La Cámara aprobó el informe de la Comisión Mixta por 125 votos y cerró la tramitación legislativa. La reforma eleva requisitos para formar partidos, limita candidaturas independientes y fortalece disciplina parlamentaria antes de pasar al Tribunal Constitucional
La reforma al sistema político cerró este miércoles su recorrido por el Congreso luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara por 125 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones el informe de la Comisión Mixta, despejando la última diferencia que permanecía abierta entre ambas corporaciones.
La iniciativa, ingresada durante el gobierno de Gabriel Boric y acelerada en su tramo final por la administración de José Antonio Kast, modifica las reglas para constituir y mantener partidos políticos, restringe la participación de independientes dentro de sus listas y entrega reconocimiento legal a los comités parlamentarios.
El cierre legislativo completa un proceso que durante los últimos meses puso en el centro la necesidad de reducir la fragmentación del Congreso y reforzar la cohesión de los partidos, aunque las diferencias persistieron respecto de si mayores exigencias partidarias serán suficientes para mejorar la gobernabilidad.
Más exigencias para constituir y mantener partidos
Uno de los cambios de mayor alcance elimina la posibilidad de constituir un partido mediante presencia en tres regiones contiguas. Con la nueva regulación, las colectividades deberán estar constituidas en al menos ocho regiones y reunir afiliados equivalentes al 0,3% del padrón electoral definitivo correspondiente a cada territorio.
Las organizaciones actualmente constituidas dispondrán de 18 meses desde la publicación de la ley para alcanzar en cada región donde operen al menos el 50% del nuevo mínimo exigido. El cambio abre una etapa especialmente intensa de afiliación para distintas colectividades que actualmente se encuentran por debajo de esos niveles en algunas regiones.
La modificación adquiere particular relevancia después de un período en que la supervivencia legal de distintas fuerzas quedó sometida a decisiones administrativas y judiciales. Casos como la continuidad de Evópoli y la FRVS tras la intervención del Tricel ya habían mostrado la sensibilidad que tienen las reglas de subsistencia partidaria sobre la configuración del sistema político.
La reforma también endurece las condiciones para incorporar independientes. En las elecciones parlamentarias, las candidaturas de este tipo no podrán representar más del 50% de las postulaciones presentadas por un partido, estableciendo consecuencias para las colectividades que incumplan esa proporción.
El objetivo declarado es fortalecer a organizaciones con arraigo territorial y estructuras más estables, pero durante la discusión surgieron cuestionamientos sobre el efecto que esas barreras pueden tener sobre fuerzas emergentes y partidos pequeños.
Comités parlamentarios ganan peso dentro del Congreso
Otro de los cambios centrales es el reconocimiento legal de los comités parlamentarios, que pasarán a tener una función explícita en la coordinación política de cada colectividad dentro de la Cámara y el Senado.
Sus jefaturas podrán organizar la participación de sus integrantes en comisiones, coordinar intervenciones y ordenar el trabajo político de cada bancada. A su vez, incumplir los acuerdos adoptados por un comité podrá ser considerado una infracción grave a la disciplina interna, aunque las sanciones no podrán impedir a un parlamentario ejercer facultades constitucionales como votar o presentar iniciativas.
La reforma también modifica los incentivos financieros asociados a la salida de parlamentarios desde sus colectividades. Si un diputado o senador electo como militante abandona posteriormente su partido, la organización continuará recibiendo el aporte estatal asociado a ese legislador. Una lógica similar se aplica a las asignaciones vinculadas a los comités parlamentarios.
Ese fortalecimiento de la disciplina no estuvo exento de cuestionamientos. Durante la fase final del debate, el senador Vlado Mirosevic respaldó el avance de la iniciativa, pero cuestionó que la cantidad de partidos explique por sí sola los problemas de funcionamiento del Congreso. “El diagnóstico está equivocado”, sostuvo, apuntando a que la conducta de las bancadas también debe formar parte del análisis.
Desde el Ejecutivo, en cambio, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, defendió el alcance práctico de los cambios y sostuvo que la nueva regulación “debiera producir efecto para las próximas elecciones”, destacando las mayores exigencias que comenzarán a operar para partidos y comités parlamentarios.
Del Congreso al Tribunal Constitucional
La última diferencia resuelta por el Parlamento estuvo vinculada con las declaraciones de principios de los partidos. El texto establece que deberán condenar expresamente el establecimiento de sistemas totalitarios y el uso, promoción o incitación de la violencia como método de acción política, además de manifestar su compromiso con la probidad y la transparencia.
Ese punto obligó a constituir una Comisión Mixta y concentró buena parte de la discusión final. En la Cámara, los principales rechazos provinieron de parlamentarios comunistas, mientras otros legisladores cuestionaron aspectos más amplios de la reforma.
Entre ellos estuvo el diputado Jaime Mulet, quien formuló una reserva de constitucionalidad por considerar que las nuevas barreras perjudican a fuerzas políticas de menor tamaño. El parlamentario calificó el diseño como una “verdadera cartelización” y anticipó que parte de la controversia continuará ante el Tribunal Constitucional.
El cierre de la votación parlamentaria, por tanto, no significa todavía la promulgación inmediata. Debido al carácter orgánico constitucional de distintas disposiciones, el proyecto deberá pasar por control preventivo del Tribunal Constitucional antes de quedar en condiciones de convertirse definitivamente en ley.
La implementación abrirá además una carrera silenciosa dentro de los partidos para actualizar padrones, captar militantes y asegurar presencia territorial suficiente. Esa reorganización podría modificar el mapa partidario mucho antes de la siguiente elección, especialmente en regiones donde algunas colectividades operan actualmente con estructuras reducidas.
El efecto institucional será más difícil de medir. Las nuevas normas pueden disminuir la volatilidad interna y entregar mayor capacidad de coordinación a las bancadas, pero también concentrarán más poder en las estructuras partidarias. Las próximas elecciones y el funcionamiento cotidiano del Congreso mostrarán si ese equilibrio mejora efectivamente la gobernabilidad o simplemente eleva las barreras de entrada al sistema político.
