El acuerdo entre Hacienda y los gobernadores abre el Fondo Espejo a otras inversiones, justo cuando autoridades regionales advierten riesgos para nuevos recorridos. La concesión revive una pelea que el Congreso intentó cerrar por ley en 2024
En La Serena y Coquimbo, la posibilidad de ampliar los recorridos de buses eléctricos hacia sectores como La Florida, La Antena y El Milagro quedó bajo incertidumbre cuando comenzó la discusión del Presupuesto 2027. Mientras las autoridades regionales denunciaban una fuerte reducción de los recursos para transporte, en Valparaíso avanzaba una negociación que terminaría dando al Fondo Espejo del Transantiago un papel decisivo para destrabar el financiamiento de los gobiernos regionales.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, consiguió el respaldo unánime de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para reponer $94.897 millones a las regiones. Entre las concesiones apareció una modificación que pasó casi inadvertida frente a la celebración del acuerdo: aumentar los recursos del Fondo de Apoyo al Transporte y permitir que parte de ellos se utilice en otras iniciativas de interés regional.
La decisión devuelve al debate una controversia que el Congreso intentó resolver apenas dos años atrás. En septiembre de 2024, una reforma legal restringió el uso del antiguo Fondo Espejo para asegurar que financiara transporte público y conectividad. Ahora, el mismo instrumento que debía proteger esas inversiones se convierte en una fuente de recursos para ampliar el margen presupuestario de los gobernadores.
La advertencia desde Coquimbo y los proyectos en riesgo
La preocupación surgió antes del acuerdo. A fines de octubre, el senador Daniel Núñez y la consejera regional Valeria Chacana cuestionaron una reducción que, según sus estimaciones, podía superar el 40% de los recursos destinados al transporte público de Coquimbo. “Vamos a ser muy firmes en defender la plata del transporte público regional en la Comisión Mixta, en la Sala y en la Cámara. Espero que esto se revierta”, afirmó Núñez durante la controversia presupuestaria.
En Coquimbo, el Consejo Regional aprobó en octubre una inversión de $5.414 millones para incorporar 20 buses eléctricos a Tierras Blancas y Punta Mira Norte. Esos recursos ya cuentan con aprobación regional, aunque su puesta en marcha requiere completar otras autorizaciones.
La dimensión del conflicto supera a Coquimbo. Durante 2026, el Fondo de Apoyo al Transporte contempla $333.727 millones distribuidos entre los 16 gobiernos regionales. De ese monto, $19.976 millones corresponden a Coquimbo, $19.123 millones a O’Higgins y $25.392 millones a Biobío. Son recursos destinados a renovar vehículos, mejorar infraestructura y sostener programas de conectividad, particularmente en localidades rurales y zonas aisladas.
Para Hacienda, en cambio, el Fondo Espejo ofrecía una alternativa en medio de la disputa por el Presupuesto 2027. Los gobernadores exigían recuperar recursos que consideraban indispensables para inversión y empleo, mientras el Ejecutivo buscaba contener el gasto y modificar las condiciones de ejecución. Tras semanas de negociaciones, el acuerdo estableció que los ingresos propios regionales se incorporarían durante el año conforme se percibieran y que, para conformar el presupuesto inicial, se reforzaría el aporte proveniente del Fondo de Apoyo al Transporte.
La ley que buscó terminar con el uso de recursos para otros fines
La paradoja tiene antecedentes legislativos concretos. Durante años, el Fondo Espejo financió inversiones regionales ajenas al transporte. La amplitud de sus destinos permitió construir distintas obras públicas, pero también alimentó las críticas por la brecha entre los subsidios del sistema metropolitano y los servicios disponibles fuera de Santiago.
Una de las parlamentarias que impulsó el cambio fue la senadora Yasna Provoste. En mayo de 2024, durante la tramitación de la reforma, recordó que los legisladores “le pedimos que los recursos del fondo espejo, subsidio en las regiones, se destinaran a mejorar la calidad del transporte público regional”.
La Ley N° 21.692, publicada en septiembre de ese año, transformó el Fondo de Apoyo Regional en el actual Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional. Su regulación concentró las inversiones en movilidad y conectividad, reservando al menos el 50% de las asignaciones para renovación, modernización y operación del transporte. Los recursos restantes también quedaron sujetos a finalidades relacionadas con esos servicios y su infraestructura habilitante.
Según informó entonces el Gobierno, antes de la reforma solamente el 18% de los recursos se destinaba a inversión en transporte público. La nueva legislación buscaba terminar con esa dispersión y dar a las regiones una fuente de financiamiento estable para enfrentar sus déficits de movilidad.
Dos años después, Provoste participó nuevamente en una negociación decisiva para estos recursos, esta vez como una de las articuladoras del entendimiento con Quiroz y los gobernadores. El acuerdo del 4 de noviembre permitió superar el rechazo que amenazaba a la partida presupuestaria, pero también abrió una excepción respecto de las restricciones que la legislación anterior estableció para el Fondo Espejo.
El presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, Alejandro Santana, defendió las concesiones obtenidas. “Vamos a tener elementos de flexibilidad que nos van a permitir eliminar de manera significativa la tramitología y los cuellos de botella”, sostuvo al valorar el entendimiento con Hacienda.
El acuerdo político y la pregunta pendiente por los recursos
Quiroz presentó el resultado como una señal de confianza en las autoridades territoriales. “Este acuerdo nace en parte o en buena parte porque, a pesar de las diferencias, muy rápidamente identificamos un propósito común”, afirmó.
El acuerdo elevó el marco presupuestario regional a $1,82 billones e incorporó nuevas facultades para ejecutar inversiones desde enero, según los detalles del acuerdo aprobado por la Comisión Mixta. Pero el incremento global de $94.897 millones no corresponde exclusivamente al Fondo Espejo, cuyo monto actualizado y distribución definitiva deben verificarse en el texto de la indicación sustitutiva.
La controversia continuará durante la tramitación del Presupuesto 2027. La Comisión Mixta respaldó la posibilidad de destinar parte de los recursos del transporte a iniciativas de interés regional, pero todavía debe precisarse el alcance de esa autorización y su compatibilidad con las restricciones legales vigentes. En las regiones siguen pendientes nuevas rutas, flotas e infraestructura; en el Congreso, la definición será cuánto dinero conservará su destino original y qué parte podrá financiar otras prioridades de inversión.
