Morrompulli reúne la basura de Los Ríos y enfrenta un cierre cercano. Osorno discute costos, Lautaro cuestiona un nuevo relleno y O’Higgins busca alternativas. Contraloría detectó instalaciones irregulares y anunció una fiscalización que alcanza a 345 municipios
En Morrompulli, al sur de Valdivia, la basura de toda una región termina en un mismo lugar. Las doce comunas de Los Ríos dependen de este vertedero, pero son las familias de los sectores cercanos las que conviven directamente con sus efectos. Los reclamos se arrastran por años y los vecinos llegaron a describir su localidad como el “patio trasero” de la región.
En noviembre de 2025, el presidente de la Junta de Vecinos de Futa, Andrés Sepúlveda, calificó de “poco serio” el cambio de plazos para construir el relleno sanitario destinado a reemplazar la instalación.
El tiempo comienza a convertirse en otro problema. Morrompulli tiene previsto cerrar en marzo de 2028, mientras el proyecto que debe sustituirlo continúa pendiente de estudios técnicos tras la paralización de sus obras. En octubre de 2026, el gobernador regional, Luis Cuvertino, informó que esos análisis deberían terminar antes de finalizar el año. La entrada en funcionamiento de la nueva infraestructura llegó a proyectarse para 2029, dejando abierta la incertidumbre sobre qué ocurrirá con los residuos de las doce comunas si los plazos no coinciden.
La situación de Los Ríos forma parte de un problema mucho mayor. El Consolidado de Información Circularizada N° 28 de la Contraloría General de la República reveló que el 49% de los sitios de disposición final de residuos domiciliarios no cuenta con autorización sanitaria vigente.
El informe también identificó ocho vertederos con fechas de vida útil vencidas entre 2003 y 2015, graves deficiencias de información municipal y una elevada concentración de residuos en pocas instalaciones. Los antecedentes llevaron al organismo fiscalizador a anunciar una revisión nacional que examinará las condiciones en que Chile deposita millones de toneladas de basura cada año.
La basura de unas comunas termina en el territorio de otras
En Lautaro, Región de La Araucanía, la búsqueda de nuevos espacios para disponer residuos abrió una disputa entre la necesidad de infraestructura y la oposición de comunidades rurales. El proyecto Pintamahuida, impulsado por la empresa Gestión Ecológica de Residuos (Gersa), obtuvo aprobación ambiental en septiembre de 2026, por nueve votos contra dos, en medio de manifestaciones de vecinos y organizaciones que cuestionan su emplazamiento.
Las seremis de Salud y Vivienda votaron en contra, mientras otras autoridades sectoriales respaldaron la iniciativa. Para sus promotores, el recinto permitiría ampliar las alternativas regionales; para sus opositores, trasladaría nuevas cargas ambientales hacia sectores rurales de la comuna.
El conflicto llegó a tribunales el 28 de octubre, cuando la Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible un recurso de protección contra la aprobación ambiental de Pintamahuida. Las organizaciones recurrentes plantearon eventuales riesgos para las fuentes de agua, la salud y el entorno de las familias del sector.
El tribunal solicitó antecedentes a los organismos involucrados y a la empresa, aunque rechazó suspender los efectos de la autorización mientras se tramita la causa. La controversia expone una tensión que atraviesa distintas regiones: la necesidad de contar con lugares donde depositar la basura enfrenta la resistencia de comunidades que cuestionan recibir los desechos de otros territorios.
En Valparaíso, la preocupación tiene dos plazos distintos. El relleno sanitario El Molle, que presta servicios a varias comunas, tiene una vida útil autorizada proyectada hasta marzo de 2028. La municipalidad encargó un estudio para determinar su capacidad restante y evaluar una eventual ampliación. Más urgente resulta la situación de la provincia de San Antonio, donde la estación de transferencia ubicada en Cartagena cuenta con autorización de funcionamiento hasta diciembre de 2026.
Desde allí, los residuos son trasladados en camiones de mayor capacidad hacia su destino final. Los alcaldes buscan extender ese permiso mientras se desarrolla una solución permanente, cuya preparación podría tardar varios años.
La incertidumbre también alcanza a Osorno, Región de Los Lagos, donde el vertedero Curaco recibe los residuos de siete comunas. En mayo, distintos alcaldes cuestionaron los aumentos en los costos de disposición final. La alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, informó que su municipio pasó de pagar aproximadamente $55 millones anuales en 2024 a $110 millones en 2025, mientras San Pablo registró un aumento de $48 millones a $73 millones. Los mayores cobros presionan presupuestos comunales que deben financiar educación, asistencia social y otros servicios, mientras las autoridades siguen buscando una solución definitiva para reemplazar el recinto.
Curaco arrastra además problemas ambientales. En 2025, la Superintendencia del Medio Ambiente ordenó medidas urgentes a la Municipalidad de Osorno relacionadas con el manejo de líquidos percolados y residuos, después de recibir denuncias sobre las condiciones de operación.
