De Chiloé a Magallanes, la distancia encarece vivienda, transporte y atención médica. Las audiencias de 26 municipios revelan cómo las reglas del Estado prolongan esperas, paralizan inversiones y obligan a los vecinos a pagar la diferencia
Para alguien que vive en La Dehesa o en un barrio urbano de Viña del Mar, salir a comprar medicamentos o acudir a una consulta médica puede significar enfrentar el tráfico, calcular tiempos, disponer de dinero para movilizarse y, a lo mucho, perder media hora esperando al especialista.
En Curaco de Vélez, en Chiloé, existe una dificultad adicional: cruzar un canal de apenas cinco minutos cuesta $7.000 ida y vuelta. El servicio de barcazas termina a medianoche y, si surge una emergencia, la posibilidad de desplazarse depende de una conectividad que no siempre está disponible.
Lo más contradictorio es que el Estado destina $300 millones mensuales a subsidiar ese cruce, sin conseguir resolver completamente los problemas de horarios, frecuencia y tarifas que afectan a los habitantes de la isla.
La distancia también determina cuánto cuesta acceder a una vivienda. En Puerto Williams, mientras una familia espera una solución habitacional, los materiales de construcción deben recorrer unas 30 horas de navegación desde Punta Arenas.
El resultado, según expuso el alcalde de Cabo de Hornos, Jaime Fernández, es que una vivienda social básica puede costar $190 millones. No se trata de casas de mayor estándar ni de familias con más recursos, sino de los sobrecostos que impone levantar una construcción en uno de los territorios más australes del país. Sin embargo, los instrumentos de financiamiento habitacional no siempre reconocen esas diferencias.
Lo que sucede en ambas comunas no constituye una excepción. Es parte de una realidad que quedó documentada en siete sesiones de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputadas y Diputados, realizadas entre junio y septiembre de 2026.
Alcaldes de 26 comunas de cinco regiones expusieron cómo la distancia, la burocracia y las fórmulas nacionales de financiamiento condicionan la vida de sus habitantes. Los testimonios, sistematizados en cinco problemas estructurales y 19 propuestas, adquieren particular relevancia cuando los gobiernos regionales cuestionan la reducción de recursos para inversión contemplada en el Presupuesto 2027.
Cuando enfermarse significa depender de una lancha
En Quemchi, también en Chiloé, la diferencia entre vivir en una ciudad y hacerlo en una isla puede volverse decisiva durante una emergencia médica. El alcalde Javier Ugarte relató ante la comisión una situación difícil de justificar: ninguna de las dos lanchas ambulancia del Servicio de Salud estaba operativa. Una tenía el motor inutilizado y la otra nunca fue reparada. Mientras tanto, unas 1.500 personas distribuidas en ocho islas habitadas dependen de traslados marítimos que, durante la noche, pueden superar las cuatro horas.
La comuna registra aproximadamente 80 evacuaciones médicas marítimas al año, pero el municipio debe arrendar embarcaciones para responder a esas urgencias. No es una responsabilidad menor para una administración cuyo presupuesto anual alcanza los $5.110 millones y depende en un 65% del Fondo Común Municipal. A ello se agregan los $230 millones que destina anualmente a mantener su Servicio de Urgencia Rural, recursos que compiten con otras necesidades de una población dispersa y con dificultades permanentes de acceso.
La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué una comuna debe financiar soluciones extraordinarias para garantizar una atención que en otros territorios forma parte del funcionamiento habitual de la red pública? La respuesta aparece en los criterios utilizados para distribuir recursos.
El sistema sanitario considera principalmente el número de habitantes, pero no siempre reconoce el costo de atender a personas separadas por horas de navegación o caminos de difícil acceso. Una población pequeña puede necesitar inversiones mucho mayores que otra, simplemente porque sus habitantes viven lejos unos de otros.
