¿Servidores públicos o casta dorada?: Los sueldos millonarios que el Estado paga a asesores y funcionarios del Congreso

Investigación de Poderyliderazgo.cl revela sueldos millonarios en el Congreso que superan incluso a autoridades electas, instalando dudas sobre control, meritocracia y uso de recursos públicos en Chile, mientras crece la presión política por transparentar y redefinir los criterios salariales

Por Daisy Castillo Triviños

En el Congreso funciona un mundo paralelo, donde están en la vereda del frente los “beneficiados”: asesores y funcionarios que gozan de sueldos desproporcionados, que van en ascenso, al punto de superar, incluso, la remuneración que perciben los propios parlamentarios.

Se está en presencia de una estructura salarial distorsionada dentro del Congreso, donde una parte significativa del personal de apoyo y administrativo percibe ingresos brutos que superan el límite ético y político esperado para la función pública.

Esta burbuja económica de privilegios se estrella de golpe con la precariedad que, a diario, enfrenta el ciudadano común y corriente que se ve obligado a hacer malabares para sobrevivir, en muchos casos, con menos de un millón de pesos y que no alcanza para llegar a fin de mes, entonces, desesperadamente tiene que buscar un pituto, otra actividad que le genere ingresos adicionales.

Aunque las dietas de los parlamentarios se redujeron o congelaron en términos reales (hoy rondan los $7,3 millones brutos), los sueldos de sus funcionarios de planta y asesores han seguido una trayectoria al alza.

Muchos de estos cargos corresponden a personal de planta o “de confianza” de larga data que han acumulado bienios y asignaciones especiales, volviéndose virtualmente inamovibles y generando un “poder en las sombras” dentro de la institución.

Pero, este tema no es el único que está en discusión, ya que hace unos días, diputados del PDG (Partido de la Gente) recurrieron a la Contraloría para denunciar a asesores presidenciales que estarían percibiendo “doble sueldo” o manteniendo incompatibilidades de funciones entre el Ejecutivo y otras reparticiones. Esto ha puesto en duda la promesa de “tolerancia cero a los privilegios” del actual gobierno.

El caso Landeros en el Congreso: un salto de $7 millones más de sueldo

Miguel Landeros Perkic, es el secretario general de la Cámara de Diputados y uno de los funcionarios con los sueldos más altos dentro del Congreso. Su remuneración bruta en 2026 de $19.454.212.

Landeros ha ido progresivamente incrementando su billetera, con una evolución salarial exorbitante: pasando de 12,7 millones en 2017 a más de 19 millones en 2025-2026. Si bien, es una suerte de “guardián” o mejor dicho “el padrino” de la Cámara de Diputados desde 2013 (llegó en 1991), es la máxima autoridad administrativa y responsable de que su firma esté en todas las leyes aprobadas.

Su sueldo supera al del presidente de la República, ministros y parlamentarios. El presidente de la República gana $11.070.064 brutos, un ministro de Estado $8.239.091 brutos, un diputado $7.348.983 brutos y un senador $7.348.983 brutos.

Fuentes al interior de la Cámara de Diputados revelaron a Poderyliderazgo.cl -con la precaución de la reserva de la identidad- que “Landeros no tiene reparos en decir que gana buenas lucas, él personaliza todo y está 24/7, atendiendo a los diputados y trata de darles en el gusto en casi todo”. Este diario intentó obtener las declaraciones de Miguel Landeros, pero no hubo respuesta. Así de simple.

Suma y siguen los “afortunados”

A abril de 2026, el Congreso opera con una fuerza laboral de 870 funcionarios entre planta y contrata. Hay una “élite salarial”: 135 (15%) empleados cuyos sueldos oscilan entre los $8.400.000 y los $19.000.000 mensuales, cifras que superan con creces el promedio nacional.

En el Senado, hay 62 empleados que ganan entre 8 millones a 17 millones de pesos. En la Cámara de Diputados, 53 empleados ganan entre 8,4 millones a 19 millones de pesos y en la Biblioteca del Congreso: 20 empleados ganan entre 8,4 millones a 13 millones de pesos.

El monto es problemático, porque es éticamente cuestionable en países con alta desigualdad, pero la indignación se multiplica, porque la calidad del producto final (las leyes) no está a la altura de lo que cuestan esos equipos técnicos.

Top sueldos funcionarios Cámara de Diputados y del Senado

Fuente: https://www.camara.cl/transparencia/RemuneracionDetalle.aspx  https://www.senado.cl/transparencia/transparencia-activa/remuneraciones-planta-y-contrata

Van y vienen las “justificaciones”

A la hora de hablar de los frentes que se abren cuando se aborda el tema de los súper sueldos, aparece de inmediato el argumento al que se recurre para justificar, de alguna manera, las abultadas remuneraciones, lo siguiente: para tener a los mejores profesionales (economistas, abogados constitucionalistas, expertos en salud) asesorando en las leyes, el Congreso debe competir con los sueldos del sector privado.

