El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 ingresado por el Gobierno al Congreso aumenta la partida global de Educación, pero redistribuye recursos y reduce financiamiento para computadores, reactivación educativa, infraestructura, horas docentes y varios programas universitarios clave
Durante 2026, 96.100 estudiantes de séptimo básico recibieron un computador a través de las Becas TIC de Junaeb. Los equipos llegaron desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y, para miles de hogares, significaron disponer de una herramienta que acompañara tareas, clases y actividades cotidianas. Para 2027, si el Presupuesto se aprueba como fue ingresado al Congreso, una nueva entrega nacional ya no cuenta con una asignación equivalente.
El computador es una de las señales más visibles de un cambio que atraviesa buena parte del sistema educacional. El mismo proyecto reduce en más de la mitad el Fondo para la Reactivación Educativa, disminuye los recursos destinados a infraestructura pública y Liceos Bicentenario, rebaja el límite agregado de horas docentes en los Servicios Locales de Educación Pública y ajusta distintas líneas de financiamiento universitario.
Todo ocurre, además, mientras la partida global del Ministerio de Educación aumenta. El proyecto pasa de aproximadamente $17,48 billones contemplados en la Ley de Presupuestos 2026 a $18,17 billones para 2027, equivalente a un crecimiento nominal de 3,9% y real de 0,78%, una vez considerada la inflación proyectada.
La comparación requiere, sin embargo, una precisión. Los $17,48 billones corresponden a la ley originalmente aprobada durante la administración anterior y no al presupuesto que quedó después de los ajustes efectuados este año. Hacienda aplicó durante 2026 una reducción de $197.881 millones en Educación, equivalente al 1,3% de aquella base.
Por eso, más que una reducción global de la cartera, el proyecto revela una redistribución de los recursos dentro del sistema. Algunas políticas pierden financiamiento mientras otras ganan espacio.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, ha defendido esa orientación señalando que el Ejecutivo busca concentrar el gasto donde espera obtener mejores resultados, especialmente durante los primeros años de vida: “Lo que queremos es, dado el presupuesto que disponemos, poner cada peso donde el impacto sea mayor”, sostuvo.
Un computador que podría dejar de llegar
El cambio comienza a hacerse visible en las Becas TIC, una política que recoge la trayectoria iniciada con “Yo Elijo mi PC” y que durante años convirtió una partida presupuestaria en algo muy concreto para las familias: un computador disponible en la casa.
En 2025 se prepararon 124.120 equipos. Para 2026 la cobertura disminuyó a 96.100 estudiantes, con una inversión cercana a $35 mil millones. Para el próximo año, el proyecto no identifica recursos equivalentes para repetir esa entrega.
La cobertura territorial ayuda a dimensionar el alcance. En 2026 fueron considerados cerca de 27 mil estudiantes en la Región Metropolitana, 8.792 en Valparaíso, 8.338 en Maule, más de 8.300 en Biobío, alrededor de 7.000 en O’Higgins, 5.580 en La Araucanía, 5.487 en Los Lagos, 5.142 en Coquimbo y 4.943 en Antofagasta, además de beneficiarios en las demás regiones.
| Región | Computadores o beneficiarios informados en 2026 |
|---|---|
| Arica y Parinacota | 1.264 |
| Tarapacá | Más de 2.000 |
| Antofagasta | 4.943 |
| Atacama | Más de 2.900 |
| Coquimbo | 5.142 |
| Valparaíso | 8.792 |
| Metropolitana | Cerca de 27.000 |
| O’Higgins | Cerca de 7.000 |
| Maule | 8.338 |
| Ñuble | 3.019 |
| Biobío | Más de 8.300 |
| La Araucanía | Cerca de 5.580 |
| Los Ríos | 2.542 |
| Los Lagos | 5.487 |
| Aysén | Más de 634 |
| Magallanes | 1.095 |
| Total nacional | 96.100 |
En algunas regiones las autoridades informaron cifras aproximadas, por lo que el desglose no debe sumarse para reconstruir el total nacional.