Esa misma lógica aparece en Camarones, en la Región de Arica y Parinacota. Allí, la municipalidad debió arrendar vehículos de emergencia por $1,5 millones diarios después de quedar sin ambulancias operativas. Su alcalde, Cristian Zavala, cuestionó los requisitos poblacionales que dificultan acceder a equipamiento de mayor complejidad. Cambia el paisaje, desaparece el mar y aparecen los caminos del altiplano, pero el resultado es parecido: los municipios deben buscar cómo compensar servicios que las reglas nacionales no consiguen garantizar.
El costo de esperar una solución que nunca llega
El aislamiento también se mide en años. En Quemchi, un proyecto de agua potable y alcantarillado destinado a beneficiar a 1.083 familias contaba con recomendación favorable desde 2022. Sin embargo, cuando llegó el momento de licitarlo, los números dejaron de cuadrar. Su costo pasó de $13.759 millones a $31.080 millones, obligando a reiniciar la reevaluación administrativa. Mientras el proyecto volvía a los escritorios, las familias continuaban esperando una solución.
La paradoja resulta especialmente evidente en Chiloé. Pese a su régimen de abundantes precipitaciones, más del 30% de sus 123 sistemas de agua potable rural sufrió escasez durante el verano, según los antecedentes entregados por el alcalde de Quinchao, René Garcés. Los proyectos definitivos pueden demorar entre ocho y diez años. En Quemchi, 643 hogares rurales registraban déficit hídrico y el municipio destinó $64 millones a camiones aljibe entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, mientras los pozos permanentes aguardaban resoluciones sanitarias.
El problema no es únicamente cuánto demora el Estado en invertir. También es cuánto cuesta esa demora. Cada año sin agua potable obliga a financiar soluciones transitorias; cada licitación fallida significa actualizar presupuestos; cada permiso pendiente posterga beneficios que ya fueron evaluados como necesarios. Los recursos terminan distribuidos entre emergencias, trámites y nuevas evaluaciones, sin resolver definitivamente la necesidad que originó la inversión.
En General Lagos, en el extremo norte, la contradicción adopta otra forma. La red eléctrica está físicamente construida, pero no opera debido a observaciones relacionadas con el soterramiento de cables y las servidumbres de paso. La infraestructura existe, pero los habitantes no reciben el servicio esperado. En Lago Verde, Aysén, un proyecto habitacional para 24 familias de adultos mayores permaneció detenido porque la distribuidora no otorgó factibilidad eléctrica ante los elevados costos de generación con diésel.
Son situaciones que revelan una falla más profunda. El Estado puede financiar una obra sin asegurar que existan las condiciones administrativas, técnicas y económicas para ponerla en funcionamiento. También puede exigir evaluaciones de rentabilidad social concebidas para territorios densamente poblados, donde la inversión beneficia a muchas personas por kilómetro construido, y aplicar esos mismos criterios a localidades donde una escuela, una posta o un camino resultan indispensables aunque atiendan a pocos habitantes.
Los municipios advierten que esas exigencias restringen sus posibilidades de desarrollo. En Putre, el alcalde Javier Tito Huaylla informó que el 95% de los terrenos es privado y conseguir una concesión ante Bienes Nacionales puede demorar entre dos y tres años.
En General Lagos persisten títulos de propiedad de origen colonial que dificultan permisos de edificación. La falta de suelo regularizado se suma así a los obstáculos financieros, mientras nuevas generaciones encuentran cada vez menos razones para permanecer en localidades sin vivienda, servicios suficientes ni oportunidades laborales.
