Presupuesto 2027 avanza al Senado entre rechazos y diferencias del propio oficialismo

La Cámara despachó el Presupuesto 2027 al amanecer, pero seis ministerios quedaron sin respaldo. Los cuestionamientos alcanzaron al propio oficialismo, especialmente por los fondos de comunicaciones, mientras regiones consiguieron sostener su inversión y transporte mantiene recortes discutidos

Cuando la Cámara de Diputadas y Diputados terminó de votar el Presupuesto 2027, pasadas las seis de la mañana de este viernes, el Gobierno podía exhibir un avance legislativo, pero también una dificultad que no esperaba resolver únicamente con la oposición. Después de más de 21 horas de sesión, seis ministerios quedaron con sus partidas rechazadas y varios de los cuestionamientos provinieron de parlamentarios que respaldan al presidente José Antonio Kast.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había pasado buena parte del jueves entre Valparaíso y Santiago. Mientras los diputados discutían las asignaciones del próximo año, debió viajar a La Moneda para intervenir en las negociaciones con los camioneros y regresar al Congreso para seguir las votaciones.

Al cierre de la jornada defendió el resultado: “Vamos bien encaminados, efectivamente, en general, aprobando prácticamente todas las partidas. Quedan algunos obstáculos, desde luego, pero creo que vamos muy bien encaminados a terminar este proceso bien”.

La Cámara ya había aprobado en general el proyecto el lunes 9 de noviembre, con 80 votos favorables y 63 contrarios. Sin embargo, al revisar cada ministerio aparecieron desacuerdos sobre programas educativos, recursos sociales y prioridades de gasto. El presupuesto considera $91,18 billones para 2027, con un crecimiento real de 1,5%, y llegará al Senado con diferencias que Hacienda deberá negociar tanto con la oposición como con los partidos oficialistas.

Republicanos cuestionan el presupuesto de comunicaciones del Gobierno

Uno de los episodios más reveladores ocurrió durante la votación de la Secretaría General de Gobierno (Segegob). La cartera, encargada de la comunicación institucional del Ejecutivo, terminó con su partida rechazada por 54 votos contra 44 y 19 abstenciones. La controversia se concentró en el incremento cercano al 45% de los recursos destinados a la Secretaría de Comunicaciones, pero fue más allá de las cifras cuando diputados de derecha comenzaron a cuestionar la existencia del propio ministerio.

El diputado republicano Agustín Romero fue particularmente crítico con la estructura que el Gobierno buscaba financiar. “Es un ministerio que no sirve para nada”, afirmó durante el debate, antes de expresar su expectativa de que la cartera desaparezca de futuros presupuestos.

El parlamentario del Partido Nacional Libertario Pier Karlezi también planteó eliminarla y trasladar las funciones de vocería a una subsecretaría del Interior, mientras desde la oposición se cuestionaron los resultados de la gestión comunicacional y la justificación del aumento.

Así, una partida presentada por el Ejecutivo terminó reuniendo críticas de sectores políticamente enfrentados, aunque por razones distintas. El Gobierno defendió sus asignaciones y recordó que Kast convocó una comisión para estudiar cambios en la estructura del Estado, pero no consiguió los votos. La discusión dejó expuesta una diferencia sobre el tamaño del aparato público que también recorre al oficialismo: Hacienda busca financiar la estructura vigente, mientras algunos de sus propios aliados exigen reducirla.

Educación y programas sociales profundizan los desacuerdos

El rechazo de Educación venía de las jornadas anteriores. La cartera llegó a la votación con reparos sobre los recursos destinados a los Servicios Locales de Educación Pública y programas de apoyo tecnológico a estudiantes. Una indicación del Ejecutivo para recuperar financiamiento terminó empatada a 72 votos. La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, planteó una advertencia que reflejó las dificultades del Gobierno para ordenar a sus parlamentarios: “Entiendo que el gobierno debe hacer ajustes y cuidar los recursos públicos, pero hay programas que debemos mirar con especial cuidado”.

La discusión alcanzó iniciativas como Yo Elijo mi PC, cuya continuidad fue cuestionada durante el debate. Para Hacienda, la propuesta responde a la necesidad de reasignar recursos y contener el crecimiento del gasto; para diputados de distintos sectores, determinados programas educativos requieren protección. El desacuerdo llegará al Senado, donde Quiroz anticipó conversaciones específicas para revisar las asignaciones y buscar una fórmula que permita aprobar la partida.

