La práctica, extendida en la Cámara y el Senado, involucra más de $624 millones anuales en recursos públicos y abre cuestionamientos sobre probidad, redes de influencia y uso de fondos fiscales.
Al menos 35 concejales y consejeros regionales ejercen simultáneamente funciones como asesores parlamentarios financiados con recursos públicos en el Congreso Nacional. La cifra surge tras la revisión de registros oficiales de transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado realizada por Poderyliderazgo.cl, detectando una práctica transversal que involucra redes territoriales, dobles funciones políticas y millonarias asignaciones estatales.
El catastro preliminar identifica 31 concejales y 4 consejeros regionales contratados dentro de equipos parlamentarios de distintos sectores políticos. Solo considerando los registros revisados de abril de 2026, las asignaciones asociadas a estas asesorías superan los $52 millones mensuales, lo que proyectado anualmente equivale a más de $624 millones de recursos públicos comprometidos.
Los antecedentes aparecen publicados en las plataformas oficiales de transparencia del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de Chile, donde los propios registros incorporan columnas específicas que identifican cargos de elección popular asociados a asesores parlamentarios.
Una práctica transversal y normalizada
La situación no es nueva dentro del Congreso Nacional, pero sí revela una dinámica que distintos expertos consideran cada vez más problemática. La ausencia de una prohibición legal explícita ha permitido que parlamentarios mantengan dentro de sus equipos a autoridades locales electas bajo funciones territoriales, administrativas, comunicacionales o legislativas.
Sin embargo, el debate ya no pasa solamente por la legalidad de estas contrataciones. El foco comienza a desplazarse hacia otro terreno: la probidad pública, los potenciales conflictos de interés, la transparencia institucional y la utilización de redes políticas financiadas con recursos estatales.
En el Senado aparecen casos explícitamente identificados como autoridades electas en ejercicio. Entre ellos figuran concejales de comunas como San Bernardo, Valparaíso, Quillota, Curicó, Peumo, Villa Alemana, Bulnes, Portezuelo y Cañete, además de consejeros regionales del Maule, Los Lagos y Atacama.
La investigación también detectó casos en la Cámara, donde concejales cumplen funciones de apoyo territorial, coordinación política, comunicaciones o asesoría legislativa dentro de equipos parlamentarios de oficialismo y oposición.
Autoridades detectadas con doble función parlamentaria
| Categoría | Cámara | Senado | Total parcial | Recursos anuales estimados |
|---|---|---|---|---|
| Concejales contratados como asesores | 19 | 12 | 31 | Más de $552 millones |
| Consejeros regionales contratados como asesores | 1 | 3 | 4 | Más de $72 millones |
| Total autoridades electas con doble función | 20 | 15 | 35 | Más de $624 millones anuales |
La magnitud de los recursos involucrados comienza también a abrir nuevas interrogantes sobre el funcionamiento interno de las asesorías parlamentarias. Porque más allá de la legalidad administrativa de las contrataciones, el volumen de fondos públicos comprometidos refleja que no se trata de casos aislados ni excepcionales dentro del Congreso, sino de una estructura transversal que moviliza cientos de millones de pesos cada año en apoyo político, territorial y legislativo.
Precisamente ahí radica uno de los puntos más sensibles de la investigación: la creciente dificultad para separar representación ciudadana, despliegue territorial, influencia política y construcción de redes financiadas con recursos estatales.
“Fue por la confianza desarrollada”
Uno de los casos identificados corresponde al actual senador Miguel Calisto, quien durante su período como diputado tuvo entre sus asesoras a la concejala de Aysén, Rosa González.
La autoridad comunal explicó que el vínculo profesional surgió a partir de años de trabajo territorial conjunto y defendió que este tipo de relaciones permite fortalecer la conexión entre el Parlamento y las necesidades locales. “Fue por la amistad y la confianza desarrollada. Yo me vinculaba con organizaciones sin fines de lucro y el trabajo era de coordinación de reuniones. Muchas veces los parlamentarios buscan personas que conocen el territorio y saben cómo funcionan las comunidades”, sostuvo.
Una visión similar entregó un ex consejero regional de Valparaíso que también ejerció funciones parlamentarias y que pidió reserva de identidad. Según explicó, la coordinación entre autoridades locales y parlamentarios responde muchas veces a necesidades prácticas de gestión territorial.
“Más que una doble militancia o una ventaja política, mi trabajo coordinado con el Parlamento era una extensión necesaria de mi labor en el territorio. Los problemas de los vecinos no terminan en el límite de la comuna y muchas veces requieren gestión legislativa directa”, afirmó.
El ex CORE agregó que el trabajo conjunto entre parlamentarios y autoridades locales puede acelerar soluciones concretas para las comunidades. “Cuando un parlamentario y un concejal reman hacia el mismo lado, quien gana es la comunidad que ve sus problemas resueltos con mayor rapidez”, señaló.
