La Partida 31 del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 abrió una disputa entre Hacienda y los gobiernos regionales, que estiman una merma cercana a $250 mil millones y advierten efectos sobre inversión, empleo, obras y programas territoriales
Los gobiernos regionales llegaron a una cifra muy distinta de la que Hacienda puso sobre la mesa durante las conversaciones previas al ingreso del Presupuesto 2027. Después de revisar la Partida 31, sus equipos técnicos estimaron una merma cercana a $250 mil millones para el conjunto de las regiones, un monto que, según advierten, reducirá el margen para financiar obras, programas e inversión territorial.
Hacienda comunicó inicialmente una rebaja cercana a 6%, después de que durante las semanas anteriores se manejara un ajuste mayor. El cálculo de los gobernadores cambió cuando compararon los presupuestos regionales bajo una misma base e identificaron ingresos propios que ahora aparecen incorporados dentro del monto global para 2027.
La diferencia no queda encerrada en una planilla. Los gobiernos regionales financian pavimentaciones, infraestructura sanitaria y deportiva, ambulancias, proyectos municipales, programas sociales y obras que movilizan empleo. Por eso, el debate se trasladó rápidamente hacia cuánto margen conservará cada territorio para cumplir compromisos ya asumidos e iniciar nuevas inversiones el próximo año.
La controversia venía formándose antes de que el proyecto llegara al Congreso. Los gobernadores ya cuestionaban las cifras utilizadas por Hacienda para fundamentar el reajuste y rechazaban que una disminución general pudiera aplicarse a territorios con carteras de proyectos, realidades financieras y niveles de ejecución diferentes.
Del 6% anunciado a cálculos regionales de dos dígitos
Valparaíso fue una de las primeras regiones en poner cifras concretas sobre la mesa. Su gobernador, Rodrigo Mundaca, vicepresidente de AGORECHI, calcula una disminución superior al 15%, equivalente a más de $15 mil millones menos durante 2027.
Mundaca llevó inmediatamente ese impacto hacia las obras que financia el Gobierno Regional. Mencionó viviendas, Cesfam, pavimentaciones, polideportivos y adquisición de ambulancias entre las iniciativas que dependen total o parcialmente de esos recursos.
“Tenemos una merma superior al 15% de rebaja en materia presupuestaria. Estamos hablando de más de $15.000 millones que hoy día no van a estar a disposición”, sostuvo.
Parte de su cuestionamiento apunta a la forma en que el proyecto contabiliza los ingresos propios de las regiones. Recursos provenientes de casinos de juego y otras fuentes territoriales aparecen dentro del presupuesto global y, según Mundaca, no pueden considerarse del mismo modo que un aporte nuevo proveniente del nivel central.
La misma alerta surgió en el norte. Después de revisar el proyecto ingresado al Congreso, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, sostuvo que la disminución para su región se aleja ampliamente del 6% informado inicialmente. “Nosotros estamos calculando que hay una rebaja de un 13%, que significa menos posibilidades de inversión”, afirmó.
Díaz explicó que el cambio se produce porque el proyecto incorpora ingresos propios dentro del total considerado para la región y vinculó directamente la menor disponibilidad de recursos con la capacidad para ejecutar obras y sostener actividad económica.
“El Presidente Kast dice que nosotros somos sus aliados, pero su ministro de Hacienda está haciendo todo lo contrario, está impidiendo que podamos invertir más y está impidiendo que podamos tener más empleo”, señaló.
El gobernador también convocó a parlamentarios, alcaldes y organizaciones de Antofagasta a intervenir durante la tramitación. “Tenemos que entre todos defender la riqueza de las regiones”, sostuvo.
Desde Coquimbo, el gobernador Cristóbal Juliá agregó otra preocupación. Varias regiones todavía arrastran los efectos de emergencias, daños en infraestructura, pérdida de viviendas y problemas de empleo, por lo que una menor capacidad de inversión puede reducir la respuesta territorial ante necesidades que todavía requieren financiamiento público.
El conflicto adquiere especial relevancia porque empleo e inversión aparecen entre los principales ejes del Presupuesto 2027. Los gobernadores sostienen que una disminución de los recursos que administran desde los territorios podría limitar precisamente la ejecución de obras que el Gobierno busca utilizar para impulsar actividad y empleo.
En O’Higgins, el gobernador Pablo Silva Amaya llegó a esta etapa con una advertencia previa. Antes del ingreso definitivo del proyecto, informó que Dipres le comunicó una posible reducción nominal superior a $15.574 millones, monto que, reajustado por inflación según sus cálculos, superaría los $18.700 millones.
La cifra corresponde a los antecedentes conocidos durante la preparación presupuestaria y no a un cálculo definitivo sobre la Partida 31 ya ingresada. Silva utilizó esa proyección para advertir sobre los efectos que una baja de recursos tendría en obras y empleo en las 33 comunas de O’Higgins.
