El gobernador de O’Higgins afirma que la negociación por el Presupuesto 2027 sigue sin acuerdo, pese al acercamiento del lunes. Una nueva fórmula reduciría el recorte inicial, pero aún dejaría $11 mil millones menos para la región
El lunes por la noche, en Cerro Castillo, la negociación entre Hacienda y los gobernadores regionales parecía encontrar una salida. Después de semanas de cuestionamientos y una votación empatada en el Congreso, el Gobierno aceptó revisar su propuesta para el Presupuesto 2027.
Sin embargo, el optimismo duró poco. Dos días después, Pablo Silva Amaya, gobernador de O’Higgins, advirte que las nuevas condiciones planteadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres) volvían a poner en duda el entendimiento.
La diferencia no es menor. O’Higgins, que enfrentaba originalmente una reducción cercana al 20% de su presupuesto regional, seguiría perdiendo $11 mil millones con la nueva fórmula, según los cálculos entregados por Silva Amaya. Una cifra que, a su juicio, terminaría afectando inversiones, proyectos comunales y empleo, precisamente cuando las regiones necesitan recursos para impulsar su desarrollo.
El conflicto llegó a este punto luego de que la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos empatara la votación de los recursos destinados a los gobiernos regionales. Aquello abrió las conversaciones que permitieron acercar posiciones entre Hacienda y las autoridades territoriales, tomando como referencia el presupuesto de 2026 con una rebaja del 3%. La fórmula parecía aliviar los recortes iniciales, pero todavía debía traducirse en montos y condiciones concretas.
Un acuerdo que todavía no llega
Lo que debía ser una etapa para precisar los detalles del entendimiento terminó abriendo nuevas diferencias. Durante una reunión sostenida este miércoles con el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, los gobernadores conocieron condiciones adicionales que, según la autoridad, impiden cerrar las negociaciones.
“Hoy día en la mañana hubo una reunión con el director de Presupuestos, donde aparecen nuevas condiciones, o más bien dicho, letras chicas. Por lo tanto, no hay un acuerdo”, afirma el gobernador, quien admás detalla que las conversaciones continuarán el viernes.
Para O’Higgins, la propuesta original significaba perder $18.838 millones, equivalentes al 19,27% de su presupuesto, la mayor reducción porcentual considerada para una región. La nueva alternativa disminuiría esa pérdida, pero no conseguiría despejar la preocupación de la autoridad regional.
“Hasta el momento, la disminución inicial son alrededor de 20%, más de 18 mil millones de pesos. Con esta nueva fórmula propuesta y con estas letras chicas, son 11 mil millones de pesos. El impacto es directamente al empleo y a los proyectos que se desarrollan en cada una de las comunas”.
Lo que está en juego en las comunas
El gobernador de O’Higgins lleva la discusión más allá de las cifras para explicar una realidad que, asegura, muchas veces no se comprende desde Santiago. Pone como ejemplo la adquisición de ambulancias financiadas por el Gobierno Regional, cuya compra requiere procedimientos que pueden extenderse en el tiempo, pero que responden a necesidades urgentes de las comunidades.
“Nosotros hemos financiado, por ejemplo, ambulancias, que son tan necesarias en cada una de las comunas”, detallando que los tiempos administrativos de estas adquisiciones no reflejan necesariamente su importancia, porque disponer de un vehículo de emergencia puede resultar decisivo cuando una persona necesita atención o un traslado oportuno.
La situación refleja una de las diferencias de fondo con Hacienda. Mientras el Ejecutivo busca contener el gasto y mejorar la ejecución presupuestaria, los gobiernos regionales sostienen que numerosos proyectos dependen también de municipios y servicios públicos, cuyos procedimientos pueden retrasar inversiones que ya cuentan con financiamiento.
Para Silva Amaya, reducir los recursos sin considerar esas particularidades significa limitar decisiones que responden a necesidades identificadas en las propias comunas. “De Santiago es muy difícil ver lo que pasa en cada una de las regiones, qué es lo que las regiones priorizan en inversión. Pero acá cualquier disminución va a impactar en el desarrollo de la región y, por supuesto, el empleo”.
La negociación tendrá un nuevo capítulo este viernes 23 de octubre, antes de que el Congreso retome la discusión de la partida regional. El acercamiento del lunes todavía ofrece una posibilidad de acuerdo, pero la advertencia de O’Higgins deja claro que una rebaja menor no equivale necesariamente a recuperar la capacidad de inversión.
En las 33 comunas de la región, el resultado se medirá menos por los porcentajes acordados en Santiago que por los proyectos que puedan financiarse durante 2027. Esa es también la preocupación que recorre el debate nacional sobre los recursos de los gobiernos regionales: cuánto espacio conservarán los territorios para decidir sobre sus propias prioridades y responder a las necesidades de sus comunidades.
