La Moneda inició conversaciones individuales para sostener al ministro de Justicia ante una eventual acusación constitucional. Mientras seis partidos exigen su salida, parlamentarios de RN y la UDI mantienen reparos y Kast ratifica su respaldo desde Europa
José Antonio Kast decidió mantener a Fernando Rabat al frente del Ministerio de Justicia. Ahora su Gobierno tiene que convencer a los propios parlamentarios oficialistas de que también lo defiendan. La controversia por las rebajas de condenas a agresores sexuales dejó de ser únicamente un enfrentamiento con la oposición y comenzó a abrir diferencias entre el Partido Republicano y Chile Vamos.
Este lunes 2 de noviembre, mientras el Presidente se encontraba en Europa, La Moneda reconoció que necesita buscar apoyos individuales para enfrentar la acusación constitucional que preparan seis partidos opositores.
La señal llegó desde el propio Ejecutivo. Después del comité político ampliado, el subsecretario vocero Gonzalo Arenas admitió que todavía hay parlamentarios que cuestionan los argumentos con que el Gobierno defiende al ministro. Lejos de dar por asegurado el respaldo de sus bancadas, reconoció que “hay muchos que necesitan o requieren mayores explicaciones, mayores antecedentes” y confirmó que buscarán acercamientos directos con los legisladores: “Conversaremos con todos y si es necesario, uno a uno”.
La ofensiva se desarrolla mientras la oposición prepara un libelo que aún no ha ingresado al Congreso. La eventual votación volverá a poner a prueba las relaciones entre el Ejecutivo y sus aliados, como ocurrió durante la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, cuya tramitación también estuvo marcada por disputas sobre responsabilidades políticas y jurídicas. Esta vez, sin embargo, el Gobierno enfrenta la posibilidad de que parlamentarios de su propia coalición respalden la ofensiva opositora.
La Moneda intenta ordenar una derecha dividida
Las diferencias comenzaron a hacerse visibles antes de que la oposición formalizara su ofensiva. Parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI cuestionaron que Kast mantuviera a Rabat, incluso después de la salida del subsecretario Luis Silva.
Uno de los pronunciamientos más categóricos fue el del diputado Hotuiti Teao, independiente de la bancada UDI, quien declaró: “Si hoy día hubiera una acusación constitucional, obviamente que yo la votaría a favor”, aunque precisó que tendría que revisar sus capítulos antes de tomar una decisión definitiva.
Ese es el escenario que La Moneda intenta contener. Arenas aseguró que el Presidente mantiene contacto con los parlamentarios junto a los ministros Claudio Alvarado y José García. También introdujo una advertencia sobre las consecuencias políticas de respaldar un libelo contra una autoridad del propio Gobierno: según sus antecedentes, desde 1990 ningún legislador oficialista ha votado favorablemente una acusación constitucional contra su administración.
La advertencia no consiguió borrar las diferencias públicas. El Partido Republicano defiende la continuidad de Rabat, mientras dirigentes de Chile Vamos consideran insuficiente la salida de Silva. Los reparos no significan que exista una mayoría dispuesta a votar contra el ministro, pero obligan al Ejecutivo a disputar respaldos que normalmente esperaría recibir de sus aliados. Y todo ocurre cuando todavía no se conoce el texto definitivo de la acusación.
La oposición lleva su exigencia hasta La Moneda
Mientras el Gobierno buscaba ordenar a sus parlamentarios, dirigentes del PC, PS, PPD, Frente Amplio, Partido Liberal y Democracia Cristiana llegaron al Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida a Kast. El documento reclama la renuncia de Rabat por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, controversia que posteriormente se amplió a beneficios otorgados a condenados por otros delitos graves.
La carta recuerda las 56 rebajas de condena autorizadas administrativamente entre junio y septiembre, cuestiona que no hayan sido ordenadas por tribunales y exige conocer los antecedentes de cada decisión. Los firmantes plantean que “reconocer el error no basta” y sostienen que, dada la gravedad de lo ocurrido, el ministro “ya no es interlocutor válido para el país”. Junto con exigir su renuncia, reclaman la entrega de los decretos y sus fundamentos, una propuesta para revisar las decisiones y medidas concretas de atención a las víctimas.
El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, confirmó que los equipos jurídicos opositores ya están trabajando en el libelo y evalúan reunirse este jueves en Santiago. También vinculó directamente la salida de Rabat con las posibilidades de retomar las conversaciones legislativas. “Si el Gobierno quiere volver a sentarse a conversar y construir acuerdos”, sostuvo, Kast debe solicitar la renuncia del ministro.
Rabat se aferra al respaldo de Kast
Rabat comenzó la semana en funciones y acompañado por la nueva subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, quien asumió después de la salida de Luis Silva. Durante la mañana sostuvo reuniones con el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, antes de responder a los cuestionamientos de parlamentarios opositores y oficialistas. “Siento el respaldo del sector y del Presidente de la República, pero lo relevante hoy es enfocarnos en la solución de los problemas”, afirmó el ministro.
El secretario de Estado anunció que continuará impulsando con discusión inmediata reformas legales relacionadas con las rebajas de condenas y que se creará una mesa de trabajo con organizaciones vinculadas a la defensa de las víctimas. Cuando se le consultó si el apoyo político que asegura tener se expresaría también en votos contra una acusación constitucional, evitó comprometer un resultado parlamentario y concentró su respuesta en el respaldo al trabajo legislativo y de atención a las personas afectadas.
El conflicto mantiene abierto también un frente judicial. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte investiga una denuncia por presunta prevaricación administrativa contra Rabat y Silva, sin que existan responsabilidades penales acreditadas. Mientras esa investigación avanza por su propio cauce, la oposición apuesta a establecer responsabilidades políticas mediante una acusación constitucional que todavía deberá ser presentada y examinada por la Cámara.
La decisión de Kast convirtió la continuidad de Rabat en un problema que ahora alcanza directamente la conducción presidencial. La oposición exige su salida, el ministro asegura contar con respaldo y parlamentarios oficialistas siguen expresando reparos.
La Moneda, que ya debió negociar cada voto durante la tramitación de su megarreforma económica en la Cámara, vuelve a enfrentar una aritmética parlamentaria compleja. Esta vez no intenta aprobar una reforma, sino evitar que prospere una acusación contra un ministro al que el Presidente decidió mantener en su gabinete.