“Obras importantes, pero sobre todo en lo que afecta al empleo, una situación que nos pidió el Gobierno, que ayudemos a sostener el empleo en todas las regiones, y esto viene a sepultar esta posibilidad de invertir en cada una de las comunas”, sostuvo.
La situación cambia nuevamente al avanzar hacia el sur. En Biobío, el gobernador Sergio Giacaman calcula que, al comparar los recursos destinados exclusivamente a inversión bajo una misma base, la disminución se acerca al 10%. “Esta rebaja llega en un mal momento para nuestra región”, señaló.
Giacaman relacionó la caída con una combinación que ya presiona las cuentas regionales: incendios forestales, temporales y un mercado laboral debilitado. Una menor inversión, sostuvo, significa menos capacidad para iniciar obras y responder a necesidades comunales.
En Ñuble, el gobernador Óscar Crisóstomo estima un impacto cercano a $11 mil millones menos para inversión, equivalente a alrededor de 12%. Allí la preocupación no está puesta solamente en los proyectos que podrían dejar de iniciarse, sino también en contratos que ya se encuentran en ejecución.
“Estamos hablando de una rebaja cercana al 12% en inversiones, lo que significan $11.000 millones menos para nuestra región”, afirmó Crisóstomo, quien advirtió que una reducción de esa magnitud podría dificultar el cumplimiento de compromisos con empresas ejecutoras hacia fines de 2027.
La ejecución vuelve al centro del conflicto
La respuesta de Hacienda introduce una segunda variable. El presidente de AGORECHI y gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, explicó después de conversar con el ministro Jorge Quiroz que la rebaja planteada inicialmente bajó desde 7% a alrededor de 6%.
La propuesta incorpora además la posibilidad de que los gobiernos regionales con buen nivel de ejecución accedan a hasta 7% adicional de presupuesto a mitad de 2027.
El mecanismo busca vincular una parte de los recursos al desempeño presupuestario. Los gobernadores objetan que la ejecución no depende exclusivamente de sus administraciones, porque numerosos proyectos financiados por los GORE son desarrollados por ministerios, municipios y servicios públicos cuyos procesos pueden retrasar el gasto.
“A mí lo que me preocupa de esto es que me incorpore la ejecución presupuestaria de servicios que no necesariamente hacen bien la ejecución de los proyectos y programas”, señaló Santana.
Los resultados de 2025 forman parte de ese argumento. Los 16 gobiernos regionales ejecutaron en promedio 95,9% de sus presupuestos vigentes. Valparaíso y Los Lagos llegaron a 100%, Maule a 99,5%, Ñuble a 99,4%, Biobío a 98,6% y O’Higgins a 98,2%.
Hacienda mira las cifras desde otra perspectiva. Quiroz sostiene que debe considerarse cuánto de los recursos disponibles se utiliza efectivamente y plantea que los territorios con una alta ejecución podrían complementar sus presupuestos durante el año.
Ahí se concentra buena parte de la diferencia entre ambas partes. Los gobiernos regionales comparan sus presupuestos iniciales, llevan los montos a valores equivalentes y separan el efecto de los ingresos propios incluidos en la propuesta. Hacienda pone mayor atención en ejecución efectiva y en la posibilidad de reasignar recursos durante 2027.
Por eso, el 6% comunicado durante las conversaciones con el Ejecutivo puede transformarse en cifras de dos dígitos cuando cada Gobierno Regional revisa su situación particular.
El Congreso deberá despejar la diferencia
La siguiente etapa se trasladará a la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, donde los gobiernos regionales expondrán sus cálculos y Hacienda deberá explicar cómo construyó los montos considerados en la Partida 31.
Hay una precisión central: los $250 mil millones corresponden a la estimación elaborada por AGORECHI y los equipos técnicos de los gobiernos regionales. No representan una cifra reconocida por Hacienda como recorte efectivo nacional.
La tramitación deberá aclarar cuánto del monto presentado para 2027 corresponde a nuevos aportes fiscales, cuánto proviene de ingresos que ya pertenecen a las propias regiones y bajo qué condiciones los GORE podrán acceder posteriormente a recursos adicionales ligados a ejecución.
Los gobernadores llegan al Congreso desde territorios y posiciones políticas distintas, pero coinciden en una preocupación: que una menor capacidad de inversión alcance proyectos que ya cuentan con planificación, compromisos financieros o impacto directo sobre la actividad regional.
Para las comunas, la diferencia entre una metodología y otra terminará expresándose en algo bastante más concreto: cuántas obras podrán comenzar durante 2027, cuáles deberán postergarse y cuánto margen conservará cada Gobierno Regional para financiar las necesidades de su territorio.
