La Cámara respaldó la idea de legislar, pero dejó pendientes decisiones sobre programas educativos y financiamiento territorial. Hacienda defiende el control del gasto, mientras parlamentarios y gobernadores buscan asegurar recursos para prioridades sociales y regionales del país
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes 9 de noviembre, en general, el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, con 80 votos a favor, 63 en contra y una abstención. El resultado permite al Gobierno de José Antonio Kast avanzar en la tramitación de su primera propuesta presupuestaria, aunque mantiene abiertas diferencias por el financiamiento de la educación, los programas sociales y la inversión regional.
La aprobación se produjo después de más de tres horas de debate parlamentario. Las disposiciones de quórum especial consiguieron 81 votos favorables, 63 contrarios y una abstención, correspondiente al diputado Jaime Mulet. El proyecto contempla un gasto del Gobierno Central de $91,18 billones, con un crecimiento real de 1,5% respecto de la ejecución esperada para 2026 y un déficit fiscal proyectado de 1,8% del PIB.
La discusión enfrentó dos posiciones sobre el uso de los recursos públicos. Mientras el oficialismo defendió las prioridades del Ejecutivo y la necesidad de contener el gasto, la oposición cuestionó los ajustes en programas sociales. El diputado republicano Agustín Romero sostuvo que el proyecto “tiene como mérito fundamental atender las urgencias del presente y recuperar las condiciones del país que permitan sostener esas respuestas en el futuro”.
Educación concentra las diferencias entre Gobierno y parlamentarios
Uno de los principales conflictos se encuentra en el Ministerio de Educación, cuya partida fue rechazada íntegramente durante la revisión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, al igual que la correspondiente a Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ambas quedaron pendientes para la discusión particular, en medio de cuestionamientos sobre la distribución de los recursos educativos.
La diputada Daniela Serrano (PC) cuestionó que el Ejecutivo no incorporara modificaciones reclamadas durante la tramitación anterior. “Poco se dice que en este trámite estamos enfrentando un presupuesto donde el Ejecutivo no repone lo que ya fue rechazado”, afirmó durante el debate parlamentario.
Entre los puntos de mayor controversia figura la continuidad de Yo Elijo mi PC, iniciativa de entrega de computadores a estudiantes, cuyo financiamiento no aparece contemplado en la propuesta original para 2027. También existen diferencias por los recursos destinados a Liceos Bicentenario, infraestructura y programas de recuperación educativa.
Las críticas alcanzaron incluso a sectores oficialistas. La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, manifestó que “Entiendo que el gobierno debe hacer ajustes y cuidar los recursos públicos, pero hay programas que debemos mirar con especial cuidado”. La parlamentaria defendió la continuidad del apoyo tecnológico para estudiantes, en particular aquellos pertenecientes a familias con mayores dificultades económicas.
El debate educativo no se limita al monto global de la partida, sino a su distribución entre programas y beneficiarios. Mientras Hacienda sostiene que la propuesta busca priorizar el gasto y corregir iniciativas con problemas de ejecución, parlamentarios de distintos sectores exigen revisar las reducciones que podrían afectar el acceso a herramientas educativas y la continuidad de determinados establecimientos.
Regiones buscan consolidar acuerdo por $1,82 billones
En paralelo, los 16 gobiernos regionales llegan a esta etapa legislativa con un acuerdo alcanzado el 4 de noviembre entre Hacienda, gobernadores y parlamentarios. La Comisión Especial Mixta aprobó por unanimidad una indicación que establece $1,82 billones para funcionamiento e inversión regional, incorporando $94.897 millones adicionales respecto del proyecto que se encontraba en tramitación.
El subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, valoró el resultado de las negociaciones y sostuvo que “el gobierno tiene conciencia de la importancia que tienen las regiones para el desarrollo del país, para la generación de empleo, para la inversión pública”.
El entendimiento incorpora modificaciones destinadas a facilitar la ejecución de recursos desde enero de 2027, sin esperar la totalidad de las resoluciones administrativas iniciales. Además, aumenta del 2% al 4% el margen presupuestario que los gobiernos regionales podrán destinar a emergencias y amplía las facultades de gestión sobre determinadas asignaciones.
Otra disposición contempla que los ingresos provenientes de la venta de determinados activos fiscales se distribuyan en partes iguales entre el Fisco y los gobiernos regionales correspondientes. También se establecen mecanismos para incorporar ingresos propios durante el ejercicio presupuestario, junto con flexibilidades para iniciativas de empleo e inversión territorial.
El acuerdo constituye un avance en las negociaciones presupuestarias, pero su aplicación dependerá de la aprobación definitiva de las disposiciones incorporadas al proyecto. Para los gobiernos regionales, el resultado tendrá consecuencias sobre la programación de obras, las transferencias y la capacidad de ejecutar inversiones durante los primeros meses del próximo año.
El Congreso definirá las prioridades del gasto público
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la orientación de la propuesta durante su tramitación en la Comisión Especial Mixta. “Este es un presupuesto de ajuste moderado, con un crecimiento moderado del gasto, que se atreve a poner ciertos énfasis y a hacer reasignaciones importantes”.
El Ejecutivo concentra sus prioridades en seguridad, niñez, empleo, reactivación económica y obras públicas, mientras el Congreso deberá resolver las partidas cuestionadas y las modificaciones solicitadas por parlamentarios.
La discusión particular comenzará el martes 10 de noviembre, con sesiones programadas hasta el jueves 12. La aprobación general representa un avance para el Gobierno, pero no constituye el despacho definitivo del Presupuesto 2027.
Las siguientes votaciones determinarán cuánto recibirán los programas educativos y qué condiciones regirán para la inversión regional, dos ámbitos donde las decisiones del Congreso tendrán efectos directos sobre las comunidades y los servicios públicos.
