Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público solicitaron al Gobierno mejores remuneraciones, bonos y estabilidad laboral. La propuesta abre una negociación con Hacienda en plena discusión presupuestaria y bajo advertencias de eventuales movilizaciones sindicales nacionales
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público, coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entregaron al Gobierno de José Antonio Kast un petitorio que exige un reajuste salarial nominal de 6,3%, un incremento real de al menos 2% y un bono de término de negociación que podría alcanzar los $250.000. La propuesta, presentada el miércoles 4 de noviembre, abre el primer proceso de negociación salarial de los funcionarios del Estado con la actual administración.
El documento de 26 páginas comprende a trabajadores de ministerios, servicios públicos, municipalidades, gobiernos regionales, universidades estatales y establecimientos educacionales subvencionados, entre otros organismos. Además de las demandas económicas, los gremios solicitan garantías frente a las desvinculaciones, regularización de contratos y avances en la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
La negociación comienza en medio de la tramitación del Presupuesto 2027, marcado por discrepancias sobre el financiamiento de servicios públicos, programas e inversión regional. Los sindicatos cuestionan que Hacienda utilizara un factor de actualización de remuneraciones de 2,88%, inferior al 4,3% de inflación proyectado para 2026. También reprochan que el proyecto no corrigiera la falta de actualización presupuestaria que denunciaron durante la administración anterior.
Bono de $250 mil y mayores remuneraciones mínimas
El petitorio establece que, desde enero de 2027, ningún trabajador del Estado debiera recibir una remuneración bruta mensual inferior a $609.766 para auxiliares, $678.612 para administrativos y $721.885 para técnicos. A ello se suma un bono mensual de $67.935 para funcionarios con ingresos brutos de hasta $727.582, con un monto decreciente para remuneraciones superiores a ese límite e inferiores a $822.680.
La propuesta también contempla un bono de término de negociación de $250.000 para trabajadores con ingresos líquidos de hasta $1.030.474 y de $125.000 para quienes superen ese umbral, dentro de las condiciones establecidas en el documento. Los gremios solicitan aumentar los aguinaldos, el bono de escolaridad y las asignaciones de vacaciones.
| Beneficio solicitado | Monto propuesto |
|---|---|
| Reajuste general | 6,3% nominal |
| Incremento real mínimo | 2% |
| Bono de término de negociación | $250.000 / $125.000 |
| Bono mensual para rentas bajas | Hasta $67.935 |
| Aguinaldo de Navidad | $75.692 / $40.039 |
| Aguinaldo de Fiestas Patrias | $97.458 / $67.655 |
| Bono de vacaciones | $120.029 / $60.014 |
| Bono general de escolaridad | $94.781 |
| Remuneración mínima auxiliares | $609.766 |
| Remuneración mínima administrativos | $678.612 |
| Remuneración mínima técnicos | $721.885 |
Los montos corresponden a exigencias de la Mesa del Sector Público, no a beneficios aprobados. Los pagos diferenciados dependen de tramos de remuneración y requisitos de acceso.
Carlos Inzunza, subcoordinador del Sector Público de la CUT, responsabilizó al Ejecutivo por las presiones inflacionarias que afectan las remuneraciones: “Tenemos una proyección de inflación para el año de 4,3%, gatillada de forma muy relevante por las decisiones económicas erradas del propio Gobierno”, sostuvo el dirigente.
Estabilidad laboral y jornada de 40 horas
La segunda parte del petitorio apunta a las condiciones de empleo. Los gremios exigen mayores garantías para los funcionarios a contrata, regularizar a trabajadores a honorarios que cumplen funciones permanentes y establecer mecanismos legales frente a desvinculaciones arbitrarias. También solicitan revisar los criterios administrativos de la Contraloría que, según las organizaciones, debilitan la estabilidad laboral.
Lisetty Sotelo, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), cuestionó las restricciones fiscales impulsadas por el Ejecutivo y su impacto en los servicios públicos. “El Gobierno no puede ajustar la economía desde el sector público y pasarle la cuenta a sus trabajadores”, afirmó la dirigenta, quien participó en la entrega del petitorio en representación del sector municipal.
La propuesta incluye reactivar la mesa destinada a implementar una jornada de 40 horas semanales, sin disminuir sueldos ni aumentar las cargas laborales. También plantea extender el teletrabajo hasta 2030, mejorar las medidas de salud mental y seguridad funcionaria, ampliar los derechos de cuidado infantil y fortalecer los mecanismos de conciliación entre el trabajo y la vida familiar.
Otro punto especialmente relevante para las regiones es la exigencia de excluir las asignaciones de zona y de zonas extremas del cálculo de los límites de acceso a determinados beneficios. Los sindicatos buscan evitar que estas compensaciones territoriales reduzcan los bonos que reciben funcionarios destinados a localidades con mayores costos de vida.
CUT advierte movilizaciones y espera respuesta de Hacienda
La vicepresidenta de Gestión y Finanzas de la CUT, Silvia Silva, exigió que el Gobierno establezca prontamente un calendario de conversaciones: “El llamado al Ejecutivo es a recibir a la mesa lo más pronto posible, no queremos estar terminando en febrero la negociación, no queremos dilación”. La organización advirtió que podría recurrir a movilizaciones si no consigue avances mediante el diálogo.
