El Senado aplazó la votación final, pero el debate de fondo sigue intacto: una reforma que eleva las exigencias para formar partidos, restringe candidaturas independientes y fortalece las bancadas frente a un Congreso cada vez más fragmentado
El Senado debía avanzar esta semana hacia el cierre de una de las reformas institucionales más relevantes que permanecen abiertas en el Congreso. La votación del informe de Comisión Mixta fue postergada al menos una semana por discrepancias respecto de la declaración de principios que deberán incorporar los partidos y por la ausencia de parlamentarios que acompañan al presidente José Antonio Kast en la Asamblea General de Naciones Unidas.
El aplazamiento volvió a poner sobre la mesa una iniciativa cuyo alcance va bastante más allá de esa controversia. El proyecto busca intervenir sobre un fenómeno que se profundizó durante la última década: la multiplicación de partidos, el crecimiento de los independientes y la dificultad para mantener bancadas cohesionadas dentro del Congreso. El mensaje que dio origen a la reforma identifica precisamente la reducción de la fragmentación y el fortalecimiento institucional de los partidos entre sus objetivos.
Las cifras muestran la magnitud del cambio. La fundamentación legislativa recuerda que en 2013 había ocho partidos con representación en la Cámara de Diputados, número que aumentó a 16 en 2017 y a 18 después de las parlamentarias de 2021. Hoy, la propia Cámara registra diputados pertenecientes a 17 partidos políticos y 26 parlamentarios independientes.
Ese escenario ya quedó expuesto durante la instalación del Congreso 2026-2030, donde ninguna fuerza alcanzó por sí sola una mayoría suficiente y la conformación de las mesas obligó a negociaciones entre distintas bancadas. La reforma busca intervenir precisamente sobre algunas de las reglas que producen y ordenan esa dispersión.
Una reforma que fortalece a los partidos
El primer cambio ocurre antes de una elección. Actualmente una colectividad puede constituirse en ocho regiones o en tres regiones geográficamente contiguas. La reforma elimina la segunda alternativa: para formar un nuevo partido será necesario alcanzar presencia legal en al menos ocho regiones.
También aumenta la exigencia de afiliación. La legislación vigente establece como referencia el 0,25% del electorado que sufragó, mientras el texto que quedó después de la tramitación parlamentaria fija un 0,3% de los electores que conformaron el padrón electoral definitivo. El cambio no solo eleva el porcentaje, sino que modifica la base sobre la cual se realiza el cálculo.
Para los partidos existentes tampoco sería una modificación puramente futura. Una vez publicada la ley tendrían 18 meses para reunir el mínimo de afiliados exigido en cada región donde estén constituidos, lo que obliga a las colectividades a acreditar una base territorial acorde con las nuevas reglas.
La reforma aborda así una de las variables identificadas en el diagnóstico que acompaña al proyecto: la facilidad con que nuevas organizaciones pueden ingresar al sistema y mantenerse operativas. Pero el propio debate parlamentario ha mostrado que no existe consenso respecto de cuánto explica esa variable la fragmentación.
La senadora Claudia Pascual, por ejemplo, ha sostenido que el problema también responde al personalismo y se ha mostrado escéptica sobre la capacidad de estas normas para producir por sí solas los cambios esperados.
Cinco cambios centrales
| Qué cambia | Nueva regla | Alcance |
|---|---|---|
| Formación de partidos | Presencia en al menos ocho regiones | Eleva la exigencia territorial |
| Afiliados mínimos | 0,3% del padrón definitivo | Amplía la base utilizada para el cálculo |
| Independientes | Máximo 50% de las candidaturas parlamentarias de cada partido | Limita su presencia dentro de listas partidarias |
| Comités parlamentarios | Obtienen reconocimiento y atribuciones legales | Refuerza la organización de las bancadas |
| Cambio de partido | El aporte asociado al parlamentario queda en su colectividad de origen | El financiamiento no acompaña al legislador |
La participación de independientes es el segundo frente. El proyecto establece que, del total de candidaturas a diputado o senador declaradas por un partido, los independientes no podrán superar el 50%. Si una colectividad excede ese límite, la consecuencia prevista es el rechazo de sus candidaturas para la elección correspondiente.
También cambia la forma de calcular las firmas necesarias para las candidaturas independientes. La referencia deja de estar en quienes efectivamente sufragaron en la elección anterior y pasa a los electores incluidos en el padrón definitivo del distrito o circunscripción. La misma lógica se traslada a las elecciones municipales y regionales.
Son modificaciones que inclinan el diseño hacia partidos con mayor estructura territorial y militancia, mientras reducen algunos espacios utilizados para competir fuera de ellos. Esa tensión entre gobernabilidad y apertura de la representación ha acompañado la discusión desde que el proyecto fue aprobado por la Cámara en marzo.
El cambio continúa dentro del Congreso
La reforma no se limita a quién puede competir. También modifica lo que ocurre con diputados y senadores una vez elegidos.