Otra de las justificaciones que se plantea es que los sueldos deben ser altos para que los legisladores y sus asesores no sean fáciles de comprar por grupos de interés o lobbies. La idea es que, si ya ganan muy bien, no arriesgarían su carrera por un soborno, pero hemos visto que sueldos altos no han impedido escándalos de financiamiento irregular o tráfico de influencias.

No es necesario observar bajo el agua, para darse cuenta que, con frecuencia, las plazas de asesoría no se asignan, precisamente, bajo criterios de excelencia técnica, sino que se otorgan a operadores políticos o militantes cercanos. Esta práctica está terminando por desvirtuar la meritocracia como justificación salarial y convierte, al final de cuentas, el gasto público en un auténtico botín partidista.

Expertos en transparencia señalan que estos funcionarios son inamovibles, porque “conocen los secretos” de los parlamentarios, lo que genera una barrera política para reformar sus escalas salariales.

“El Estado no es para hacerse ricos”

El senador, Manuel José Ossandón (RN), mientras fue presidente del Senado, presentó durante el segundo semestre de 2025, un proyecto de ley destinado a regular y reducir los altos sueldos de funcionarios del Congreso y de la Biblioteca del Congreso, conocidos como súper sueldos. El equipo del parlamentario elaboró un informe que reveló que 181 funcionarios de la sede legislativa ganan más que el presidente de la República, y, además, se detectaron casos de funcionarios con remuneraciones brutas que superan los 18,5 millones de pesos mensuales.

Ossandón, aseguró que “este tema es importante, porque uno no entra al Estado para hacerse rico. Hay que reconocer que hay profesionales de alto nivel que sí pueden ganar harto. Yo presenté un proyecto de ley que no fue declarado admisible, pero después lo representó el presidente, Gabriel Boric con su firma”.

El parlamentario de oposición explica que la iniciativa “busca darle sustentabilidad al Congreso, en el tiempo, eliminando una asignación que se estableció por ley y ésta lo que permite es ahorrar en régimen 12 mil millones. Claramente, hay que prohibir en el futuro que los senadores por la Comisión de Régimen puedan poner bonos, asignaciones o modificar los sueldos, ésa es una forma de restringir para que este problema no se vuelva a repetir”.

No todo se mide en una lógica burocrática

La senadora y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez indicó a Poderyliiderazgo.cl que “lo que existe son distintos mecanismos de control administrativo, financiero y político sobre la labor parlamentaria y de asesoría, tanto internos como externos, y todos deben ajustarse a la normativa vigente y a criterios de respaldo del trabajo realizado. En el caso de los asesores, su función se evalúa en base al apoyo efectivo que entregan al trabajo legislativo, técnico y territorial, lo que puede traducirse en minutas, informes, análisis comparados, revisión de indicaciones, apoyo en comisiones y seguimiento de proyectos, entre otras tareas propias de la función parlamentaria”.

La parlamentaria de Renovación Nacional (RN) manifestó que “es importante decirlo con claridad: en los equipos de confianza política no todo se mide exclusivamente por una lógica burocrática tradicional, porque parte relevante de su aporte está en la asesoría estratégica, la coordinación y la capacidad de apoyar el trabajo legislativo de manera oportuna y especializada. Eso no significa ausencia de control, sino comprender la naturaleza particular de una función que combina criterio técnico, confianza y responsabilidad política”.

Cabe señalar que Poderyliderazgo.cl hizo las gestiones para obtener la mirada sobre el tema del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, pero desde su equipo de comunicaciones la respuesta fue: “Varias preguntas (que formulamos como medio) tienen que ver con temas administrativos, técnicos que requieren bastantes antecedentes. Lamentablemente, estamos muy exigidos con la agenda y se nos hace imposible responder con la celeridad que nos solicita”.

El Estado no es una empresa privada

El diputado, Pier Karlezi (del Partido Nacional Libertario) sostuvo al diario que “según entiendo, esa situación corresponde a que se trata de contratos muy antiguos que durante el correr de los años han tenido una serie de reajustes. Claramente, hoy con el déficit estructural que existe en el Estado, esto hace que sea cada vez más insostenible y espero que se vaya corrigiendo con los nuevos contratos de las personas que se sumen como funcionarios de planta del Congreso, porque ningún funcionario público debería ganar más que el presidente”.

