El libelo cuestiona 56 rebajas de pena a condenados por delitos sexuales, tres beneficios por crímenes de lesa humanidad y las explicaciones del ministro. Kast lo mantiene, mientras oficialismo y PDG definirán su destino parlamentario en Diputados
La oposición concretó durante la tarde de esta jornada la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, después de dos semanas de cuestionamientos por las rebajas de condenas a agresores sexuales de menores y responsables de crímenes de lesa humanidad.
El documento, firmado por diez diputados de seis fuerzas políticas, busca establecer responsabilidades por las decisiones adoptadas durante su gestión y por las explicaciones entregadas ante el Congreso. Su presentación abre una nueva disputa para el Gobierno de José Antonio Kast, que mantiene al secretario de Estado pese a las solicitudes de renuncia.
El libelo llegó a la Cámara de Diputadas y Diputados con tres capítulos y 189 páginas, pero sin una mayoría asegurada para su aprobación. La oposición reúne alrededor de 65 respaldos y necesitaría 78 votos si participan los 155 parlamentarios, por lo que deberá sumar apoyos del Partido de la Gente (PDG) y eventualmente de sectores oficialistas que anteriormente cuestionaron la permanencia de Rabat.
La controversia ya había abierto diferencias entre el Partido Republicano y sus aliados de RN y la UDI, después de que Kast reconociera errores en las rebajas de condenas y decidiera mantener al ministro. Desde entonces, La Moneda intentó contener las críticas y sostener su respaldo parlamentario, mientras la oposición preparaba una acusación que ahora obliga a cada bancada a definir su posición sobre las actuaciones de Justicia.
Las rebajas de condenas y el cambio de criterio de Rabat
El primer capítulo cuestiona 56 decretos que redujeron penas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes entre junio y septiembre. Los acusadores sostienen que Rabat abandonó el criterio utilizado por el Ministerio de Justicia desde 2022, cuando una modificación legal restringió el acceso a esos beneficios. Según el libelo, el cambio se produjo sin una nueva disposición normativa que lo justificara y sin considerar adecuadamente los derechos de las víctimas.
La segunda parte aborda las rebajas concedidas a tres condenados por crímenes de lesa humanidad, decisiones que la oposición considera contrarias a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
El documento cuestiona que no se ponderaran suficientemente la gravedad de los delitos, la colaboración de los condenados con el esclarecimiento de los hechos y los derechos de las víctimas. El tercer capítulo apunta a las explicaciones que Rabat entregó al Congreso los días 27 y 28 de octubre, cuando atribuyó las decisiones a las comisiones evaluadoras y a los criterios establecidos por los tribunales.
La defensa del ministro sostiene que la legislación limita las atribuciones de Justicia cuando las comisiones correspondientes aprueban las solicitudes. Sin embargo, una investigación de CIPER publicada este mismo jueves identificó 22 casos de otros delitos, entre ellos homicidios y tráfico de drogas, en los que el ministerio rechazó reducciones incluso después de adoptar el criterio que Rabat utilizó para justificar los beneficios concedidos a agresores sexuales.
El antecedente se suma a otros nueve rechazos anteriores defendidos por la cartera ante tribunales, seis de los cuales obtuvieron resoluciones favorables.
La discusión jurídica adquirió especial relevancia porque Rabat había sostenido que la actuación ministerial se encontraba condicionada por las decisiones de las comisiones de rebaja y de la Corte Suprema. El diputado socialista Raúl Leiva defendió la preparación del documento frente a las críticas por la demora. “Un texto de esa naturaleza no es improvisación, es trabajo, es seriedad y responsabilidad”, afirmó el parlamentario, mientras la oposición sostiene que las decisiones administrativas y las declaraciones del ministro configuran infracciones constitucionales.
La acusación enfrenta a Kast con las diferencias del oficialismo
La presentación también dejó expuestas las posiciones dentro de los partidos que respaldan al Ejecutivo. Mientras el Partido Republicano defiende la continuidad de Rabat, parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI expresaron reparos a su permanencia desde que se conocieron las rebajas.
La presidenta de RN, Andrea Balladares, anticipó que los diputados de su colectividad evaluarán el mérito del documento sin instrucciones partidarias, mientras el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, respaldó la decisión presidencial y cuestionó las posibilidades de aprobación del libelo.
Desde la oposición, el diputado del Frente Amplio Jorge Brito vinculó directamente la continuidad del secretario de Estado con la decisión del Mandatario. “Si el presidente Kast lo ratificó, este Congreso lo debe sacar”, sostuvo durante la presentación. Su compañera de bancada, Emilia Schneider, acusó al Gobierno de actuar contra los intereses de las víctimas y cuestionó las explicaciones del ministro ante la Cámara, mientras los parlamentarios firmantes insistieron en que el procedimiento busca establecer responsabilidades constitucionales por decisiones concretas.
La votación también dependerá de los diputados del Partido de la Gente, que todavía no comprometen una posición común. La acusación será puesta formalmente en conocimiento de la Cámara el lunes 16 de noviembre, dando inicio a su tramitación y a la revisión de sus fundamentos.
Si obtiene la mayoría de los diputados presentes, Rabat quedará suspendido de sus funciones y el caso pasará al Senado, donde se requerirá el respaldo de la mayoría de los senadores en ejercicio para destituirlo. Una eventual condena constitucional implicaría además cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
La continuidad del ministro queda en manos del Congreso
Mientras la oposición intenta reunir los votos, Rabat continúa al frente de Justicia y mantiene la defensa de su actuación. Este miércoles informó la entrega reservada de 309 decretos de rebajas de condenas a la Comisión de Constitución del Senado, correspondientes a distintas administraciones desde 2022, y señaló que 17 no estaban asociados a una sentencia de la Corte Suprema.
Los documentos permitirán contrastar los procedimientos utilizados por el ministerio, mientras el Ejecutivo busca modificar el sistema vigente después de extender la suspensión administrativa de las rebajas de condena a todos los delitos.
La decisión de Kast de mantener a Rabat convirtió la acusación en un conflicto que alcanza también a los partidos oficialistas. La oposición necesita respaldos adicionales para llevar el caso al Senado, mientras los parlamentarios que acompañan al Gobierno deberán resolver si consideran suficientes las explicaciones del ministro.
El libelo ya está presentado y Rabat permanece en su cargo, pero su continuidad dependerá ahora de una discusión parlamentaria donde las diferencias jurídicas sobre las rebajas de condenas se cruzarán con las posiciones políticas de quienes deben votar.
