La alternativa parlamentaria reduce las modificaciones constitucionales del proyecto original, descarta crear otro estado de excepción y establece mayores controles del Congreso, mientras mantiene disposiciones sobre crimen organizado y regímenes penitenciarios especiales para internos de alta peligrosidad
Cinco senadores del oficialismo, la oposición y sectores independientes presentaron una alternativa a la reforma constitucional de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, que decidió retirar su iniciativa ante la falta de respaldo parlamentario. La nueva propuesta reduce de ocho a tres las modificaciones constitucionales originalmente contempladas, elimina determinadas disposiciones y establece mayores controles del Congreso sobre las facultades presidenciales para decretar estados de excepción.
El principal cambio está en la distribución de atribuciones entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Mientras el Gobierno proponía crear un estado de excepción de seguridad pública que podía extenderse hasta 240 días sin autorización parlamentaria, los senadores plantean modificar el estado de emergencia existente, con una duración inicial máxima de 30 días y facultades del Congreso para ponerle término anticipadamente.
La iniciativa fue ingresada el 7 de octubre por Arturo Squella (Partido Republicano), Andrés Longton (RN), Pedro Araya (PPD), Karim Bianchi (independiente) e Iván Flores (DC). El proyecto quedó radicado en la Comisión de Constitución del Senado y deberá someterse a discusión y votación.
Su presentación ocurre después de los cuestionamientos a las facultades extraordinarias del Ejecutivo, que dificultaron la construcción de una mayoría para respaldar el texto gubernamental.
Qué eliminan los senadores de la reforma original
La propuesta parlamentaria descarta la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, uno de los componentes centrales de la iniciativa de Kast. En su reemplazo, amplía las causales del estado de emergencia vigente para permitir su aplicación ante situaciones de peligro grave e inminente para el orden público o la seguridad de la Nación.
El cambio también modifica los mecanismos de fiscalización. Toda prórroga posterior a los primeros 30 días requeriría autorización del Congreso, mientras el Presidente tendría que informar periódicamente los fundamentos de la medida, las actuaciones realizadas y sus resultados. Además, ambas cámaras podrían dejarla sin efecto conforme al procedimiento establecido en la propuesta.
La alternativa tampoco reproduce el registro especial de organizaciones criminales que contemplaba el Ejecutivo, ni establece en los mismos términos las inhabilidades perpetuas para ejercer cargos públicos y determinadas restricciones a prestaciones financiadas por el Estado. En lugar de ese esquema, plantea extender al crimen organizado disposiciones del artículo 9 de la Constitución, permitiendo que la legislación gradúe sus consecuencias según la gravedad de los delitos y la responsabilidad de sus integrantes.
Estos cambios recogen parte de los reparos que surgieron durante agosto, cuando la presidenta del Senado, Paulina Núñez, cuestionó la viabilidad legislativa del proyecto gubernamental. Las diferencias también alcanzaron a sectores oficialistas que manifestaron reservas frente a la extensión de las facultades extraordinarias y las restricciones de derechos contempladas inicialmente.
Las principales diferencias entre ambas propuestas
| Materia | Proyecto de Kast | Propuesta de senadores |
|---|---|---|
| Cambios constitucionales | Ocho modificaciones | Tres modificaciones principales |
| Crimen organizado | Creaba el artículo 9 bis | Lo incorpora al artículo 9, junto al terrorismo |
| Régimen penitenciario | Establecía regímenes diferenciados | Mantiene segregación y aislamiento para internos de alta peligrosidad |
| Estado de excepción | Creaba una nueva figura de seguridad pública | Modifica el estado de emergencia vigente |
| Duración inicial | Hasta 120 días | Hasta 30 días |
| Prórroga | Otros 120 días sin autorización parlamentaria | Requiere autorización del Congreso |
| Fiscalización | Control parlamentario posterior | Informes periódicos y posibilidad de término anticipado |
| Registro criminal | Contemplaba un registro especial | No reproduce ese registro |
| Inhabilidades | Incluía restricciones específicas y perpetuas | Permite graduarlas mediante la legislación |
Qué mantiene la propuesta sobre crimen organizado y cárceles
Pese a la reducción de medidas, los senadores conservaron dos componentes de la iniciativa gubernamental. El primero busca incorporar expresamente el crimen organizado al artículo 9 de la Constitución, que actualmente aborda el terrorismo, para establecer un tratamiento constitucional especial de estas actividades delictivas.
El segundo contempla respaldo constitucional para regímenes penitenciarios diferenciados, con medidas de segregación, aislamiento e incomunicación de internos de alta peligrosidad. La finalidad es impedir que integrantes de organizaciones criminales continúen coordinando operaciones desde las cárceles, aunque su aplicación concreta dependerá de la legislación correspondiente y de las garantías que se establezcan durante la tramitación.
El senador Andrés Longton explicó que las tres modificaciones propuestas requerirán posteriormente cambios legales específicos. “Esos son los ejes que establece el proyecto, y eso va a desencadenar una bajada en proyectos de ley que van a repercutir a propósito de esta reforma”, sostuvo durante la presentación de la moción.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reconoció que la alternativa parlamentaria no incorpora la totalidad de las medidas del Gobierno, aunque permite avanzar en gran parte de sus objetivos. También señaló que durante la tramitación podrían incorporarse perfeccionamientos y que otras materias, como los registros de organizaciones criminales, podrían abordarse mediante reformas legales.
El acuerdo de cinco senadores todavía debe conseguir los votos
La presentación de la moción permitió reunir inicialmente a representantes de distintas posiciones políticas, pero no aseguró su aprobación. La Comisión de Constitución deberá revisar el articulado y las condiciones para ampliar el estado de emergencia, además de examinar los límites de las restricciones penitenciarias y las consecuencias constitucionales de equiparar determinadas conductas del crimen organizado con el terrorismo.
El senador Pedro Araya, presidente de esa comisión, expresó su expectativa de ampliar el respaldo parlamentario. “Esperamos que este proyecto tenga un respaldo trascendental, ya hay más senadores que se van a ir sumando esta iniciativa, porque entienden la importancia de que en materia de seguridad tengamos acuerdos más allá de las legítimas diferencias políticas que podamos tener en otros temas”, afirmó.
Por su parte, Arturo Squella defendió la necesidad de avanzar en medidas contra la delincuencia y sostuvo que los parlamentarios no podían permanecer inactivos frente al avance del crimen organizado. Karim Bianchi e Iván Flores también respaldaron la búsqueda de acuerdos entre sectores políticos, aunque ese entendimiento inicial no compromete los votos del conjunto de sus respectivas bancadas.
La tramitación ocurre después de que las encuestas de agosto registraran rechazo al nuevo estado de excepción y opiniones divididas sobre la estrategia de seguridad. La propuesta de los senadores mantiene la ampliación de herramientas constitucionales para combatir el crimen organizado, pero reemplaza el esquema original por otro con intervención parlamentaria más temprana.
La reforma todavía no está aprobada y ninguna de las nuevas disposiciones entra en vigor por su sola presentación. Su futuro dependerá de las votaciones en el Congreso y de los acuerdos sobre facultades presidenciales, controles institucionales y protección de derechos fundamentales. El Gobierno respaldó la alternativa, pero serán los parlamentarios quienes determinen si obtiene los votos necesarios para convertirse en una modificación constitucional.
