La Comisión Mixta aprobó un marco de $1,82 billones para 2027, con $94.897 millones repuestos y cambios en ingresos propios, emergencias y ejecución desde enero. Gobernadores valoran el acuerdo, aunque persisten exigencias de autonomía fiscal regional efectiva
La disputa por el financiamiento de las regiones terminó con una modificación de la propuesta original del Gobierno y nuevas condiciones para administrar la inversión territorial. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó por unanimidad, este miércoles 4 de noviembre, una indicación sustitutiva que establece un marco presupuestario informado de $1,82 billones para 2027, con una reposición de $94.897 millones respecto de los recursos que se encontraban en discusión en el Congreso.
El acuerdo reduce considerablemente los recortes inicialmente propuestos y establece una referencia cercana al presupuesto de 2026, aunque mantiene una disminución aproximada de entre 3% y 4%, según los gobernadores. Las autoridades regionales habían cuestionado rebajas de entre 10% y 20%, que estimaron en aproximadamente $250 mil millones para las 16 regiones. Hacienda, en cambio, utilizaba una base de comparación que arrojaba una reducción real de 4,8%, equivalente a $90.884 millones.
La aprobación transforma en disposiciones presupuestarias el acuerdo anunciado el martes entre Hacienda y los gobernadores regionales. La indicación reemplaza íntegramente la Partida 31 y modifica normas relacionadas con ingresos propios, bienes fiscales, emergencias y ejecución de proyectos. También incorpora mecanismos para agilizar transferencias entre organismos públicos y permitir que las regiones comiencen a utilizar sus recursos desde enero, sin esperar los procedimientos que anteriormente retrasaban su disponibilidad.
Los seis cambios que redefinen la administración de recursos
El nuevo marco no se limita a la reposición de fondos. La indicación aprobada modifica las facultades de administración presupuestaria de los gobiernos regionales y establece condiciones que pueden incidir directamente en los plazos para ejecutar obras de infraestructura, equipamiento público y programas de inversión. Una de las principales modificaciones es la apertura presupuestaria temprana, que permitirá contabilizar gastos desde el primer mes del año y agilizar las resoluciones necesarias para comenzar a ejecutar proyectos.
Otro cambio relevante corresponde a los ingresos propios regionales. Los recursos provenientes de casinos y otras fuentes establecidas legalmente quedarán fuera del marco presupuestario inicial y podrán incorporarse durante 2027 conforme sean percibidos.
Para ello, los gobiernos regionales deberán tramitar las resoluciones respectivas, mientras Dipres realizará las modificaciones presupuestarias correspondientes. El acuerdo también aumenta la proporción de ingresos por venta de bienes fiscales que permanecerá en los territorios.
Las seis principales disposiciones aprobadas
| Materia | Qué establece el acuerdo | Efecto para las regiones |
|---|---|---|
| Financiamiento 2027 | Marco informado de $1,82 billones y reposición de $94.897 millones respecto de la propuesta en trámite. | Reduce el ajuste inicial, aunque mantiene una disminución respecto de la referencia presupuestaria de 2026. |
| Ejecución desde enero | Apertura presupuestaria temprana, contabilización de gastos desde enero y procedimientos más expeditos. | Amplía el período disponible para ejecutar proyectos y programas regionales. |
| Ingresos propios | Los ingresos de casinos y otras fuentes podrán incorporarse durante el ejercicio, conforme sean percibidos. | Permite sumar recursos recaudados mediante modificaciones presupuestarias. |
| Venta de bienes fiscales | Aumenta del 35% al 50% la participación regional; el Fisco recibirá el 50% restante. | Incrementa la proporción de ingresos por enajenación de activos que queda en las regiones. |
| Emergencias | Eleva del 2% al 4% el margen presupuestario para emergencias y elimina la reasignación del 3% hacia Interior. | Amplía las facultades regionales para financiar respuestas ante emergencias. |
| Gestión de inversiones | Agiliza transferencias entre organismos, modifica determinadas exigencias de evaluación y facilita la reutilización de recursos autorizados. | Busca reducir retrasos administrativos y facilitar la continuidad de iniciativas regionales. |
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió ante la Comisión Mixta el cambio en las condiciones de funcionamiento regional. “Un problema que había normalmente es que partía el presupuesto e inmediatamente tenían que los gobernadores solicitar cambio de subpartidas, de asignaciones, y ahora van a poder operar desde el día uno, que es lo que nos interesa”, explicó durante la presentación de las indicaciones, junto con destacar los nuevos mecanismos de gestión y seguimiento de los recursos públicos.
El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, detalló que la indicación modifica las glosas generales y particulares de los gobiernos regionales, además de disposiciones del Tesoro Público y del Ministerio de Bienes Nacionales. También confirmó que Dipres implementará procedimientos para acelerar la apertura presupuestaria y revisar los indicadores utilizados para evaluar la ejecución, particularmente cuando los recursos regionales son transferidos a ministerios u otros servicios públicos encargados de ejecutar las inversiones.
