Gobierno y los gobernadores regionales acordaron evitar la reducción de 6,2% prevista para 2027. El entendimiento mantiene recursos cercanos a 2026, adelanta la ejecución a enero y aún depende de su aprobación definitiva en el Congreso Nacional
El Ministerio de Hacienda y los 16 gobernadores regionales alcanzaron un acuerdo para frenar el recorte de 6,2% a los programas de inversión contemplados en el Presupuesto 2027. El entendimiento, confirmado este martes 3 de noviembre, considera mantener recursos similares a los de 2026, adelantar la gestión presupuestaria a enero y modificar las restricciones administrativas que retrasan proyectos en las regiones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó el avance de las negociaciones, desarrolladas con la participación de los senadores Yasna Provoste, Javier Macaya y Renzo Trisotti. El secretario de Estado sostuvo que se trata de “un acuerdo que ya está cerrado en términos de las aspiraciones de las regiones y de las necesidades de mayor eficiencia y ejecución”.
La disputa surgió por una rebaja que Agorechi estimaba cercana a $250 mil millones, frente a los $90.884 millones y 4,8% real calculados por Dipres mediante otra base presupuestaria. También enfrentó al Ejecutivo con los gobernadores por los criterios utilizados para medir la ejecución, luego de que las regiones cerraran 2025 con un gasto efectivo promedio de 95,9%.
Los gobernadores consiguen revertir el ajuste inicial
El presidente de Agorechi y gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, valoró la modificación de la propuesta gubernamental. “Lo más importante es que vamos a tener elementos de flexibilidad que nos van a permitir eliminar de manera significativa la tramitología”, declaró al confirmar el entendimiento.
Las negociaciones comenzaron a destrabarse el 19 de octubre, durante una reunión en Cerro Castillo. El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, explicó entonces la magnitud de las reducciones que buscaban revertir: “Era de un 13% por el caso de Coquimbo y para el caso de la Región de O’Higgins era cerca de un 20%”.
En O’Higgins, la propuesta original significaba una disminución de $18.838 millones, equivalente al 19,27% de su presupuesto vigente. El gobernador Pablo Silva Amaya cuestionó directamente el centralismo de la decisión durante las reuniones de octubre: “El presupuesto es mucho más centralizado y le distribuye recursos a ministerios donde las decisiones no se toman en regiones”.
La reducción también comprometía cerca de $17 mil millones en Valparaíso. Su gobernador y vicepresidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca, explicó la fórmula negociada con Hacienda: “Es un acuerdo que dice relación básicamente con mantener y preservar el presupuesto de inicio del año 2026, más los ingresos propios”.
Desde enero y con nuevas reglas para ejecutar recursos
El acuerdo incorpora entre 10 y 12 flexibilizaciones presupuestarias, según el director de Presupuestos, José Pablo Gómez. La principal permitirá iniciar la gestión financiera desde enero, en lugar de marzo. También contempla que los gobiernos regionales puedan conservar el 50% de los ingresos por venta de activos fiscales y administrar sus ingresos propios sin incorporarlos al presupuesto inicial.
El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, explicó el alcance de estas exigencias durante las conversaciones previas al acuerdo. “Y lo más importante es que se le den las flexibilidades para que de verdad los Gobiernos Regionales puedan empezar a gastar desde el día 1 de enero”, sostuvo.
En Los Lagos, Santana informó que el recorte inicialmente proyectado de 7,08% se reduciría a 0,038%. La autoridad también anticipó que entre 70% y 80% de los recursos regionales de 2027 se orientarían a iniciativas con impacto directo o indirecto en el empleo, con una proyección de entre 2.500 y 3.000 nuevos puestos de trabajo.
El entendimiento considera además revisar los mecanismos utilizados por Dipres para evaluar la ejecución presupuestaria. Los gobiernos regionales cuestionan que se les atribuyan retrasos correspondientes a ministerios y servicios públicos que reciben recursos para licitar, contratar y ejecutar obras.
El Congreso deberá convertir el acuerdo en ley
La negociación política todavía necesita materializarse en la Partida 31 del Presupuesto 2027. Los gobernadores tienen prevista una reunión con parlamentarios este miércoles 4 de noviembre, mientras la Comisión Especial Mixta continúa la revisión de las asignaciones presupuestarias.
La senadora Yasna Provoste, presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta, defendió la apertura de las conversaciones cuando se postergó la votación de la partida regional en octubre. “Se ha materializado un espacio formal de conversaciones, por lo mismo, destaco la unanimidad de la Subcomisión para postergar la votación por al menos 10 días”.
Además de los montos, el resultado legislativo deberá resolver las trabas de ejecución. En Antofagasta, el gobernador Ricardo Díaz emplazó a servicios públicos por proyectos regionales detenidos pese a contar con financiamiento, una situación directamente relacionada con las flexibilizaciones que negocian Hacienda y Agorechi.
La distribución definitiva de recursos entre las 16 regiones sigue pendiente. El acuerdo establece una base cercana a 2026, pero todavía no existe un cuadro oficial que permita determinar cuánto recibirá cada gobierno regional. Esa definición, junto con las nuevas normas de ejecución, deberá resolverse durante la tramitación parlamentaria.