Una estructura que comienza a tensionar la probidad pública
Las críticas más duras provienen desde analistas y ex parlamentarios especializados en transparencia y funcionamiento institucional del Estado. Y precisamente ahí aparece uno de los puntos de mayor tensión política de la investigación.
El analista político Guillermo Holzmann sostuvo que este tipo de asesorías simultáneas no puede analizarse únicamente desde la legalidad administrativa, sino desde el impacto que genera sobre la confianza pública y el uso de recursos estatales. A su juicio, cuando autoridades elegidas democráticamente pasan a integrar equipos parlamentarios financiados también con recursos públicos, se instala una estructura extremadamente delicada desde el punto de vista ético e institucional.
“Estamos frente a una falta de ética impresionante y a un verdadero portal para la corrupción”, afirmó Holzmann, advirtiendo que estas dinámicas terminan creando relaciones de dependencia política cruzada entre parlamentarios, concejales y consejeros regionales.
Según explicó, el problema no es solamente que existan dobles funciones, sino que dichas relaciones muchas veces fortalecen redes territoriales, estructuras electorales y vínculos políticos financiados por el propio Estado.
El analista agregó que la situación resulta especialmente compleja porque muchas de estas asesorías se justifican bajo conceptos amplios como coordinación territorial, apoyo ciudadano o gestión política, funciones que terminan siendo difíciles de fiscalizar de manera efectiva. “Aquí se genera una zona gris donde recursos públicos pueden terminar fortaleciendo estructuras de poder político que después también operan electoralmente”, sostuvo.
Holzmann fue incluso más allá, señalando que el Congreso ha terminado normalizando prácticas que hace algunos años habrían provocado una fuerte controversia pública. “Lo más preocupante es la naturalidad con que esto parece asumirse dentro de la política. El problema no es solo jurídico. Es institucional, ético y profundamente político, porque erosiona la credibilidad del sistema democrático”, afirmó.
“La mercantilización de la función pública”
Una visión igualmente crítica planteó el ex senador Carlos Cantero, quien sostuvo que este tipo de contrataciones refleja una peligrosa degradación de los estándares de probidad dentro del sistema político chileno. A juicio del ex parlamentario, el solo hecho de que autoridades electas reciban recursos públicos desde distintas estructuras estatales simultáneamente ya instala un conflicto ético difícil de justificar ante la ciudadanía.
“Esto repugna la inteligencia y el respeto mínimo a la probidad pública”, afirmó Cantero, señalando que concejales, COREs y parlamentarios ya cuentan con financiamiento estatal precisamente para ejercer labores de representación ciudadana.
Según explicó, cuando esas mismas autoridades comienzan además a integrarse como asesores políticos o territoriales dentro de equipos legislativos, las fronteras entre servicio público, operación política y estructura electoral comienzan peligrosamente a desaparecer.
El ex senador advirtió además que el problema no termina en las asesorías mismas, sino en las redes de influencia que pueden construirse a partir de esas relaciones. “La mercantilización de la función pública termina generando verdaderas estructuras de favores cruzados y dependencia política. Y eso va mucho más allá de una simple asesoría técnica. Aquí estamos hablando de redes de poder financiadas con recursos públicos”, sostuvo.
Cantero agregó que el daño institucional se profundiza cuando estas prácticas terminan normalizándose transversalmente entre distintos sectores políticos. “Cuando oficialismo y oposición participan de las mismas dinámicas, se instala una cultura política donde nadie quiere cuestionar demasiado al otro porque todos terminan compartiendo mecanismos similares. Y ahí el sistema completo comienza a degradarse”, concluyó.
No todos comparten esa mirada. El ex senador Juan Pablo Letelier defendió la posibilidad de que parlamentarios trabajen con concejales o COREs de sus propios sectores políticos, argumentando que las asesorías territoriales forman parte natural de la representación legislativa.
“Los parlamentarios tienen todo el derecho de contratar colaboradores para el trabajo legislativo y territorial. Me parece natural que trabajen con concejales de sus propios partidos si eso fortalece la representación y el vínculo con las comunidades”, afirmó Letelier.
Redes políticas, recursos públicos y estructuras territoriales
Más allá de los nombres específicos, la investigación abre una pregunta mucho más profunda sobre el funcionamiento interno de la política chilena.
Porque estas asesorías no solo permiten apoyo técnico o territorial. También fortalecen redes partidarias, estructuras electorales, influencia territorial y vínculos de poder entre el Congreso, municipios y gobiernos regionales. Y precisamente ahí aparece la principal zona de riesgo.
Cuando autoridades electas mantienen simultáneamente funciones políticas, territoriales y asesorías parlamentarias financiadas con recursos públicos, las fronteras entre representación ciudadana, operación política y estructura electoral comienzan peligrosamente a diluirse.
La pregunta ya no es únicamente si la práctica es legal. La verdadera discusión comienza a ser cuánto daño puede provocar sobre la confianza pública, la transparencia institucional y la credibilidad del Congreso Nacional.