A ello se suma una diferencia relevante sobre su futuro: Contraloría estima que le resta aproximadamente un año de vida útil, mientras antecedentes regionales publicados en octubre señalan una extensión operacional hasta 2031. Los municipios continúan dependiendo del vertedero mientras persisten las dificultades para concretar el proyecto de un nuevo centro de tratamiento provincial.
O’Higgins y el riesgo de repetir una crisis que ya afecta a otras regiones
En O’Higgins, el relleno sanitario La Yesca, ubicado en Requínoa, concentra cerca del 67% de los residuos regionales, equivalentes a más de 285 mil toneladas anuales, según antecedentes entregados por el gobernador Pablo Silva Amaya. Su vida útil está proyectada hasta 2028, un horizonte que obligó a impulsar nuevas alternativas.
En enero de 2026, diecisiete municipios firmaron un convenio para administrar conjuntamente el recinto y enfrentar decisiones sobre operación, contratos, permisos y cierre. El Gobierno Regional dispone de una Estrategia de Residuos Sólidos Domiciliarios y Economía Circular 2024-2036 y trabaja en un Centro de Tratamiento Integral, pero todavía debe transformar esa planificación en infraestructura capaz de atender las necesidades futuras.
El caso de Sierra Gorda, en Antofagasta, demuestra que contar con financiamiento tampoco garantiza una solución. Contraloría identificó un relleno sanitario construido con recursos públicos que permanece sin operar, mientras los residuos continúan depositándose en instalaciones que no cumplen los estándares técnicos y ambientales actualmente exigidos.
A diferencia de las comunas que todavía buscan recursos para construir nuevos recintos, aquí existe una inversión materializada que aún no presta el servicio esperado. La situación plantea interrogantes sobre la ejecución de proyectos y las responsabilidades institucionales necesarias para ponerlos en funcionamiento.
Los casos regionales forman parte de un sistema donde solo doce instalaciones reciben el 64% de las toneladas de residuos domiciliarios del país, provenientes del 59% de las comunas. Tres rellenos sanitarios —Loma Los Colorados, en la Región Metropolitana; Los Ángeles, en Biobío; y Fundo Las Cruces, en Ñuble— concentran por sí solos un tercio de las toneladas nacionales. Esta dependencia obliga a numerosos municipios a utilizar instalaciones fuera de sus propios territorios y vuelve especialmente compleja cualquier interrupción de operaciones.
La planificación tampoco acompaña siempre esas necesidades. Once de las dieciséis regiones no cuentan con un Plan Regional de Gestión de Residuos vigente, mientras el 82% de las municipalidades omitió entregar información obligatoria sobre recolección, valorización o eliminación de residuos durante al menos uno de los períodos examinados entre 2022 y 2024.
Solo en 2024, 203 municipios no declararon antecedentes de recolección domiciliaria en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, una cifra inferior a los 242 de 2022, pero que sigue evidenciando importantes vacíos de información. Los principales hallazgos del informe permiten dimensionar el alcance nacional de las deficiencias detectadas.
Radiografía de la gestión de residuos domiciliarios en Chile
| Indicador | Hallazgo de Contraloría |
|---|---|
| Autorización sanitaria | 49% de los sitios de disposición final sin autorización vigente. |
| Vertederos agotados | 8 instalaciones con fechas de vida útil vencidas entre 2003 y 2015. |
| Concentración de residuos | 12 sitios reciben el 64% de las toneladas nacionales. |
| Planificación regional | 11 de las 16 regiones sin Plan Regional de Gestión de Residuos vigente. |
| Información municipal | 82% de los municipios omitió información en al menos un período entre 2022 y 2024. |
Fuente: Contraloría General de la República, Consolidado de Información Circularizada N° 28, noviembre de 2026.
Municipios bajo fiscalización y territorios que siguen esperando soluciones
Frente a estos antecedentes, Contraloría anunció una fiscalización nacional sobre el manejo de residuos domiciliarios, que examinará las condiciones de las instalaciones, los riesgos ambientales, sanitarios y financieros, la calidad de los antecedentes reportados y el cumplimiento de la normativa. El organismo también oficiará a las seremis de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente para conocer sus planes de fiscalización correspondientes a 2026 y 2027.
La revisión alcanzará un sistema en el que las municipalidades tienen responsabilidades directas, pero donde las inversiones, autorizaciones y soluciones de mayor escala requieren la participación de distintas instituciones públicas.
Mientras comienzan esas actuaciones, la basura seguirá llegando diariamente a instalaciones que enfrentan problemas de capacidad, financiamiento o aceptación territorial. En Los Ríos, las comunidades esperan el reemplazo de Morrompulli; en Lautaro, los vecinos mantienen una controversia judicial; en Valparaíso, las autoridades buscan extender la operación de instalaciones indispensables; y en Osorno, los municipios discuten los costos de mantener el servicio. O’Higgins intenta anticiparse al agotamiento de La Yesca, mientras Sierra Gorda mantiene infraestructura pública sin utilizar.
Detrás de cada situación aparece una misma disputa: quién decide dónde terminarán los residuos, quién financiará las soluciones y qué comunidades deberán convivir con sus consecuencias.