Arzola ha explicado que las evaluaciones consideradas por el Gobierno no mostrarían un impacto suficiente del programa sobre los aprendizajes y que, ante recursos limitados, la cartera decidió privilegiar otras intervenciones. “No es que tengamos algo en contra de los computadores”, sostuvo al defender la decisión.
Fuera del Ejecutivo, el cuestionamiento se ha concentrado en las familias que difícilmente pueden reemplazar el beneficio con recursos propios. Desde La Araucanía, el senador Ricardo Celis anunció que oficiará al Gobierno para conocer cómo pretende suplir esa necesidad si la partida no es repuesta durante la tramitación.
“Ha dejado a 96 mil niños sin computadores, que es uno de los recursos que tienen las familias que más lo requieren, más lo necesitan, para que sus hijos estudien, para ocuparlo incluso en actividades de su casa e incorporarse a la modernidad”, afirmó.
En O’Higgins, la diputada Carolina Cucumides recordó que más de 16 mil estudiantes recibieron equipos solo durante 2024 y 2025 y adelantó que buscará recuperar el financiamiento. Las críticas también alcanzaron al oficialismo: parlamentarios de la UDI han anunciado que intentarán reponer recursos tanto para Becas TIC como para Liceos Bicentenario.
El ajuste, en todo caso, no termina con los computadores. El Fondo para la Reactivación Educativa cae 55,2%, reduciendo una línea destinada a asistencia, revinculación, convivencia y recuperación de aprendizajes. A ello se suma una disminución cercana a 19,97% en infraestructura de la educación pública.
Los Liceos Bicentenario, por su parte, registran una baja real de 46,71%. Los proyectos ya comprometidos mantienen financiamiento, pero el Gobierno no contempla nuevas convocatorias durante 2027. La decisión del Mineduc es concentrarse en consolidar la red existente antes de continuar su expansión.
De esta forma, una misma definición presupuestaria conecta políticas diferentes: el computador que llega a una casa, los recursos para recuperar a un estudiante que dejó de asistir, las reparaciones de una escuela o la posibilidad de que un establecimiento ingrese a una nueva convocatoria Bicentenario.
El ajuste entra a las salas de clases
En los Servicios Locales de Educación Pública la reorganización adopta otra forma. La Dirección de Educación Pública aumenta cerca de 18,49% real, principalmente porque deberá financiar la incorporación de nuevos SLEP durante 2027. Pero ese crecimiento institucional convive con menores límites para las dotaciones que trabajan en los establecimientos.
Las horas docentes máximas contempladas para el conjunto de los servicios disminuyen alrededor de 3,6%, mientras el límite correspondiente a asistentes de la educación baja cerca de 4,1%.
La reducción equivale, en términos agregados, a unas 83 mil horas docentes. Si se transforman matemáticamente en jornadas completas de 44 horas semanales, representan aproximadamente 1.888 jornadas. Eso no significa que el Presupuesto haya definido 1.888 despidos: existen contratos parciales, diferencias entre servicios y dotaciones que deberán resolverse territorialmente.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció, no obstante, que el cambio puede generar consecuencias laborales. “Probablemente tengan que haber desvinculaciones”, señaló, vinculando la medida con la caída de la natalidad y de la matrícula escolar y con la necesidad, según el Ejecutivo, de adecuar las estructuras del sistema público.
El Colegio de Profesoras y Profesores respondió cuestionando que una reducción presupuestaria pueda adelantarse a las decisiones pedagógicas que deben adoptar municipios y Servicios Locales.
Su presidente nacional, Mario Aguilar, recordó que una escuela rural puede mantener pocos estudiantes por las características del territorio, mientras otro establecimiento puede necesitar cursos más pequeños debido a la cantidad de alumnos pertenecientes a programas de integración. Esas particularidades, sostuvo, no se reflejan únicamente mirando la matrícula.
