El PDG se inclina por respaldar el libelo mientras diputados oficialistas mantienen dudas sobre su voto. La oposición calcula una mayoría ajustada y La Moneda busca impedir que la controversia termine con la eventual destitución del ministro
La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, comenzó este lunes 16 de noviembre su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados con un documento de 189 páginas que busca establecer responsabilidades por las rebajas de condena a responsables de delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. El escrito incorpora una interrogante que amplía el alcance político del caso: si el Presidente José Antonio Kast impartió instrucciones sobre los criterios utilizados para conceder esos beneficios.
El libelo, presentado por diez parlamentarios opositores, reúne tres capítulos acusatorios y 106 antecedentes documentales, entre decretos, sentencias judiciales, oficios y registros parlamentarios. Los diputados sostienen que Rabat infringió disposiciones legales, incumplió obligaciones internacionales y entregó información incompleta o inexacta al Congreso para justificar las decisiones de su cartera.
Antes de la formalización de la acusación, Rabat entregó reservadamente al Senado 309 decretos de rebajas de condena correspondientes a distintas administraciones desde 2022, de los cuales 17 no estaban asociados a una sentencia de la Corte Suprema, según informó el propio ministro. La controversia alcanza ahora una dimensión parlamentaria decisiva: el Partido de la Gente (PDG) se acerca a respaldar el libelo, mientras diputados oficialistas mantienen dudas sobre su voto.
Tres capítulos que cuestionan las decisiones de Justicia
El primer capítulo aborda las 56 rebajas concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Los acusadores sostienen que el Ministerio de Justicia debía aplicar las restricciones introducidas mediante la Ley 21.421 de 2022, en lugar de extender a otros casos interpretaciones judiciales favorables a determinados condenados.
La controversia enfrenta dos criterios jurídicos. Rabat defendió sus decisiones invocando la irretroactividad de la ley penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema, mientras los parlamentarios cuestionan que la cartera utilizara esas interpretaciones para conceder beneficios sin una orden judicial específica. El escrito también identifica resoluciones contradictorias dentro del ministerio. “Durante el mismo periodo coexistieron en la cartera dos criterios opuestos”, sostiene la acusación.
El segundo capítulo examina las reducciones de penas concedidas a tres condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Los diputados argumentan que estos beneficios requerían una evaluación individual especialmente rigurosa, considerando la gravedad de los delitos, la colaboración con la justicia y los derechos de las víctimas.
“El estándar internacional no exige negar todo beneficio a estos condenados, sino someter su concesión a un examen más exigente, individual y motivado. Lo que se reprocha es haber suprimido ese examen”, plantea el documento.
El tercer capítulo apunta a las explicaciones entregadas por Rabat ante el Congreso. Los parlamentarios le atribuyen eventuales vulneraciones al principio de probidad por proporcionar información incompleta o inexacta sobre los criterios utilizados para autorizar las rebajas. Entre los antecedentes cuestionados figura la presentación de un decreto del Gobierno anterior relacionado con una víctima adulta, durante una discusión parlamentaria sobre delitos sexuales contra menores.
La pregunta que ahora alcanza al Presidente Kast
La última página del documento contiene una solicitud dirigida al Mandatario. Los acusadores buscan que la Cámara oficie a Kast para establecer si impartió instrucciones respecto de los criterios aplicados por Rabat al firmar los decretos de reducción de condena y, en caso afirmativo, conocer su contenido.
La diligencia pretende reconstruir cómo se adoptaron las decisiones dentro del Ejecutivo. Para ello también se solicitan comunicaciones internas, oficios y antecedentes de autoridades que participaron en la gestión de los beneficios, entre ellas el exsubsecretario de Justicia Luis Silva, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, y el exministro Jaime Gajardo.
La petición no acredita una intervención presidencial, pero introduce una nueva exigencia política para La Moneda. Kast decidió respaldar la continuidad de Rabat cuando ya existían solicitudes de remoción y cuestionamientos parlamentarios. La oposición intenta establecer si las decisiones respondieron exclusivamente a una interpretación jurídica del ministro o si existieron directrices de otras autoridades del Gobierno.
El PDG gana protagonismo y aparecen dudas oficialistas
La principal novedad parlamentaria proviene del Partido de la Gente. Las estimaciones conocidas este lunes indican que 13 de los 15 diputados vinculados a la colectividad podrían respaldar la acusación, incluido Cristián Contreras, apartado de la bancada. Sin embargo, todavía no existe una decisión formal del partido.
La diputada Pamela Jiles expresó públicamente su intención de que el bloque actúe unido: “Nos gustaría que la bancada completa la aprobara”. El presidente del PDG, Franco Parisi, también reconoció una posición mayoritaria favorable, mientras el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, planteó que deben estudiar el documento antes de resolver y dejó abierta la posibilidad de otorgar libertad de acción.
La aritmética parlamentaria es estrecha. Si asisten los 155 diputados, la acusación requiere 78 votos para avanzar. La oposición cuenta con aproximadamente 65 respaldos preliminares y podría alcanzar esa cifra incorporando 13 votos del PDG. Sin embargo, parlamentarios como Jaime Mulet (FRVS) y Felipe Camaño (IND-DC) mantienen dudas, por lo que la mayoría todavía no está asegurada.
Las dificultades también alcanzan al oficialismo, donde existirían alrededor de 15 diputados sin una posición completamente definida, principalmente independientes vinculados a RN y la UDI. La votación del 28 de octubre, cuando la Cámara solicitó la remoción de Rabat por 68 votos favorables, 42 contrarios y siete abstenciones, mostró diferencias dentro de los sectores que respaldan al Gobierno.
El vicepresidente Claudio Alvarado defendió la posición del Ejecutivo y aseguró que “la cohesión en el oficialismo ha ido aumentando respecto a este tema”, aunque reconoció que no puede garantizar individualmente el comportamiento de todos los parlamentarios cuando corresponda votar.
La controversia también tiene una dimensión ciudadana. La encuesta Agenda Criteria del 15 de noviembre registró un 79% de desacuerdo con la decisión de Kast de mantener a Rabat, mientras la aprobación presidencial descendió a 18% y su desaprobación alcanzó 72%. Entre quienes conocen la acusación, un 68% respalda su presentación y un 72% está de acuerdo con que el ministro pueda ser destituido mediante este procedimiento.
La continuidad de Rabat pone a prueba a Kast
La comisión revisora quedó integrada por Lorena Pizarro (PC), Raúl Soto (PPD), Lorena Fries (FA), Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL). Deberá examinar los antecedentes y descargos del ministro antes de emitir su informe. Si la Cámara aprueba la acusación, Rabat quedará suspendido de sus funciones y el caso pasará al Senado, donde una eventual declaración de culpabilidad implicaría su destitución y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La decisión presidencial adquirió especial relevancia desde que Kast asumió públicamente la responsabilidad política por las rebajas de condena y ratificó la continuidad de Rabat. “La responsabilidad política, no de derecho, la asumí yo, porque soy el Presidente de la República”, afirmó entonces.
Ahora, el respaldo al ministro enfrenta una votación que pondrá a prueba la disciplina del oficialismo, mientras la oposición necesita transformar sus apoyos anunciados en votos efectivos. El PDG podría inclinar la balanza y definir si el conflicto avanza hacia un juicio político en el Senado.




