A días del ingreso del Presupuesto 2027 al Congreso, los gobernadores cuestionan el diagnóstico de Hacienda, rechazan una rebaja inicial de 7% y advierten que una lectura errónea de la ejecución puede castigar la inversión pública regional
La negociación por el Presupuesto 2027 entró en su semana decisiva con una diferencia que ya no pasa únicamente por cuánto dinero recibirán las regiones. Los gobernadores están cuestionando las cifras utilizadas para evaluar su ejecución y, con ellas, los fundamentos de una propuesta inicial de Hacienda que reduciría en 7% los recursos regionales el próximo año.
El conflicto llegó este martes a la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso. Allí, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI) pidió revisar la propuesta antes de que el proyecto ingrese a tramitación y planteó que las regiones necesitan mayor certeza, suficiencia y flexibilidad para administrar sus recursos.
Alejandro Santana, presidente de AGORECHI y gobernador de Los Lagos, apuntó directamente al diagnóstico utilizado en la negociación. “Hay errores de interpretación. No tuvimos una subejecución presupuestaria de 20%, sino que fue de 4,1% el 2025”, sostuvo, cuestionando la base desde la cual se estaría evaluando el desempeño de los gobiernos regionales.
La cifra que abrió el conflicto
Los datos oficiales permiten entender una parte de la controversia. Los gobiernos regionales terminaron 2025 con $1,566 billones de presupuesto vigente y $1,501 billones ejecutados, equivalente a una ejecución promedio de 95,9%. La diferencia entre ambos montos fue precisamente de 4,1%.
El resultado, sin embargo, cambia cuando la comparación se realiza sobre el presupuesto inicial, que había alcanzado $1,739 billones antes de las modificaciones efectuadas durante el año. Allí está uno de los nudos de la discusión: qué base debe utilizarse para determinar cuánto dejaron realmente de ejecutar las regiones.
La controversia revive un antecedente que ya había tensionado el debate fiscal: los gobiernos regionales cerraron 2025 con 95,9% de ejecución y alertaron sobre nuevos recortes. El promedio, además, escondió diferencias importantes entre territorios: O’Higgins llegó a 98,2%, mientras Atacama cerró con 84,4%.
El escenario de 2026 es menos favorable. A julio, la ejecución promedio de los programas regionales se encontraba en torno al 39%, por debajo del avance registrado en igual período del año pasado. O’Higgins figuraba entre los desempeños más bajos, con 23,5%, mientras Maule superaba el 55%. Los gobernadores atribuyen parte del rezago a licitaciones, visaciones y procesos administrativos que también dependen de organismos centrales.
Ese dato entrega a Hacienda un elemento para exigir eficiencia, pero no resuelve la disputa. Santana atribuyó al ministro Jorge Quiroz una estimación de subejecución cercana al 20%; esa cifra no aparece explicitada en los antecedentes públicos revisados y los gobernadores la están contrastando con el cierre efectivo de 2025.
Un ajuste que las regiones vinculan con empleo
La segunda diferencia está en la magnitud de la rebaja. Hacienda comunicó inicialmente una reducción de 7%, pero AGORECHI estima que, considerando su efecto real, el ajuste se acercaría al 10%.
Santana sostuvo que los fundamentos utilizados por Hacienda están equivocados y afirmó que “no hay ninguna fundamentación, ni política ni técnica” para que el presupuesto nacional aumente mientras disminuyen los recursos administrados por los gobiernos regionales.
AGORECHI introdujo además otro argumento en el Congreso: a juicio de los gobernadores, reducir inversión territorial entra en contradicción con la prioridad expresada por el Gobierno de impulsar el empleo. La presidenta de la subcomisión, Yasna Provoste, agregó que seis regiones presentan tasas de desocupación superiores al 10% y defendió acelerar la inversión pública como herramienta de reactivación.
La discusión ocurre apenas semanas después de que los gobernadores llevaran a Dipres una propuesta para ampliar su autonomía, fortalecer los ingresos propios y mejorar su capacidad frente a emergencias. Ahora la prioridad es anterior: evitar que el punto de partida de 2027 sea inferior al de este año.
Jorge Flies, gobernador de Magallanes, agregó otra capa al conflicto. Según explicó ante la comisión, el eventual 7,1% de rebaja se aplicaría sobre recursos que ya enfrentaron ajustes durante 2026 y en medio de cambios asociados a fondos de emergencia e ingresos propios, una combinación que, señaló, mantiene en alerta a las regiones.
La discusión entra ahora en la mesa directa con Hacienda. AGORECHI tiene prevista para este miércoles 23 de septiembre una reunión con Jorge Quiroz y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, con la expectativa de que la propuesta sea modificada antes de su ingreso al Congreso. El Ejecutivo tiene plazo hasta el 30 de septiembre para presentar el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.
Hasta entonces, el 7% seguirá siendo una propuesta preliminar. Pero detrás de esa cifra quedó instalado un debate más profundo: qué números utilizará Hacienda para medir la capacidad de las regiones y cuánto pesará ese diagnóstico cuando llegue el momento de decidir dónde ajustar el gasto público.
