Instituciones autónomas mantienen sus reparos al Presupuesto 2027 pese a las conversaciones abiertas con Hacienda. Mientras dos organismos recibirían mayores fondos, el Servicio Electoral enfrenta una rebaja y todos cuestionan restricciones a su autonomía institucional
Las advertencias de tres organismos constitucionalmente autónomos llevaron al Gobierno de José Antonio Kast a abrir conversaciones para revisar las restricciones incorporadas al Presupuesto 2027. Contraloría, Servicio Electoral (Servel) y Ministerio Público cuestionan disposiciones que podrían someter decisiones sobre el uso de sus recursos a autorizaciones de Hacienda, una situación que, según sostienen, comprometería su independencia para fiscalizar al Estado, organizar elecciones e investigar delitos.
La preocupación reunió el 15 de octubre a la contralora Dorothy Pérez, al fiscal nacional Ángel Valencia y a la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa. La cita dio paso a gestiones ante el Ejecutivo que continuaron durante esta semana.
El conflicto presenta una particularidad: Contraloría recibiría $130.959 millones, un aumento real de 5,9%, y Fiscalía dispondría de $336.312 millones, con un crecimiento real de 5%. En cambio, el Servel enfrenta una rebaja cercana al 12% respecto de los recursos solicitados. Sin embargo, el punto común no es solamente el financiamiento, sino las restricciones presupuestarias que podrían afectar las investigaciones del crimen organizado y otras funciones que las instituciones deben ejercer con autonomía.
Fiscalía pide eliminar glosas que condicionan investigaciones
El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió que las disposiciones propuestas permitirían a la Dirección de Presupuestos (Dipres) intervenir en decisiones administrativas vinculadas a investigaciones penales. Los reparos alcanzan los límites para horas extraordinarias, viáticos, contrataciones y capacitación, además del financiamiento de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público y la Fiscalía Supraterritorial.
“Hay un conjunto de glosas que se incorporan en la ley de presupuestos que derechamente no son compatibles con nuestro ordenamiento constitucional”, sostuvo Valencia luego de reunirse con el Ejecutivo. El Ministerio Público solicitó eliminar tres disposiciones cuestionadas y evitar que los recursos de la Fiscalía Supraterritorial queden separados del presupuesto general, porque una investigación urgente podría requerir autorizaciones externas para financiar peritajes o diligencias.
La preocupación también tiene efectos regionales. Las investigaciones de homicidios, crimen organizado y delitos complejos requieren movilizar equipos y realizar operaciones que no siempre pueden programarse anticipadamente. Para Fiscalía, depender de autorizaciones adicionales podría retrasar esas actuaciones e incluso comprometer la reserva de determinadas investigaciones.
Contraloría cuestiona límites para fiscalizar al Estado
En Contraloría, las observaciones apuntan a las condiciones para utilizar los fondos destinados a fiscalizaciones, auditorías y desplazamientos de funcionarios. Aunque la propuesta contempla mayores recursos y un aumento de personal, las glosas establecen límites específicos para ciertos gastos que podrían requerir modificaciones autorizadas por Hacienda.
Desde el organismo encabezado por Dorothy Pérez advirtieron que algunas disposiciones “afectan directamente la autonomía del Ministerio Público, el Servel y la Contraloría”, porque obligarían a solicitar periódicamente autorizaciones para administrar recursos asociados a sus funciones constitucionales.
La controversia adquiere especial relevancia porque Contraloría debe fiscalizar también a instituciones del Ejecutivo. En las regiones, sus equipos investigan irregularidades municipales, revisan transferencias públicas y controlan el uso de recursos de los gobiernos regionales. La posibilidad de depender de autorizaciones presupuestarias para determinadas actuaciones es precisamente uno de los puntos cuestionados.
Servel mantiene sus reparos y Hacienda defiende el ajuste fiscal
El Servicio Electoral enfrenta una situación adicional. La propuesta de Hacienda contempla una rebaja cercana al 12% respecto de lo solicitado para 2027, fondos que el organismo considera necesarios para mantener personal especializado, fortalecer sistemas tecnológicos y preparar las elecciones de 2028 y 2029.
La presidenta del Consejo Directivo, Pamela Figueroa, advirtió durante la discusión parlamentaria que “Un recorte de estas características no solo afecta a Servel, afecta la confianza y legitimidad del sistema democrático”. Sus argumentos contribuyeron al rechazo de la partida en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, que solicitó revisar la asignación propuesta.
El 19 de octubre, las autoridades electorales se reunieron con los senadores Javier Macaya y Rodolfo Carter, reiterando sus cuestionamientos sobre recursos y autonomía. Al día siguiente, el ministro Alvarado confirmó que Hacienda abrió conversaciones con Valencia y anunció una reunión con Figueroa. Hasta el 22 de octubre, no existe confirmación pública de un acuerdo definitivo que resuelva las objeciones de los tres organismos.
Mientras continúan las negociaciones, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reafirmó el 21 de octubre, durante el Encuentro Nacional del Agro, la necesidad de ordenar las cuentas públicas y revisar el gasto estatal. La posición del Ejecutivo es que el Presupuesto 2027 debe compatibilizar las necesidades institucionales con la responsabilidad fiscal, en un proyecto que contempla un crecimiento global del gasto de 1,5% real.
La controversia sigue abierta en el Congreso y se suma a los cuestionamientos de los gobiernos regionales por las asignaciones presupuestarias de Hacienda. El debate deberá resolver no solo las diferencias de recursos, sino también los límites de las atribuciones de la Dipres frente a organismos autónomos.
La decisión determinará qué margen de independencia conservarán Contraloría, Servel y Fiscalía para cumplir sus funciones sin depender de autorizaciones del propio Ejecutivo al que deben fiscalizar, controlar o investigar cuando corresponda.
