La diputada cuestiona el papel del Segundo Piso de La Moneda en los nombramientos, acusa presiones parlamentarias y pone en duda los concursos de Alta Dirección Pública, aunque defiende la afinidad política entre autoridades del propio Gobierno
Por Daisy Castillo Triviños
Las 59 desvinculaciones de autoridades de confianza del Gobierno de José Antonio Kast y las 221 renuncias no voluntarias registradas en la Alta Dirección Pública sitúan los nombramientos en el centro de una disputa que trasciende el recambio de funcionarios. Detrás de las salidas surge una pregunta incómoda para el oficialismo: ¿quién decide qué personas llegan a conducir los servicios públicos y cuánto pesan las recomendaciones políticas frente a la capacidad de gestión?
La diputada Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario, apunta directamente al Segundo Piso de La Moneda y a las presiones de parlamentarios que, según acusa, buscan instalar autoridades pensando en sus propias conveniencias electorales. Su cuestionamiento no se limita a quienes dejaron sus funciones. También alcanza a quienes permanecen en sus cargos y, a su juicio, no reúnen las condiciones necesarias para ejercer responsabilidades públicas.
En conversación con Poderyliderazgo.cl, la parlamentaria plantea la necesidad de revisar los nombramientos y cuestiona el funcionamiento de los concursos de Alta Dirección Pública. Sus declaraciones también dejan una tensión abierta: mientras rechaza la distribución de cargos por acomodos partidarios, defiende la afinidad política entre quienes integran un gobierno. Una visión que alcanza a ministerios, servicios y direcciones regionales, donde la continuidad institucional depende de decisiones que muchas veces se adoptan lejos de los territorios.
El Segundo Piso y las presiones políticas
A su juicio, ¿dónde recae hoy la responsabilidad política por estos nombramientos y qué mecanismos de fiscalización deberían aplicarse para garantizar la estabilidad del Estado?
Convengamos que el nombramiento de autoridades es por dos vías. Una, es por nombramiento directo del presidente o por los encargados de cada una de las áreas o ministerios que él designa, y la segunda alternativa es por ADP. Yo creo que acá todavía faltan muchas autoridades que deben ser evaluadas.
Los primeros nombramientos seguramente fueron por parte del segundo piso y convengamos que, muchos de ellos, no estaban a la altura, muchos todavía están en ejercicio de sus cargos, pero no están a la altura y espero que se haga una evaluación a “calzón quitado”, como se dice en chileno y, efectivamente, las autoridades que no han estado a la altura salgan de los cargos, se nombre a las personas adecuadas y esto para cualquier servicio del sistema público, porque merecemos tener buenas autoridades.
Yo prefiero tener pocas autoridades, pero buenas, que un montón de autoridades nombradas por acomodos políticos, donde los diputados de un partido están pidiendo cargos, los del otro partido también, y este goteo político nos ha llevado a tener muy malas personas a cargo de distintas áreas dentro del gobierno.
La salida no voluntaria de jefes superiores de servicios puede afectar la continuidad de las políticas públicas. ¿Considera que estos cambios responden a decisiones legítimas de confianza o revelan un uso político de los nombramientos?
A ver, entendamos que el nombramiento de autoridades a cargo de distintos servicios del Estado, de direcciones regionales, seremis y qué sé yo, han pasado por el segundo piso, pero han sido básicamente, porque ha habido diputados que sacando la cuenta para su propia elección en tres años más, ¿a quién les conviene poner ahí? Y la verdad no han dado el ancho.
Yo espero que el segundo piso entienda que acá necesitamos nombrar a los mejores y no al que le conviene políticamente a un diputado o a un senador.
Alta Dirección Pública: entre el mérito y la confianza
Frente a este escenario de rotación, ¿impulsaría o apoyaría modificaciones a la Ley de Alta Dirección Pública para limitar las desvinculaciones discrecionales?
No nos engañemos, ¿qué es la Alta Dirección Pública? Acomodar el llamado a concurso de Alta Dirección Pública al candidato que yo quiero que quede, porque así ha sido siempre, ha sido en todos los gobiernos igual. Ahora, efectivamente, tú no puedes trabajar con un director de servicio que políticamente es de un signo opuesto al tuyo.
Hay muchos directores de servicio que fueron nombrados políticamente y, obviamente, no son las personas adecuadas para trabajar, pero tampoco podemos seguir con esto de acomodar el llamado a concurso por Alta Dirección Pública al candidato que el diputado o el senador quiere meter en un servicio.
¿Hay un tema importante de confianza política de por medio?
Yo creo que, efectivamente, cada jefe, ministro o presidente o el que sea, tiene que trabajar con personas que le son afines políticamente, que hablan el mismo idioma. Por lo tanto, me parece que no podemos estar pretendiendo que una persona que fue puesta en un cargo por Alta Dirección Pública siga ahí, a pesar de que políticamente lo más probable es que esté haciendo una pega en contra del gobierno de turno. No me parece.
Creo que habría que afinar la Alta Dirección Pública para que, efectivamente, las personas que postulen sean personas que tengan las cualidades para ejercer el cargo y no por la amistad o el acomodo político del diputado o senador de turno.
Usted mantiene una postura crítica hacia la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat. ¿Está de acuerdo con la acusación constitucional en su contra?
Se trata de un mecanismo legítimo y necesario para exigir responsabilidades políticas ante los cuestionamientos e irregularidades que se le imputan a la conducción del Ministerio de Justicia.
Las decisiones del Ejecutivo y de sus ministros no deben responder a amparos o cuoteo político. En ese sentido, si un ministro no ha estado a la altura del cargo, ni garantiza solvencia técnica en la conducción de la cartera, debe ser evaluado y sancionado políticamente por la vía parlamentaria.
Una disputa con consecuencias para las regiones
La discusión sobre los nombramientos adquiere una dimensión especialmente sensible fuera de Santiago. Seremis y directores regionales deben conducir servicios, coordinar instituciones y responder a necesidades que no se detienen con los cambios de autoridades. Cada reemplazo plantea el desafío de mantener los equipos, la ejecución de proyectos y los compromisos asumidos con las comunidades.
El debate también abre un frente de responsabilidad para el Congreso y el Ejecutivo: determinar quién responde por las designaciones cuestionadas y cómo se evalúa el desempeño de quienes ejercen funciones públicas. Más allá de las disputas entre partidos, la prueba estará en la capacidad del Estado para sostener su gestión y ofrecer resultados concretos en los territorios.