“Esos planes tienen que basarse en criterios técnico-pedagógicos y no en criterios económicos, porque de lo que se trata no es de ahorrar recursos; el objetivo principal debe ser cumplir adecuadamente con los objetivos educacionales que tiene cada servicio”, afirmó.
El gremio ya había advertido sobre el impacto de las rebajas presupuestarias en áreas sociales y ahora anunció que evaluará acciones administrativas, presentaciones ante Contraloría y movilizaciones si las reducciones terminan afectando las dotaciones.
En el Congreso, la jefa de comité del Frente Amplio, Emilia Schneider, vinculó los cambios en dotaciones con el término del financiamiento de Becas TIC. “No podemos permitir este presupuesto de retrocesos en educación que nos plantea el gobierno del presidente Kast”, sostuvo.
Desde el PDG, la diputada Tamara Ramírez planteó una preocupación similar al señalar que no se puede hablar de mejorar la educación pública mientras se reducen simultáneamente herramientas para estudiantes y recursos que podrían terminar afectando a profesores.
La discusión sobre las horas docentes introduce así una dimensión distinta al debate presupuestario. Ya no se trata solamente de si un programa continúa o desaparece, sino de cómo cada Servicio Local deberá organizar sus escuelas con los límites de personal y horas que finalmente apruebe el Congreso.
Primera infancia gana espacio y las universidades también ajustan
Mientras esos programas retroceden, otras partidas permiten observar con mayor claridad hacia dónde pretende mover recursos el Gobierno. Los jardines infantiles financiados mediante Vía Transferencia de Fondos de Junji aumentan alrededor de 8,8% real, convirtiéndose en una de las señales más evidentes de la prioridad entregada a la primera infancia.
Arzola ha sostenido que durante la última década el gasto público se concentró con mayor fuerza en otros niveles y que intervenir durante los primeros años puede tener efectos posteriores sobre aprendizajes y desigualdad. A ello se suma el financiamiento necesario para continuar el traspaso de establecimientos desde los municipios hacia los SLEP.
Pero el recorrido presupuestario vuelve a cambiar cuando llega a la educación superior. Allí, una de las reducciones más significativas se encuentra en el fomento a la investigación, que cae cerca de 25,2%, mientras los aportes institucionales destinados a universidades estatales disminuyen alrededor de 12,37%.
La gratuidad universitaria registra una baja real cercana a 2,35%, aunque el proyecto no elimina el beneficio ni modifica mediante esta vía las condiciones legales para acceder a él.
Sobre esa política se abrió, además, un debate distinto después de que Quiroz anunciara que Hacienda busca profundizar los controles de los antecedentes socioeconómicos utilizados para determinar quiénes cumplen los requisitos.
El ministro mencionó la existencia de unos 80 mil beneficiarios que declaran vivir solos como uno de los antecedentes que pretende revisar, aunque reconoció que vivir solo no constituye por sí mismo una irregularidad. Hasta ahora no existe un anuncio de exclusión automática de esas personas y el proceso FUAS 2027 mantiene la gratuidad dentro de los beneficios disponibles.
Schneider también respondió a ese anuncio. “Por cierto, se pueden hacer mejor las cosas, en las Becas TIC, en la entrega de computadores y en la gratuidad. Subamos los estándares, pero no le quitemos derechos a las personas”, señaló.
Así llegará la partida de Educación al Congreso. El monto total propuesto para 2027 es superior al contemplado en la Ley de Presupuestos 2026 originalmente aprobada, aunque durante este año esa base fue posteriormente reducida en casi $198 mil millones por la actual administración. Dentro de la nueva propuesta, además, el dinero se distribuye de una forma distinta.
El proyecto todavía puede cambiar. Becas TIC, Liceos Bicentenario, dotaciones docentes y fondos universitarios deberán pasar ahora por la negociación presupuestaria, donde parlamentarios del oficialismo y la oposición ya anticiparon modificaciones. Lo que finalmente apruebe el Congreso definirá cuánto de esta nueva distribución comenzará efectivamente a operar en escuelas, hogares y universidades durante 2027.
