las dificultades que enfrenta una región donde el aislamiento geográfico encarece las obras y hace más compleja su ejecución.
La Encuesta Nacional Bicentenario UC recoge una percepción que atraviesa al país: el 43% de los consultados considera que existe un gran conflicto entre Santiago y las regiones, frente al 39% de la medición anterior y el 36% de la precedente. Detrás de esas cifras aparecen situaciones como la de Puerto Williams, donde una necesidad local depende de decisiones que involucran a distintos niveles del Estado.
Cuando la solución está cerca, pero la decisión sigue lejos
En Coquimbo, miles de personas esperan una cirugía o un procedimiento médico. Para enfrentar esa situación, el Gobierno Regional comprometió más de $4.530 millones para financiar 3.478 prestaciones, mediante un programa que requiere coordinación con el Servicio de Salud. Los recursos están destinados a pacientes que necesitan respuestas mientras las listas de espera continúan presionando a los establecimientos públicos.
El gobernador Cristóbal Juliá defendió la iniciativa desde la urgencia de las familias. “Cada día miles de personas requieren atención médica, muchas veces en situaciones complejas que demandan respuestas oportunas”, sostuvo al presentar el programa. La intervención permitirá complementar la capacidad de la red asistencial, aunque su ejecución seguirá dependiendo de la coordinación entre el Gobierno Regional y los organismos responsables de las prestaciones.
Juliá llevó esa preocupación más allá del ámbito sanitario. Durante el Congreso de las Regiones cuestionó que los gobiernos regionales terminaran convertidos en administradores de recursos, con responsabilidades frente a sus comunidades, pero sin todas las atribuciones necesarias para resolver sus problemas. Esa distancia también aparece en un estudio sobre la transferencia de competencias a los gobiernos regionales, que identificó avances desiguales y territorios donde las facultades sociales continúan especialmente restringidas.
En Tarapacá, el gobernador José Miguel Carvajal enfrenta una dificultad distinta. Su administración dispone de una cartera superior a $82 mil millones en proyectos financiados con recursos regionales, pero cuya ejecución requiere la intervención de ministerios y servicios nacionales. Entre sus prioridades figuran iniciativas vinculadas con la Zona Franca de Iquique, el Corredor Bioceánico y obras destinadas a mejorar la conectividad y el desarrollo productivo.
“Los recursos regionales están disponibles y nuestra expectativa es que puedan ejecutarse oportunamente. Cada obra que avanza genera empleo, dinamiza la economía”, afirmó Carvajal. En una región donde la minería, el comercio y la logística sostienen una parte importante de la actividad económica, los retrasos también afectan las oportunidades de empresas y trabajadores que dependen de esas inversiones.
Gobernadores que responden por decisiones que no siempre controlan
La distancia entre las prioridades regionales y las decisiones nacionales también preocupa en O’Higgins. Su gobernador, Pablo Silva Amaya, cuestionó que desde Santiago se determinen recursos y procedimientos para inversiones que responden a necesidades concretas de las comunas. Ambulancias, equipamiento de salud, seguridad e infraestructura forman parte de las iniciativas que requieren coordinación entre el Gobierno Regional y diferentes servicios públicos.
“De Santiago es muy difícil ver lo que pasa en cada una de las regiones, qué es lo que las regiones priorizan en inversión”, afirmó Silva durante sus diferencias con Hacienda. La controversia presupuestaria terminó con una reducción menor a la inicialmente propuesta, pero dejó abierta la discusión sobre cuánto pueden decidir las autoridades territoriales respecto de los recursos que administran.
En Antofagasta, el gobernador Ricardo Díaz Cortés cuestionó que los retrasos de servicios públicos nacionales terminen atribuyéndose a los gobiernos regionales. Según su evaluación, alrededor del 80% de las dificultades de ejecución de su región corresponde a organismos sectoriales. “Castigar a las regiones por la mala gestión de los servicios centralizados es un error”, sostuvo, al reclamar que cada institución responda por los proyectos que debe ejecutar.
