La remoción del senador PPD y la llegada de Vlado Mirosevic enfrentaron al PS con su aliado histórico, dividieron al oficialismo y abrieron dudas sobre los compromisos políticos que ordenan la presidencia del Senado en 2027
La elección de Vlado Mirosevic (Partido Liberal) como nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Senado profundizó las diferencias entre el Partido Socialista y el PPD, luego de una controvertida decisión que dejó fuera de la instancia al senador por Antofagasta, Pedro Araya, uno de los parlamentarios que negoció con el Gobierno de José Antonio Kast una reforma constitucional en materia de seguridad.
La definición se concretó durante esta jornada, en una sesión donde Mirosevic obtuvo tres votos favorables de los senadores de oposición. Antes, Arturo Squella (Republicano) propuso a Andrés Longton (RN) como alternativa para presidir la comisión, pero su candidatura fue rechazada por Mirosevic, Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC). La votación confirmó el reemplazo impulsado por el comité parlamentario del Socialismo Democrático y dejó expuesta la molestia de sus integrantes oficialistas.
El origen de la controversia está en los acercamientos de Araya con La Moneda y en la reforma constitucional de seguridad presentada por cinco senadores, que propone fortalecer las herramientas contra el crimen organizado, establecer regímenes penitenciarios diferenciados y modificar el estado de excepción de emergencia, conservando controles del Congreso.
La iniciativa, suscrita también por Longton, Squella, Karim Bianchi e Iván Flores, provocó cuestionamientos del PS por la ausencia de coordinación con el resto del bloque opositor.
Araya acusa autoritarismo y el PPD cuestiona la decisión
La reacción del senador independiente-PPD fue inmediata. Araya acusó al jefe del comité parlamentario, Juan Luis Castro (PS), de impulsar una decisión sin comunicársela personalmente y cuestionó que se sancionara su disposición a construir acuerdos legislativos en materias de seguridad.
En conversación con Tele13 Radio, Pedro Araya planteó que “¿En qué minuto el Socialismo democrático pasó a ser el socialismo autoritario, donde conversar, llegar a acuerdos, se transformó en un pecado para algunos?”. El parlamentario aseguró que nunca recibió una explicación directa sobre su salida y rechazó los cuestionamientos a su conducta política.
Sus críticas también alcanzaron a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, a quien mencionó por sus propias conversaciones con el Ejecutivo. “Otros senadores socialistas, como la senadora Vodanovic, dialogan y negocian con el Gobierno permanentemente, pero cuando yo construyo acuerdos en seguridad, se me sanciona”, afirmó en un mensaje público.
El senador Juan Luis Castro rechazó las acusaciones y sostuvo que el conflicto no nació de una negociación aislada, sino de diferencias acumuladas sobre la representación política del sector, explicando que “Cuando alguien deja de representar las ideas del conjunto, obviamente se empieza en un problema y eso es lo que se representó semanas atrás”.
El parlamentario socialista acusó además a Araya de actuar como un aliado del Gobierno desde la presidencia de Constitución, favoreciendo iniciativas que no contaban con el respaldo colectivo de su comité. Defendió la facultad de las bancadas para modificar a sus representantes y cuestionó que La Moneda privilegiara entendimientos individuales en lugar de negociar con las fuerzas políticas.
Pero la controversia adquirió otra dimensión cuando se conoció que Ricardo Celis (PPD), subjefe del comité parlamentario y vicepresidente de su partido, firmó junto a Castro la solicitud de reemplazo. El socialista aseguró que las diferencias se conversaron semanas antes con representantes de ambas colectividades, incluidos sus presidentes, Paulina Vodanovic y Raúl Soto.
La versión contrastó con la declaración de la mesa nacional del PPD, que manifestó su rechazo a la determinación. La directiva precisó que la decisión correspondía a una atribución del comité parlamentario, pero enfatizó que no pasó por las colectividades y que el partido no la compartía.
