Aunque el Senado repuso $47.927 millones para Educación, el Colegio de Profesores mantiene el paro del 24 de noviembre. Mario Aguilar acusa una reducción de 83 mil horas docentes y advierte consecuencias para comunidades escolares en regiones
La denuncia de un recorte de 83 mil horas docentes en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) mantiene abierto el conflicto entre el Gobierno y el Colegio de Profesoras y Profesores, pese al acuerdo alcanzado en el Senado que permitió incorporar $47.927 millones adicionales al Presupuesto 2027 de Educación. El gremio confirmó que seguirá adelante con el paro nacional convocado para el martes 24 de noviembre, al considerar que las modificaciones presupuestarias no resuelven las principales amenazas que identifica para el sistema escolar.
El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, advirtió que la reducción de horas podría traducirse en desvinculaciones de profesores, reorganización de cursos y menor disponibilidad de profesionales para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales. El cuestionamiento apunta especialmente a las decisiones sobre dotaciones que deberán adoptar los SLEP, responsables de administrar establecimientos públicos en distintas zonas del país.
La movilización cuenta con el respaldo de 11 organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales, entre ellas la CUT, Confech y ACES. Mientras el Ejecutivo defiende los recursos recuperados mediante la negociación parlamentaria, el gremio sostiene que permanecen problemas estructurales de financiamiento y funcionamiento. La controversia se concentra en las consecuencias que podrían experimentar profesores, estudiantes y comunidades escolares durante 2027.
Las 83 mil horas docentes que mantienen abierto el conflicto
Uno de los cuestionamientos más importantes se relaciona con los ajustes de dotación contemplados para los Servicios Locales de Educación Pública. Aguilar denunció que el Gobierno proyecta eliminar 83 mil horas docentes, una decisión que, según su interpretación, podría generar despidos y afectar la organización de los establecimientos. La cifra corresponde a horas de trabajo y no representa 83 mil profesores desvinculados.
“Eso es un eufemismo, está hablando de despidos”, afirmó el dirigente, al cuestionar la expresión “ajuste de dotación” utilizada para describir las modificaciones de personal. El presidente del Magisterio también criticó que las decisiones se establezcan desde el nivel central, sin considerar suficientemente las condiciones particulares de las escuelas y liceos administrados por cada servicio local.
La preocupación se extiende a las eventuales fusiones de cursos y modificaciones en la contratación de profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE). Entre las situaciones denunciadas por Aguilar figuran la posibilidad de reunir cursos de 22 y 23 estudiantes en una sola sala y postergar hasta abril la incorporación de determinados profesionales de apoyo, medidas que podrían afectar especialmente a estudiantes que requieren atención especializada.
En regiones, la controversia adquiere una dimensión adicional por las diferencias de matrícula, infraestructura, dispersión geográfica y disponibilidad de profesionales. El Colegio de Profesores de Antofagasta confirmó una paralización de 24 horas y manifestó preocupación por el traspaso de establecimientos al SLEP, previsto para fines de noviembre. El gremio comunal también cuestionó la incertidumbre sobre continuidad laboral, cargas horarias y reemplazos docentes.
El acuerdo del Senado recupera recursos, pero no cierra las diferencias
La partida de Educación del Presupuesto 2027 fue aprobada en el Senado por 25 votos a favor y dos en contra, luego de que el Ejecutivo ingresara una indicación sustitutiva construida mediante negociaciones con parlamentarios de distintos sectores. El entendimiento incorporó $47.927 millones adicionales y permitió recuperar programas que habían generado cuestionamientos durante la discusión legislativa.
La principal reposición corresponde a $35.000 millones para las Becas de Acceso TIC, destinadas a mantener la entrega de computadores del programa “Yo Elijo Mi PC”. También se incorporaron $6.300 millones en aportes institucionales para educación superior, $2.000 millones para inversión en jardines infantiles de la Junji y recursos destinados a formación docente, programas de salud escolar y acompañamiento de los Liceos Bicentenario.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el acuerdo y explicó que las modificaciones incluyen disposiciones presupuestarias para fortalecer la gestión de los servicios y entregar mayor certeza a sus trabajadores. Las negociaciones también contemplaron mecanismos de seguimiento para los traspasos de los SLEP de Petorca, Licancabur, Iquique y Cachapoal, además de flexibilidades en determinadas normas de ejecución presupuestaria.
Aguilar reconoció avances en la recuperación de recursos, aunque insistió en que siguen pendientes materias vinculadas al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), las dotaciones y los apoyos especializados. El Magisterio considera que las reposiciones obtenidas no garantizan por sí solas la continuidad de todas las prestaciones y condiciones de funcionamiento que requieren los establecimientos durante el próximo año.
Once organizaciones respaldan movilización nacional del 24 de noviembre
La convocatoria del Colegio de Profesoras y Profesores sumó la adhesión de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), la Red Nacional de Centros de Estudiantes (Renace) y organizaciones de funcionarios del Ministerio de Educación, Junji, Superintendencia de Educación y Agencia de Calidad de la Educación.
También se incorporaron agrupaciones de asistentes de la educación pública, trabajadores de atención primaria de salud municipal y organizaciones de pobladores, ampliando la protesta más allá de las demandas del profesorado. La Federación Nacional de Asistentes de la Educación de las Corporaciones Municipales (FENASICOM) comunicó igualmente su participación en la jornada.
“Estamos recibiendo el apoyo y la participación de variadas organizaciones al Paro y Marcha Nacional del próximo martes 24, que es en defensa de la educación”, expresó Mario Aguilar, presidente nacional del Magisterio, quien cuestionó los efectos que atribuye a los ajustes presupuestarios sobre docentes, asistentes de la educación y estudiantes.
La marcha central en Santiago comenzará a las 10:30 horas en Plaza Baquedano y continuará por la Alameda hasta Plaza Los Héroes. La organización anunció manifestaciones regionales coordinadas por sus directorios locales, además de la llegada de delegaciones de distintas zonas del país. El gremio sostuvo que busca desarrollar una movilización pacífica y que la paralización responde a la defensa del financiamiento educativo y las condiciones de aprendizaje.
Presupuesto 2027 entra en su etapa decisiva con el conflicto abierto
El lunes 23 de noviembre, la Cámara de Diputadas y Diputados retomará la discusión del Presupuesto 2027 en tercer trámite constitucional, con las modificaciones incorporadas por el Senado. Las diferencias que permanezcan entre ambas corporaciones podrían derivar en una comisión mixta, mientras continúa el plazo legislativo para despachar la iniciativa antes del 29 de noviembre. La revisión permitirá determinar qué disposiciones presupuestarias quedarán finalmente aprobadas.
La movilización docente se desarrollará durante esa fase de definiciones, mientras los Servicios Locales y las comunidades escolares preparan el año académico 2027. La discusión sobre las 83 mil horas denunciadas por el Magisterio mantiene en disputa el alcance de los ajustes de personal y sus efectos territoriales. Más allá de los recursos recuperados, las decisiones sobre dotaciones, infraestructura y apoyos educativos incidirán directamente en la organización de los establecimientos públicos y las condiciones de enseñanza de miles de estudiantes.
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