El problema alcanza inversiones en Educación, Transportes, Vivienda y Salud. Una iniciativa puede contar con financiamiento regional y continuar pendiente por licitaciones, autorizaciones o decisiones de otros servicios. Para los habitantes, la diferencia administrativa importa poco cuando una obra comprometida no comienza o un equipamiento necesario sigue sin llegar a su comuna.
Desde Los Lagos, el gobernador Alejandro Santana, presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, reconoce avances en las negociaciones con el Ejecutivo, especialmente en la reducción de obstáculos administrativos. “Vamos a tener elementos de flexibilidad que nos van a permitir eliminar de manera significativa la tramitología y los cuellos de botella”, sostuvo al valorar las nuevas condiciones para ejecutar inversiones.
Un país conectado con Santiago, pero no siempre entre sus regiones
En Magallanes, el conflicto también recorre las carreteras y rutas marítimas. Flies impulsa junto con los gobernadores de Los Lagos y Aysén la iniciativa Chile por Chile, que busca mejorar la conectividad de la Patagonia y reducir la dependencia de trayectos por territorio argentino. La propuesta involucra inversiones en infraestructura vial y marítima que requieren coordinación entre gobiernos regionales, ministerios y organismos técnicos.
“Hoy nuestra gente está pidiendo por todos los medios que podamos tener esta conectividad”, sostuvo Flies. La dificultad no se limita al extremo austral. La conectividad aérea entre regiones también continúa fuertemente concentrada en Santiago: cerca del 87% de los pasajeros nacionales utiliza rutas vinculadas con la capital, mientras apenas el 13% se desplaza mediante vuelos directos entre regiones.
La disputa por los recursos constituye otra expresión de esa dependencia. Los gobernadores consiguieron un acuerdo presupuestario por $1,82 billones para funcionamiento e inversión regional, además de flexibilidades para ejecutar proyectos. Sin embargo, la autonomía financiera, el traspaso de competencias y la participación de los territorios en decisiones sectoriales siguen formando parte de las demandas que las autoridades plantean al Gobierno central.
La Encuesta Bicentenario también revela una paradoja: mientras el 43% considera que el Estado debería responsabilizarse del bienestar de las personas, apenas el 12% expresa bastante o mucha confianza en el Gobierno. En las regiones, las expectativas adquieren rostros concretos: familias que esperan atención médica, comunidades que necesitan mejores caminos y ciudades donde contar con agua potable suficiente exige inversiones que pasan por distintas instituciones.
Santiago no es Chile
En Puerto Williams, ampliar el acceso al agua potable exige superar gestiones que se resuelven fuera del territorio. En Coquimbo, miles de prestaciones médicas comprometidas deben transformarse en atenciones para pacientes que siguen esperando. En Tarapacá, proyectos que cuentan con financiamiento regional necesitan decisiones de servicios nacionales para comenzar a ejecutarse.
Detrás de cada trámite hay familias, trabajadores y comunidades para quienes una obra, una atención médica o una carretera representan necesidades concretas que no pueden quedar indefinidamente atrapadas entre oficinas y autorizaciones.
La disputa de fondo ya no pasa solamente por conseguir más recursos. Se trata de quién tiene el poder para decidir, quién responde cuando las soluciones se retrasan y cuánto deben seguir dependiendo las regiones de instituciones que no conocen de cerca sus realidades. Los gobernadores fueron elegidos para conducir el desarrollo de sus territorios, pero siguen enfrentando límites para cumplir ese mandato.
Santiago no es Chile, aunque buena parte de las decisiones que determinan el futuro de las regiones todavía se toman en la capital. Mientras esa contradicción persista, la descentralización seguirá siendo una promesa pendiente para millones de personas que esperan respuestas donde viven, no donde se concentra el poder.
