La Cámara conformó la comisión encargada de revisar el libelo contra el ministro de Justicia, cuestionado por rebajas de condenas a agresores sexuales. La oposición busca nuevos respaldos mientras Kast mantiene su defensa política en el Congreso
La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, avanzó este lunes 16 de noviembre con la conformación de la comisión encargada de examinar los antecedentes que sustentan el libelo. La instancia reúne a parlamentarios de distintos sectores políticos y deberá pronunciarse sobre las imputaciones relacionadas con las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.
La nómina difundida durante la jornada identifica a Carlos Chandía (RN), Lorena Pizarro (PC), Germán Verdugo (PNL), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA) como integrantes de la comisión. Su trabajo comprenderá la revisión de los fundamentos jurídicos de la acusación, la recepción de antecedentes y la elaboración de un informe que posteriormente conocerá la Sala de la Cámara.
El libelo, ingresado el jueves 12 de noviembre por diez diputados opositores, abrió un nuevo conflicto para el Gobierno de José Antonio Kast, que mantiene su respaldo al secretario de Estado. La decisión de sostener a Rabat también generó diferencias entre parlamentarios oficialistas respecto de la responsabilidad política del Ejecutivo.
Cinco parlamentarios deberán examinar los antecedentes
La comisión tiene una composición políticamente diversa, con representantes de Renovación Nacional, el Partido Nacional Libertario, el Partido Comunista, el Partido por la Democracia y el Frente Amplio. Sus integrantes deberán evaluar los fundamentos constitucionales del libelo, escuchar los argumentos de la defensa y determinar qué conclusiones recomendarán a la Cámara.
La revisión abordará las decisiones administrativas adoptadas durante la gestión de Rabat y la interpretación jurídica utilizada para conceder beneficios de rebaja de condenas. La controversia adquirió mayor intensidad por los cuestionamientos al criterio aplicado por el Ministerio de Justicia, especialmente respecto de las restricciones legales existentes para determinados delitos y las explicaciones entregadas por el ministro ante el Congreso.
El informe de la comisión tendrá carácter consultivo y no determinará por sí mismo el resultado de la acusación. La decisión corresponderá a la Sala, donde los parlamentarios deberán resolver si los antecedentes permiten establecer alguna de las infracciones constitucionales atribuidas al secretario de Estado.
Tres capítulos cuestionan la actuación del ministro
El primer capítulo aborda 56 rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Los acusadores sostienen que las decisiones vulneraron restricciones legales establecidas en 2022 y cuestionan que el ministerio abandonara criterios administrativos utilizados anteriormente, sin una modificación normativa que justificara ese cambio.
El segundo capítulo examina los beneficios concedidos a tres condenados por crímenes de lesa humanidad. Los parlamentarios argumentan que las decisiones desconocieron obligaciones vinculadas con los derechos humanos y la protección de las víctimas. El tercero atribuye al ministro eventuales infracciones al principio de probidad y al deber de informar al Congreso, por antecedentes que los acusadores consideran incompletos o inexactos.
Rabat sostiene que las decisiones de las comisiones de rebaja de condenas limitaban sus atribuciones para rechazar los beneficios. El Ejecutivo, por su parte, defiende la legalidad de las actuaciones ministeriales y cuestiona los fundamentos de la acusación, argumentando que una controversia sobre interpretación jurídica no constituye necesariamente una infracción constitucional.
El PDG gana protagonismo y aumenta la presión sobre el oficialismo
La disputa parlamentaria adquirió una nueva dimensión con las señales provenientes del Partido de la Gente (PDG). La oposición dispone de aproximadamente 65 respaldos preliminares y necesita 78 votos si participan los 155 integrantes de la Cámara. Un recuento interno conocido este lunes indica que 13 de los 15 diputados vinculados a la colectividad, incluyendo a un parlamentario apartado de su bancada, se inclinarían por aprobar la acusación. Sin embargo, el partido todavía no define una posición oficial.
La diputada Pamela Jiles expresó su intención de que toda la bancada respalde el libelo, mientras Franco Parisi reconoció que existe una mayoría favorable a la acusación. La eventual incorporación de estos votos podría permitir que la oposición alcance el mínimo necesario, aunque persisten dudas sobre algunos de sus propios parlamentarios y la posición que finalmente adoptarán los legisladores independientes.
La presión también alcanza a Chile Vamos. Entre los parlamentarios del oficialismo existirían cerca de 15 diputados con dudas sobre su voto, principalmente independientes asociados a RN y la UDI. El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, aseguró que la cohesión oficialista aumentó durante los últimos días, aunque reconoció que no puede garantizar individualmente el respaldo de todos los legisladores.
A la disputa se suma el deterioro de la evaluación ciudadana. Según la encuesta Agenda Criteria del 15 de noviembre, el 79% de los consultados rechaza que Kast mantenga a Rabat en Justicia, mientras el 68% de quienes conocen la acusación respalda su presentación. El apoyo presidencial, por su parte, descendió al 18%, con una desaprobación de 72%, cifras que elevan el costo político de sostener al ministro.
Kast enfrenta el costo político de Rabat
La comisión deberá emitir su informe antes de que la Cámara resuelva si la acusación procede. Si obtiene la mayoría requerida, Rabat quedará suspendido de sus funciones y el caso pasará al Senado, donde una eventual declaración de culpabilidad significaría su destitución y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La continuidad de Rabat representa ahora una prueba para la conducción política de Kast. El Presidente decidió mantener a su ministro pese al rechazo ciudadano y los cuestionamientos parlamentarios, mientras la oposición necesita transformar ese descontento en votos efectivos. La resolución dependerá de una Cámara dividida, donde el PDG y las diferencias internas del oficialismo podrían resultar decisivos.