La contradicción dejó al descubierto diferencias sobre la conducción política del bloque: mientras un senador del PPD participó en la formalización del reemplazo, la dirección nacional de su partido cuestionó públicamente la medida. La colectividad también reafirmó su autonomía para evaluar los proyectos de seguridad y llamó a resolver las discrepancias mediante el diálogo.
Mirosevic ofrece acuerdos colectivos y Longton cuestiona el pacto
Con la presidencia definida, Mirosevic buscó marcar diferencias respecto de su antecesor, pero descartó que su llegada signifique cerrar las conversaciones con el Ejecutivo. El senador liberal planteó que la oposición debe participar colectivamente en las negociaciones y evitar que los entendimientos dependan de voluntades individuales.
“Aquí va a haber disposición de diálogo, pero no individual. Esa yo creo que es la gran diferencia. Aquí tenemos que trabajar colectivamente”, sostuvo Vlado Mirosevic, quien también llamó a construir acuerdos amplios para avanzar en los proyectos legislativos.
La reacción de los senadores oficialistas fue distinta. Andrés Longton (RN) exhibió el acuerdo administrativo firmado en marzo, donde Araya figuraba como presidente de Constitución durante el primer año legislativo. A su juicio, sustituirlo desconoce un compromiso asumido por las bancadas y permite reconsiderar la distribución futura de cargos.
“El acuerdo que se suscribió por la Mesa y las comisiones ya no está vigente, porque cuando hay un incumplimiento, los libera a todos”, advirtió Andrés Longton, quien sostuvo que varios parlamentarios podrían sentirse liberados de respaldar las próximas presidencias del Senado.
El legislador incluso planteó la posibilidad de explorar nuevas mayorías parlamentarias, con una eventual articulación de 27 votos que incluyera a Araya. Arturo Squella (Partido Republicano) compartió los cuestionamientos y defendió la candidatura de Longton como una señal de rechazo al reemplazo impulsado por el Socialismo Democrático.
La presidencia del Senado en 2027 entra en disputa
Las repercusiones alcanzaron al senador socialista Alfonso de Urresti, quien debería asumir la presidencia del Senado en marzo de 2027, de acuerdo con el pacto de gobernabilidad suscrito al comienzo del período legislativo. Araya reconoció que se encuentra reflexionando sobre su eventual respaldo, mientras Longton dejó abierta la posibilidad de revisar los compromisos administrativos.
Sin embargo, la advertencia no consiguió respaldo unánime en el oficialismo. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sostuvo: “Esto no vulnera el acuerdo administrativo, porque el acuerdo fue respecto de los comités… Fue sin nombre y apellido el acuerdo”.
Desde la UDI, el jefe de bancada, Gustavo Sanhueza, también defendió la autonomía de los comités y descartó involucrarse en las diferencias internas de la oposición. De Urresti, por su parte, conversó con Núñez y Javier Macaya, quienes le transmitieron que la controversia no debiera comprometer el acuerdo de gobernabilidad.
El conflicto, por ahora, no modificó formalmente el pacto que contempla la presidencia socialista en 2027. Sin embargo, dejó posiciones enfrentadas sobre su cumplimiento y una incógnita respecto del comportamiento futuro de Araya, cuyo voto podría adquirir especial relevancia si surgiera una disputa por la conducción de la Cámara Alta.
La crisis también abrió diferencias de fondo dentro del Socialismo Democrático. Mientras el PS defiende la representación colectiva y la disciplina parlamentaria, Araya cuestiona las consecuencias de negociar con sectores distintos, y el PPD rechaza que una resolución del comité se adoptara sin el respaldo de su conducción partidaria.
El episodio deja a Mirosevic al frente de una comisión decisiva para la agenda legislativa del Gobierno y obliga a recomponer las relaciones entre partidos que deberán seguir compartiendo acuerdos parlamentarios.
La controversia vuelve a poner sobre la mesa los límites de la autonomía política y las condiciones para construir mayorías en torno a las reformas de seguridad, mientras la elección de la presidencia del Senado en 2027 aparece como la primera prueba concreta para los compromisos que hoy se encuentran bajo cuestionamiento.