Gobernadores destacan el impacto del acuerdo en sus territorios
Desde Los Lagos, el gobernador y presidente de Agorechi, Alejandro Santana, destacó la reposición presupuestaria y las nuevas facultades para ejecutar iniciativas durante 2027. “No se afectan los ingresos de los gobiernos regionales y, principalmente, se agrega flexibilidad que debe permitir mejorar de manera considerable la ejecución presupuestaria para el año 2027”, señaló tras la aprobación.
El gobernador de Valparaíso y vicepresidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca, defendió ante la Comisión Mixta la importancia de asegurar financiamiento suficiente para las inversiones regionales. Durante su intervención recordó que la negociación involucró a autoridades de distintas posiciones políticas y que las diferencias iniciales obligaron a sostener conversaciones durante tres meses.
“Esto no tiene que ver con más recursos, menos recursos, esto tiene que ver con contar con recursos suficientes y apropiados para seguir trabajando con el bienestar de las personas”, afirmó al mencionar las necesidades de vivienda, educación, salud, agua, cultura y deporte.
En Coquimbo, el gobernador Cristóbal Juliá puso el acento en la posibilidad de iniciar antes la ejecución de las inversiones y evitar los retrasos que afectaban los calendarios regionales. “Se dan nuevas herramientas de flexibilidad y apertura de caja para el próximo año, lo cual nos va a permitir ejecutar desde enero, cosa que no pasaba antes”, sostuvo. La autoridad también destacó el aumento del margen presupuestario para emergencias y planteó la importancia de evitar nuevas disminuciones durante el ejercicio 2027.
El gobernador de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, informó que la disminución originalmente proyectada para su región, cercana a $18.800 millones y equivalente al 20%, se redujo a aproximadamente $5 mil millones, correspondientes al 3%. También destacó la conservación de los ingresos propios regionales y las nuevas condiciones de ejecución.
“La apertura de recursos se va a desarrollar en enero, como siempre tuvo que ser. De esta manera podremos ejecutar desde principios de año y no desde abril”, afirmó, junto con valorar las mayores facultades para responder a emergencias.
Los cambios tendrán efectos distintos según las condiciones presupuestarias de cada territorio. En regiones con ingresos relevantes provenientes de casinos o venta de activos fiscales, las modificaciones permitirán incorporar recursos adicionales conforme se recauden.
En otras administraciones, el mayor impacto estará relacionado con la apertura presupuestaria desde enero y las nuevas reglas para transferir fondos a municipios, ministerios y servicios encargados de ejecutar proyectos.
Los compromisos de Hacienda y la tramitación pendiente
La senadora Yasna Provoste, quien presidió la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, destacó las modificaciones y el papel desempeñado por los gobiernos regionales para corregir la propuesta inicial. Durante su intervención recordó las consecuencias que podían generar los recortes sobre la inversión pública territorial.
“Detrás de cada uno de esos recortes hay consultorios que se dejan de construir, hay escuelas que se dejan de construir o de mejorar, hay pavimentos que se dejan de hacer”, sostuvo, vinculando el financiamiento regional con los desafíos de empleo e infraestructura.
El senador Renzo Trisotti destacó que el entendimiento incorporó cambios administrativos además de la reposición presupuestaria. “También se incorporan mejoras en procedimientos, mayor flexibilidad y un nuevo marco de gastos que va a permitir poder agilizar la ejecución presupuestaria y concretar más proyectos”, afirmó durante la sesión. El parlamentario también valoró la posibilidad de adelantar las resoluciones de distribución de recursos y reducir los tiempos que dificultaban la puesta en marcha de proyectos regionales.
Una de las tareas que deberá abordar Dipres durante 2027 será la revisión de los indicadores de ejecución. El organismo reconoció que las modificaciones presupuestarias durante el año y las transferencias a otros servicios pueden distorsionar las mediciones utilizadas para evaluar la gestión regional.
La discusión considera los antecedentes de ejecución de 2025, cuando los gobiernos regionales alcanzaron un promedio de 95,9%, junto con la necesidad de establecer procedimientos que permitan distinguir las responsabilidades de cada institución.
La indicación sustitutiva deberá continuar las siguientes etapas legislativas antes de convertirse en ley. Entre las definiciones pendientes figuran la distribución definitiva de recursos para las 16 regiones, la puesta en marcha de los nuevos procedimientos desde enero y los mecanismos de seguimiento presupuestario.
Los gobernadores también mantienen en su agenda una ley de rentas regionales, mayores atribuciones administrativas y autonomía fiscal. El acuerdo aprobado modifica las condiciones de financiamiento e inversión, mientras su aplicación dependerá del texto definitivo de la Ley de Presupuestos 2027.
