Una paciente del Biobío cuenta que su medicamento cuesta más de un millón mensual. Hacienda propone reducir el fondo un 14,5% real, mientras pacientes, parlamentarios y Salud enfrentan una disputa por el financiamiento de 2027 en Chile
Claudia Gajardo tiene 57 años y lleva cerca de quince conviviendo con artritis psoriásica. Antes de acceder a un medicamento financiado por la Ley Ricarte Soto, el dolor había comenzado a quitarle autonomía. “Ya no me podía parar ni sentar, ya estaba incluso dejando de caminar”, relató a Diario Concepción.
Hoy recibe un tratamiento que cuesta más de un millón de pesos mensuales, una cantidad que no podría pagar con sus propios ingresos. Como ella, miles de personas dependen de una garantía estatal para enfrentar enfermedades graves sin que el costo de sus medicamentos termine por arruinar a sus familias.
Esa seguridad enfrenta una nueva controversia. El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de José Antonio Kast contempla una reducción real de $28.208 millones en el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, equivalente a un 14,5%.
El Ministerio de Hacienda propone pasar de $189.696 millones nominales en 2026 a $166.951 millones el próximo año, mientras Salud asegura que ningún tratamiento garantizado será suspendido. La explicación no ha convencido a las organizaciones de pacientes ni a los parlamentarios que exigen reponer los recursos.
La discusión involucra a un sistema que registra 84.282 usuarios acumulados a noviembre de 2025, de los cuales 44.286 recibían efectivamente tratamiento. Para 2026, una proyección técnica estima 46.917 beneficiarios activos anuales, cerca de 47 mil pacientes.
La cobertura permite financiar diagnósticos y terapias que pueden costar millones de pesos, aunque recibir atención oportuna sigue dependiendo también de las diferencias territoriales en el acceso a especialistas y centros sanitarios.
“Cuando el Estado deja de financiar algo, quienes tienen que hacerlo son las familias”
La preocupación de Claudia Gajardo se repite entre pacientes con enfermedades raras, oncológicas e inmunológicas. Las organizaciones reunidas en la campaña “Cuidemos la Ricarte” advierten que el fondo ya enfrenta dificultades para financiar las garantías existentes y lleva años sin incorporar nuevas patologías. El gasto efectivo supera los $200 mil millones anuales y las agrupaciones temen que una asignación inicial menor prolongue la incertidumbre.
Alejandro Andrade, presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras (FECHER), fue categórico: “Cuando el Estado deja de financiar algo, quienes tienen que hacerlo son las familias. Y es imposible que ese peso siga cayendo encima de ellas”.
Las agrupaciones reclaman una solución que no dependa de suplementaciones presupuestarias anuales. Cecilia Rodríguez, directora de Participación e Incidencia de Fundación Me Muevo, explicó el objetivo de la movilización: “Traemos una propuesta concreta para asegurar los tratamientos de quienes hoy dependen de esta ley y abrir espacio a quienes esperan”.
La campaña también cuenta con la participación de Jessica Cubillos, presidenta de FENPOF Chile, quien definió la gravedad de lo que está en juego: “La Ley Ricarte Soto no es un tecnicismo, es la diferencia entre poder tratarse o ver avanzar una enfermedad, ¡es vida!”.
Las organizaciones han reunido miles de adhesiones para exigir una ley corta que asegure recursos permanentes. El planteamiento también fue recogido por Cecilia Rodríguez, Alejandro Andrade y Jessica Cubillos en una declaración conjunta, donde advirtieron que la incertidumbre financiera amenaza la estabilidad de familias que ya enfrentan gastos médicos, cuidados prolongados y dificultades económicas.
Cariola emplaza a Hacienda y Castro advierte sobre los tratamientos
La senadora Karol Cariola (PC) reaccionó con dureza a la rebaja propuesta. Calificó la decisión de “profundamente inhumano y macabro” y cuestionó que el Ministerio de Salud la presentara como un asunto técnico. La parlamentaria exigió explicaciones sobre la diferencia entre los recursos considerados en el proyecto y el costo de mantener las garantías actuales.