Cinco fallas estructurales que atraviesan el territorio
La sistematización elaborada por la comisión permitió establecer que las dificultades no responden exclusivamente a condiciones geográficas. Los alcaldes identificaron cinco nudos críticos que se repiten desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, relacionados con decisiones institucionales, normas de inversión y sistemas de financiamiento que no siempre consideran las particularidades de cada comuna.
| Nudo crítico | Problema estructural identificado |
|---|---|
| 1. Aislamiento, conectividad e insularidad | Transporte caro o insuficiente, rutas deficientes, aeródromos subutilizados y falta de cobertura digital. Los subsidios no siempre garantizan conectividad efectiva. |
| 2. Salud rural vulnerable y sin especialistas | Financiamiento que no reconoce suficientemente las distancias, ausencia de profesionales, evacuaciones complejas y gastos sanitarios asumidos por municipios pequeños. |
| 3. Servicios básicos inviables: agua y electricidad | Proyectos sanitarios que demoran años, sistemas rurales con costos difíciles de financiar y redes eléctricas que no consiguen abastecer a comunidades aisladas. |
| 4. Suelo sin regularizar y límites del Sistema Nacional de Inversiones | Restricciones de propiedad, permisos prolongados y criterios de rentabilidad social que dificultan inversiones necesarias para poblaciones pequeñas o dispersas. |
| 5. Despoblamiento, inseguridad y pérdida de soberanía | Migración de habitantes, falta de incentivos para retener profesionales, insuficiente presencia institucional y dificultades para sostener comunidades fronterizas. |
La consecuencia más profunda de estas brechas no siempre aparece en las estadísticas presupuestarias. Se expresa en las familias que abandonan sus localidades, los profesionales que no consiguen establecerse o los jóvenes que deben trasladarse para estudiar y trabajar.
Putre registra una disminución censal de población del 44% y Camarones del 31,3%, según las cifras expuestas por sus autoridades. En Tierra del Fuego, la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández, advirtió sobre las dificultades para sostener población permanente frente a la concentración de servicios, actividad económica e infraestructura del lado argentino.
El despoblamiento tampoco representa únicamente una pérdida demográfica. Cuando una localidad fronteriza pierde habitantes, disminuyen sus posibilidades de mantener escuelas, establecimientos de salud, transporte y actividad productiva.
Con menos población, las metodologías tradicionales de evaluación pueden volver todavía más difícil justificar nuevas inversiones. Se configura así un círculo en el que la falta de servicios favorece la migración y la pérdida de habitantes termina debilitando las posibilidades de recuperar esos mismos servicios.
Las 19 propuestas surgidas de las audiencias buscan romper esa dinámica. Consideran incorporar un factor de aislamiento al Fondo Común Municipal, revisar los criterios del Sistema Nacional de Inversiones, asegurar estándares mínimos de conectividad subsidiada, financiar permanentemente las lanchas ambulancia y establecer incentivos para retener funcionarios y profesionales. También incluyen una regulación especial para los sistemas eléctricos aislados y la adaptación de los subsidios habitacionales a los costos reales de construcción.
Pero ninguna de esas medidas puede darse por resuelta. Su implementación depende de decisiones legislativas, modificaciones reglamentarias, acuerdos administrativos y recursos presupuestarios. La comisión planteó una hoja de ruta ante distintos ministerios, mientras las autoridades territoriales solicitaron asegurar la continuidad de los Planes de Zonas Extremas. La diferencia entre escuchar a los municipios y corregir los problemas que denunciaron dependerá de lo que ocurra con esas propuestas.
Desigualdad territorial en el Presupuesto 2027
El Presupuesto 2027 introduce una interrogante adicional. Mientras los gobiernos regionales reclaman mayores atribuciones y recursos, los testimonios municipales muestran que no basta con aprobar inversiones si las reglas impiden ejecutarlas o si los servicios carecen de financiamiento para funcionar. La demanda por mayor autonomía regional y mecanismos de financiamiento adecuados a cada territorio adquiere aquí una dimensión concreta.
Una familia de Curaco de Vélez no debería asumir que cruzar cinco minutos de mar constituye un privilegio, del mismo modo que un habitante de Puerto Williams no tendría que aceptar que acceder a una vivienda sea una posibilidad cada vez más lejana. La desigualdad territorial comienza cuando vivir en un lugar distinto significa tener menos oportunidades, pero se profundiza cuando el Estado conoce esa diferencia y continúa aplicando reglas que no consiguen corregirla.