En Minería, otro de los ministerios rechazados, la votación terminó empatada a 59 sufragios. Los cuestionamientos se concentraron en los recursos para Sernageomin y en la situación de Codelco, mientras el sector enfrenta debates sobre inversión y fiscalización. Interior tampoco consiguió respaldo por diferencias relacionadas con el financiamiento de emergencias y determinados programas. Hacienda defendió la existencia de provisiones para contingencias y mayores facultades de los gobiernos regionales, pero no logró revertir la decisión.

Las votaciones de Mujer y Equidad de Género y Culturas, las Artes y el Patrimonio completaron los seis rechazos ministeriales. En Mujer, el debate se concentró en los ajustes a programas de autonomía económica y la decisión gubernamental de avanzar hacia el cierre de Prodemu.

En Cultura, el proyecto contemplaba una reducción de aproximadamente $49 mil millones, equivalente a 10,1%, junto con fuertes disminuciones para sitios de memoria. La oposición cuestionó esas medidas, mientras parlamentarios oficialistas defendieron una menor participación del Estado en el financiamiento cultural.

No toda la discusión terminó en rechazos. Salud obtuvo 82 votos favorables y 41 contrarios, aunque las diferencias continuaron en torno a una indicación relacionada con la Ley Ricarte Soto. También avanzaron Seguridad Pública, Vivienda, Transportes y Desarrollo Social, estas últimas con modificaciones y cuestionamientos a programas específicos. El resultado permitió despachar el proyecto completo de la Cámara, pero dejó varias decisiones presupuestarias para la siguiente etapa.

Regiones consiguen recursos mientras persisten las dudas por conectividad

Entre las votaciones de la madrugada, los gobiernos regionales consiguieron aprobar su partida, después de una negociación que comenzó semanas antes, cuando los 16 gobernadores rechazaron la reducción inicial propuesta por Hacienda.

El acuerdo permitió incorporar $94.897 millones adicionales y establecer un marco de aproximadamente $1,82 billones para funcionamiento e inversión regional, además de flexibilidades destinadas a iniciar la ejecución de proyectos desde enero.

La negociación había enfrentado al Ejecutivo con autoridades regionales de distintos sectores políticos. En O’Higgins, el gobernador Pablo Silva Amaya cuestionó que la propuesta original concentrara recursos en ministerios cuyas decisiones se adoptan fuera de las regiones. En Coquimbo, Los Lagos y Valparaíso surgieron reparos similares por el impacto de los ajustes sobre obras y programas locales. El entendimiento que permitió frenar el recorte inicial de 6,2% a la inversión regional consiguió avanzar en la Cámara, aunque todavía deberá superar la discusión del Senado.

La aprobación de esos recursos contrastó con lo ocurrido en Transportes. Aunque la cartera obtuvo respaldo, parlamentarios de regiones cuestionaron una disminución superior al 70% del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional, según las cifras expuestas durante el debate.

Las críticas apuntaron a los efectos que una reducción de esa magnitud podría generar sobre recorridos, servicios de buses e inversiones fuera de Santiago, mientras las asignaciones para el transporte metropolitano mantienen una situación distinta.

La votación dejó así dos decisiones sobre los territorios que avanzan por caminos diferentes. Los gobernadores consiguieron sostener su marco de inversión, pero el financiamiento de la conectividad regional continúa cuestionado. A ello se suman modificaciones aprobadas en Vivienda para considerar el aislamiento y los mayores costos de construcción en zonas extremas, disposiciones sobre las cuales el Ejecutivo formuló reservas de constitucionalidad.

Con el proyecto camino al Senado, Quiroz deberá recuperar las partidas rechazadas y revisar las modificaciones que el Gobierno no comparte. Educación, comunicaciones y programas sociales concentran buena parte de las negociaciones pendientes. El ministro anticipó que presentará ajustes y buscará acuerdos durante la próxima semana, cuando continuará la tramitación de una ley que debe quedar aprobada antes del inicio de 2027.

La madrugada terminó con el Presupuesto despachado, pero también con una señal para La Moneda: el respaldo de sus parlamentarios no será automático en todas las decisiones de gasto. Los cuestionamientos de republicanos y libertarios a Segegob, las diferencias de la UDI en Educación y las demandas por recursos regionales mostraron los distintos intereses que conviven alrededor del Ejecutivo. El Senado recibirá esas disputas junto con las partidas que la Cámara dejó sin aprobación.

Ministerios pendientes