El proyecto incorpora por ley la figura de los comités parlamentarios y los define como organismos encargados de coordinar políticamente a los integrantes de un partido dentro de cada cámara. Los independientes podrán formar sus propios comités o incorporarse a otros bajo determinadas condiciones.
Sus jefaturas tendrán atribuciones para organizar la coordinación política y los pareos parlamentarios, mientras los reglamentos de Senado y Cámara podrán complementar esas funciones. A ello se agrega una norma especialmente significativa: el incumplimiento de los acuerdos adoptados por un comité será considerado una infracción grave a la disciplina interna.
El proyecto pone además un costo financiero a la movilidad entre colectividades. Si un parlamentario electo como afiliado abandona el partido por el cual llegó al Congreso, esa organización continuará recibiendo el aporte estatal vinculado al legislador, incluso si este posteriormente se afilia a otra colectividad.
No significa que el parlamentario pierda su escaño. Esa sanción pertenece a otra reforma. Lo que hace este proyecto es separar al legislador del financiamiento que generó su elección, dejando esos recursos en el partido que originalmente presentó su candidatura.
La lógica que atraviesa estas medidas es similar: dificultar que los partidos funcionen únicamente como vehículos para acceder a una elección y reforzar su capacidad para mantener una estructura política después de ella. Esa fue también una de las razones planteadas durante la discusión en el Senado, donde parlamentarios favorables al proyecto defendieron partidos más cohesionados, mientras otros cuestionaron que las medidas fueran suficientes para resolver la crisis de representación.
Dos reformas que no deben confundirse
Aquí aparece una distinción fundamental. El proyecto que hoy está en Comisión Mixta no contempla el umbral electoral del 5% para acceder a escaños ni establece la pérdida del cargo parlamentario por abandonar el partido.
Esas materias pertenecen a una segunda reforma constitucional que fue despachada por el Senado a la Cámara en junio de 2025. Esa iniciativa sí establece un umbral nacional del 5% para que los partidos participen en la asignación de escaños y contempla la cesación del cargo para parlamentarios que renuncien a la colectividad por la cual fueron elegidos, bajo las condiciones previstas en el texto.
La diferencia es importante para entender la magnitud de lo que está en discusión. Una reforma actúa sobre la estructura de los partidos y el comportamiento de las bancadas; la otra modifica directamente las condiciones para transformar votos en representación parlamentaria.
Desde el Senado se ha planteado incluso que ambas iniciativas son complementarias. Durante la discusión del proyecto actual, la senadora Luz Ebensperger sostuvo que ninguna bastaba por sí sola, mientras otros legisladores cuestionaron el alcance de las medidas o advirtieron sobre los efectos de entregar mayor peso a las estructuras partidarias.
La diferencia también importa para medir sus eventuales efectos. La reforma hoy más avanzada puede elevar las barreras para crear partidos, restringir la participación de independientes y fortalecer la disciplina interna, pero no determina por sí sola cuántas colectividades alcanzarán representación en la próxima Cámara. Esa discusión depende, en buena parte, del proyecto constitucional del 5%.
El nudo que frenó la votación
El episodio que gatilló nuevamente el debate esta semana se produjo cuando el proyecto ya había superado gran parte de esas diferencias. La controversia formal entre Senado y Cámara quedó reducida a la declaración de principios que deben contener los estatutos de los partidos. El propio informe de la Comisión Mixta señala que esa era la única discrepancia pendiente entre ambas corporaciones.
La fórmula acordada en la instancia obliga a las colectividades a condenar los sistemas totalitarios, rechazar el uso, promoción o incitación de la violencia como método de acción política y comprometerse con la probidad y la transparencia. La Comisión Mixta alcanzó inicialmente un acuerdo unánime sobre esa redacción.
Sin embargo, antes de que el Senado ratificara el informe surgieron reparos desde el Partido Comunista, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Los comités acordaron postergar al menos una semana la votación para revisar nuevamente esa norma, a lo que se sumaron las ausencias de parlamentarios que se encuentran fuera del país.
El episodio retrasa el desenlace, pero no altera el fondo de una reforma que lleva más de un año atravesando dos gobiernos y distintas mayorías parlamentarias. Ingresó en junio de 2025 durante la administración de Gabriel Boric y el gobierno de José Antonio Kast renovó su suma urgencia el 8 de septiembre de 2026, manteniendo la iniciativa dentro de sus prioridades legislativas.
La discusión que permanece abierta es más profunda que la votación aplazada. Chile debe resolver cuánto quiere elevar las barreras para formar partidos, cuánto espacio mantener para los independientes y cuánto poder entregar a las organizaciones partidarias para ordenar a quienes llegan al Congreso bajo sus listas.
El resultado no eliminará por sí solo la fragmentación política. Pero sí puede modificar las reglas mediante las cuales esa fragmentación se origina, se reproduce y se expresa dentro del Parlamento, mientras el Congreso mantiene pendiente la segunda parte del debate: el umbral electoral y las condiciones para conservar un escaño.