Agrega que “entiendo que el buen trabajo que ha realizado el secretario general (refiriéndose a Landeros) es indiscutible, pero como decía también, los sueldos de él y otros funcionarios no deberían superar al del presidente de la República. Eso, me parece cuestionable, porque no se trata de una empresa privada, sino de trabajadores de una Corporación que se financia con fondos públicos”.

Por su parte, el senador Esteban Velásquez (de la Federación Regionalista Verde Social) señaló que “respecto de las rentas de funcionarios, de trabajadores del propio Congreso, de asesores, en algunos casos, bueno, son rentas que están establecidas hace bastante rato y a futuro se pretende establecer toda una clasificación, un reglamento de rentas para ordenar, más allá de las cantidades en relación a otras autoridades si ganan más o si ganan menos, hay que tener un orden y que no se den situaciones arbitrarias. Me parece bien, porque si no, esto se transforma en un vicio de rentas, a veces, no muy relacionado con la realidad nacional, y para despejar toda duda, lo mejor es un reordenamiento”.

Velásquez precisó en el caso del uso de asignaciones, “entra ellas el pago de combustible, de peaje, mantención del vehículo personal, hay asignaciones que ya están en uso y entregadas a los distintos parlamentarios y cada uno sabe si es necesario que ocupe todos los recursos que se colocan a disposición, o bien, por convicción propia, eventualmente, uno renuncia o, sencillamente, no los ocupa y cuando no se ocupa, no se rinden. Para que cada parlamentario pague su propia bencina debiera haber un reglamento al respecto, algún proyecto de ley que modifique la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y que requiere las mayorías necesarias”.

El Estado no tiene una mirada clara

En tanto, el analista político, Guillermo Holzmann planteó a Poderyliderazgo.cl que cuando se negoció la escala de sueldos del Estado, particularmente, incluyendo a las altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, fue a raíz del caso MOP, donde en el gobierno de Ricardo Lagos (PS) se pasaban sobres con una suerte de bono adicional y en efectivo.

Holzmann indica que la ley se hizo, “pero quedó con varias fisuras o vacíos que se fueron llenando por la vía de la interpretación o por la vía de otros cuerpos legales que agregaban bonos sin tener en consideración el marco en el cual se había hecho esta reforma de incremento de los sueldos”.

Para Guillermo Holzmann, “estamos en presencia de un debate que es bien de fondo, pero que éticamente tenía mucho sentido en el minuto que se discute para poder fortalecer el Estado, tener a las mejores personas, pero, a su vez, asegurarles un ingreso que sea digno. Este tema es recurrente y la cuestión está en que queda sólo en ley y no hay ningún tipo de seguimiento, respecto a cómo se evalúa ese rendimiento en los ministros y de qué manera eso evita la corrupción. Es evidente que, en las últimas dos décadas, la corrupción ha seguido instalada dentro del gobierno con distintas instancias, en diferentes niveles y donde el lobby juega un rol preponderante”.

En cuanto a lo que sucede en el Congreso, Holzmann precisa que “era razonable pensar que ellos tuviesen un buen sueldo, tanto diputados, como senadores y la alta burocracia del Congreso, justamente, porque son ellos los que colocan las prioridades, los temas en tabla y, por lo tanto, son objetos de interés para aquellos que desean obtener los beneficios del Estado, a través de determinado tipo de leyes”.

El analista polítco agrega que “Acá no se trata sólo del ingreso que tienen, que, de por sí es mucho, sino de los controles a ese respecto y las compensaciones que tiene una persona por estar en el Estado y salir del mercado privado, particularmente, en virtud de su capacidad de competencia y de expertiz y, ahí, el Estado no tiene una mirada clara, lo mira estructuralmente, pero en términos bastante básicos, respecto de lo que eso significa”.

¿Y la fiscalización?

Al plantearse el tema de los súper sueldos, el problema que existe es que el Congreso goza de autonomía financiera. ¿Qué significa eso? Al ser un poder del Estado independiente, se autoadministra y autofiscaliza. La Contraloría General de la República no tiene la potestad de intervenir en sus escalas de sueldos, lo que ha permitido que asignaciones y bienios se acumulen por décadas, sin supervisión externa.

La discusión sobre los sueldos en el Congreso adquiere otra dimensión en el Chile actual, donde el debate público se centra en el equilibrio fiscal, la eficiencia del gasto y propuestas que incluso apuntan a recortar beneficios sociales como la alimentación escolar o pogramas de salud pública.

En ese marco, la brecha entre las altas remuneraciones de un poder del Estado, como lo es el Legislativo, y las restricciones que enfrentan políticas sociales clave no solo abre cuestionamientos técnicos, sino que instala una tensión política de fondo sobre prioridades, justicia distributiva y legitimidad del gasto público.