Desde Roma, Kast asumió la responsabilidad política por las rebajas de condena y ratificó a Fernando Rabat. La oposición respondió con una acusación en preparación, nuevas gestiones ante Contraloría y críticas que también tensionan al propio oficialismo
El presidente José Antonio Kast decidió asumir personalmente el costo político de las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y desafió a la oposición a presentar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Desde Roma, el Mandatario ratificó su permanencia en el gabinete y reivindicó una atribución que considera exclusivamente presidencial: “La responsabilidad política, no de derecho, la asumí yo, porque soy el Presidente de la República”.
El respaldo fue acompañado de una defensa de sus facultades frente al Congreso. Kast sostuvo que “en una democracia como la nuestra, a los ministros los nombra el presidente de la República y les pide el cese de funciones el presidente”. Su intervención elevó el enfrentamiento político, mientras Chile Vamos intentaba contener las diferencias internas y algunos de sus parlamentarios mantenían sus cuestionamientos al ministro.
La decisión presidencial llega en un momento complejo para La Moneda. La última encuesta Plaza Pública Cadem registró 69% de desaprobación a Kast, mientras un 70% manifestó su desacuerdo con la permanencia de Rabat. Aunque el deterioro de la evaluación presidencial también responde a factores económicos y sociales, la controversia por los decretos se convirtió en uno de los principales focos de cuestionamiento a la conducción gubernamental.
Kast desafía al Congreso y la oposición responde
El Mandatario también cuestionó las advertencias opositoras de rechazar partidas presupuestarias y paralizar iniciativas legislativas como medida de presión. Insistió en que la respuesta debe concentrarse en modificar las leyes que permitieron las rebajas de condena y emplazó a los parlamentarios a concretar la acusación constitucional. “Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho”, reprochó, antes de insistir: “Que la presenten y que se vote”.
El senador Iván Flores (DC) respondió desde el Congreso y cuestionó que Kast convirtiera la defensa de Rabat en una confrontación entre poderes del Estado. El parlamentario calificó la intervención presidencial como un día de furia y criticó el tono del emplazamiento: “Lo que está haciendo, ese toreo que le hace al Congreso Nacional, creo que no es bueno ni para la figura del presidente”. Flores también puso en duda las razones que llevan al Ejecutivo a sostener al ministro pese al rechazo que genera su continuidad.
El presidente del PPD, Raúl Soto, apuntó a las contradicciones entre las explicaciones iniciales de Rabat y la posterior decisión de Kast de asumir la responsabilidad política. El diputado cuestionó que el ministro intentara desvincular al Presidente del conocimiento de los decretos y que ahora el propio Mandatario asumiera el costo de la controversia: “Ahora el Presidente, para respaldar a su ministro, se echa la culpa a él mismo. ¿A quién le creemos? Uno de los dos está mintiendo”.
La oposición tampoco modificará su calendario por el emplazamiento presidencial. Tras una reunión de las bancadas, Soto respondió que “como partidos y bancadas de oposición, queremos decir con claridad que el presidente José Antonio Kast no nos va a pautear desde el extranjero”.
Los parlamentarios acordaron continuar la elaboración jurídica del libelo y fijaron para el jueves una nueva instancia de trabajo con abogados constitucionalistas. Hasta este martes, la acusación todavía no ingresaba formalmente a la Cámara.
Contraloría abre otro frente por los 56 decretos
El enfrentamiento político avanzó en paralelo hacia los organismos fiscalizadores. Diputados opositores recurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar los antecedentes de los decretos que permitieron rebajar condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La gestión surgió después de que la Defensoría de la Niñez denunciara que Justicia no respondió oportunamente un requerimiento formal de información.
La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, acusó al ministro de mantener antecedentes sin transparentar y exigió la intervención del organismo contralor. “Le estamos planteando a Contraloría que tiene que tomar cartas en el asunto y aplicar las sanciones correspondientes, porque el ministro Rabat ocultó información”, sostuvo. La acusación de ocultamiento corresponde a una imputación de la parlamentaria, mientras el incumplimiento del plazo de respuesta figura entre los antecedentes denunciados por la Defensoría.
El organismo solicitó los documentos el 22 de octubre y el plazo para responder venció el día 29. Ante la falta de entrega, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar que se dejen sin efecto los decretos cuestionados. Su presentación también exige medidas de protección para las víctimas, especialmente en aquellos casos en que las personas condenadas recuperaron su libertad.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, situó el debate más allá de las responsabilidades ministeriales. “No basta con explicar por qué se concedieron estos beneficios; también hay que responder qué se está haciendo para resguardar a quienes sufrieron estos delitos”, planteó. La acción judicial cuestiona el cambio de criterio administrativo aplicado por Justicia y sostiene que las decisiones no ponderaron suficientemente los riesgos para las víctimas.
La derecha cuestiona el manejo de la crisis
Mientras Kast defendía a Rabat desde Europa, el vicepresidente Claudio Alvarado reunió en La Moneda a los presidentes de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. El encuentro buscó contener las diferencias después de que RN cuestionara la conducción política y comunicacional de la controversia. La presidenta de RN, Andrea Balladares, y el líder de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, insistieron en sus reparos, aunque reconocieron que la decisión sobre la continuidad del ministro corresponde al Presidente.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, también admitió los costos de la decisión gubernamental, aunque descartó que necesariamente exista una infracción constitucional. “No vale la pena ocultar que aquí hubo un error político que ha tenido consecuencias importantes”, afirmó. La distinción es relevante para la discusión parlamentaria: cuestionar políticamente una decisión ministerial no equivale, por sí solo, a acreditar una causal de acusación constitucional.
La excandidata presidencial Evelyn Matthei fue más lejos y aseguró que respaldaría la acusación si ocupara un escaño en el Congreso. “La votaría a favor y no porque crea que haya cometido una falla constitucional, sino porque ese ministro ya no es viable”, afirmó en CNN Chile. Su postura profundizó las diferencias dentro de la derecha sobre cómo resolver la controversia y hasta dónde debe llegar el respaldo político al secretario de Estado.
Las gestiones presidenciales tampoco consiguieron modificar la posición de todos los parlamentarios oficialistas. El diputado Hotuiti Teao, independiente de la bancada UDI, confirmó que recibió una llamada de Kast y mantuvo sus cuestionamientos a las rebajas de condena. El legislador valoró la comunicación, pero recalcó que el diálogo no implicaba abandonar su posición y que, a su juicio, existieron alternativas jurídicas que el ministerio pudo agotar antes de conceder los beneficios.
Desde Roma, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), también reconoció las dificultades para evitar descuelgues oficialistas ante una eventual votación. Aunque llamó a rechazar la acusación constitucional, admitió que la controversia puede afectar la disciplina parlamentaria.
La Moneda enfrenta así una discusión que ya no se limita a sus adversarios políticos, sino que también compromete la relación con partidos y legisladores que respaldan al Gobierno.