La senadora también apuntó a las consecuencias familiares de una enfermedad de alto costo. Recordó que hay hogares que han organizado bingos y contraído deudas para conseguir medicamentos, mientras el Ejecutivo sostiene que la reducción presupuestaria no tendrá efectos en las prestaciones garantizadas.
Desde O’Higgins, el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, fue igualmente duro. “Por favor, este es un ataque realmente inhumano a gente que solo tiene esa Ley Ricarte Soto para poder salvar su vida”, afirmó al exigir la reposición de los recursos.
El parlamentario también alertó sobre los riesgos que puede provocar una demora en las prestaciones. Durante la discusión presupuestaria advirtió que el ajuste no es simplemente administrativo, porque las interrupciones en tratamientos de enfermedades graves pueden comprometer la salud de los pacientes. Su cuestionamiento llegó a la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, donde parlamentarios y organizaciones sanitarias reclamaron una explicación sobre el financiamiento del fondo.
La respuesta del Gobierno llegó de la ministra de Salud, May Chomali, quien insistió en que las garantías legales se mantendrán. “La Ley Ricarte Soto no es un beneficio social, es una ley; por lo tanto, tenemos que cumplir la ley”, señaló al defender la continuidad de los medicamentos para quienes cumplen los requisitos de cobertura.
Chomali reconoció, sin embargo, que el fondo se agota este año y que ingresan más pacientes de los que dejan de recibir prestaciones. El Ejecutivo sostiene que podrá incorporar recursos adicionales durante la ejecución presupuestaria, como ha ocurrido en ejercicios anteriores. Esa garantía, por ahora, comprende las 27 enfermedades cubiertas, sin establecer una fecha para sumar nuevas patologías.
La reforma que Hacienda todavía debe financiar
El conflicto volvió al Senado el 27 de octubre, cuando la Comisión de Salud examinó un proyecto para elevar de $100 mil millones a $185 mil millones el aporte fiscal anual fijado por ley. La iniciativa también propone aumentar del 80% al 90% la proporción de recursos que pueden comprometerse para diagnósticos y tratamientos. El Gobierno decidió continuar con la tramitación de la reforma iniciada durante la administración anterior, pero su aprobación no significa que la reducción presupuestaria para 2027 haya sido revertida.
Cariola volvió a intervenir. Esta vez reconoció que el Ejecutivo recogiera el proyecto, aunque advirtió que su tramitación no resolvía la rebaja propuesta para el próximo año. “Me preocupa la suficiencia del nuevo aporte porque el gasto presupuestado supera con creces el alza. Entonces ¿hasta qué año se garantiza la cobertura?”, preguntó durante la sesión.
La respuesta de Chomali dejó abierta la discusión. “No hay certezas absolutas de que el alza será suficiente”, reconoció la ministra, quien defendió mecanismos para negociar mejores precios y modificar los costos de las prestaciones. La propuesta también considera revisar el eventual traspaso de tratamientos al sistema GES, manteniendo sus garantías, con el propósito de liberar recursos para nuevas coberturas.
El Congreso deberá resolver ahora dos asuntos que avanzan por caminos distintos: la asignación del Presupuesto 2027 y la modificación permanente del financiamiento del fondo. El Gobierno asegura que cumplirá las garantías actuales; los pacientes piden que esa obligación no dependa de nuevas transferencias durante el año y que las enfermedades excluidas puedan acceder a cobertura.
Para Claudia Gajardo, que necesita recibir cada mes un medicamento cuyo costo supera su capacidad de pago, la continuidad del tratamiento no es una cuestión contable. Tampoco lo es para las familias que, además de convivir con una enfermedad grave, enfrentan deudas y dificultades para financiar sus gastos habituales. La decisión quedará en manos del Congreso, mientras miles de pacientes esperan que los recursos para sus medicamentos estén disponibles cuando los necesiten.
