La entrada en vigencia del instrumento intercomunal redefine el uso del suelo en Coyhaique y Aysén, incorpora criterios de prevención de riesgos y protección ambiental, y establece condiciones para impulsar proyectos habitacionales, infraestructura e inversión pública regional
Después de más de dos décadas desde sus primeros estudios, Coyhaique y Aysén cuentan con un Plan Regulador Intercomunal (PRICA) que define hacia dónde podrán crecer sus principales localidades, qué actividades se permitirán en determinados terrenos y cuáles serán las restricciones para nuevos proyectos. La normativa entró en vigencia el 6 de noviembre, tras su publicación en el Diario Oficial.
El instrumento establece límites de extensión urbana para once localidades, siete pertenecientes a Coyhaique y cuatro a Aysén. Su aplicación también comprende la planificación vial, prevención de riesgos naturales y protección ambiental en dos comunas donde la expansión de zonas pobladas requiere compatibilizar vivienda, servicios e infraestructura con las características del territorio patagónico.
La primera consultoría comenzó en 2004, mientras la tramitación de aprobación se inició en 2014. El retraso refleja una dificultad presente en otras regiones: en O’Higgins, el 43% de los planes reguladores comunales supera los veinte años de antigüedad, situación que también condiciona la disponibilidad de terrenos y el desarrollo inmobiliario.
Once localidades tendrán nuevas condiciones de crecimiento
El plan distingue áreas urbanas existentes, zonas de extensión urbana y sectores rurales. Para las localidades involucradas establece usos de suelo permitidos y prohibidos, densidades y, en determinados sectores, superficies mínimas de subdivisión. Esto permitirá identificar dónde pueden proyectarse viviendas, equipamientos y otras actividades compatibles.
| Comuna | Localidades contempladas |
|---|---|
| Coyhaique (7) | Coyhaique, Ñirehuao, Villa Ortega, Baguales, Valle Simpson, El Blanco y Balmaceda |
| Aysén (4) | Puerto Aysén, Puerto Chacabuco–El Salto, Villa Los Torreones y Villa Mañihuales |
La arquitecta Carmen Paz Morales, de la División de Planificación y Desarrollo Regional, explicó que el instrumento permitirá ordenar sectores que anteriormente carecían de regulación urbana específica. “El Plan ordena a las ciudades o las localidades que hoy no tienen plan regulador, que son rurales. Da certeza a la inversión”, señaló.
La nueva normativa puede facilitar la planificación de proyectos habitacionales y equipamiento comunitario, aunque no equivale a una autorización automática para construir. Cada iniciativa deberá cumplir las disposiciones urbanísticas, ambientales y sectoriales que correspondan.
Vivienda, inversión y protección ambiental
El seremi de Vivienda y Urbanismo, Fabián Rojas, destacó durante la aprobación del instrumento las posibilidades que abre para las comunidades. “Esto va a permitir poner reglas y condiciones claras no solamente para quienes viven y habitan, sino también para la inversión”, sostuvo.
Una de las dimensiones centrales corresponde a la prevención de riesgos. El plan reconoce sectores expuestos a inundaciones, remociones en masa y actividad volcánica. También contempla disposiciones destinadas a resguardar humedales, recursos hídricos, áreas protegidas y zonas cercanas a parques nacionales.
En materia productiva, la normativa establece restricciones de emplazamiento para determinadas actividades industriales e infraestructura calificadas como peligrosas, insalubres o contaminantes. Su aplicación busca compatibilizar el crecimiento de las localidades con la protección de ecosistemas y la seguridad de sus habitantes.
Del ordenamiento territorial a los proyectos concretos
La aprobación del Consejo Regional de Aysén, la Resolución N.º 136 y la toma de razón de Contraloría completaron el procedimiento previo a la entrada en vigencia. El nuevo marco también permitirá orientar la actualización de los planes reguladores comunales, un paso necesario para desarrollar una planificación más detallada.
El desafío ahora será transformar las reglas en proyectos. Aysén enfrenta dificultades de conectividad, altos costos de construcción y exigencias administrativas que condicionan sus inversiones. Contar con límites y usos de suelo definidos entrega mayor certeza, pero su efecto sobre viviendas, infraestructura y servicios dependerá de las decisiones municipales, el financiamiento y la ejecución efectiva de nuevas iniciativas.
