Un oficio reservado a la PDI y el retiro de Consuelo Peña marcaron la investigación sobre Trinidad Steinert. Jaime Araya cuestionó su actuación y destacó el envío de antecedentes a Fiscalía, mientras Kast prepara su próxima reincorporación
La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, por seis votos a favor y cuatro en contra, el informe sobre la gestión de la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert. Las conclusiones apuntan a un exceso de atribuciones, incumplimientos del deber de abstención y deficiencias en la conducción de la cartera durante los primeros meses del Gobierno de José Antonio Kast.
El diputado Jaime Araya (independiente-PPD) sostuvo que la investigación permitió establecer responsabilidades por los hechos que rodearon la salida de Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI).
“Aprobamos el informe de la Comisión Especial Investigadora que fija las responsabilidades de la ministra Steinert”, afirmó, cuestionando además “las actuaciones que ella tuvo, del todo indebidas, como ha quedado claro en la Comisión”.
La controversia comenzó el 13 de marzo, apenas dos días después de que Steinert asumiera el ministerio. Mediante un oficio reservado solicitó a la PDI antecedentes sobre funcionarios vinculados a una investigación penal contra el denominado clan Chen, causa que conocía por su anterior desempeño como fiscal regional de Tarapacá. El 21 de marzo se comunicó el retiro de Consuelo Peña, abriendo interrogantes sobre las decisiones adoptadas al interior de la policía civil.
Los antecedentes que complicaron a Steinert
La comisión investigadora constituida en julio examinó ambas actuaciones y recogió el dictamen D344/2026 de la Contraloría General de la República, que determinó que Steinert excedió sus facultades legales al requerir información sobre una investigación específica y no respetó su deber de abstención. La exministra intentó reconsiderar ese pronunciamiento, pero posteriormente desistió de la solicitud.
Respecto del retiro de Peña, el informe parlamentario establece que no fue posible esclarecer completamente sus fundamentos. El director general de la PDI, Eduardo Cerna, aseguró que Steinert no intervino en la decisión, lo que abrió un nuevo cuestionamiento: si desconocía el procedimiento, habría incumplido su función de asesorar al Presidente en la conformación de los altos mandos policiales. Contraloría, sin embargo, consideró ajustado a derecho el decreto que dispuso el retiro.
La investigación también identificó contradicciones entre declaraciones de asesores presidenciales y antecedentes sobre sus responsabilidades en la revisión de decretos y nombramientos. Los diputados cuestionaron, además, que no se entregaran documentos que acreditaran la existencia de un plan de seguridad del Gobierno al asumir sus funciones, ni antecedentes suficientes sobre la supervisión ejercida por el ministerio.
Seis citaciones sin respuesta y antecedentes a Fiscalía
Uno de los episodios que marcó el trabajo parlamentario fue la ausencia de Steinert, quien no compareció en ninguna de las seis oportunidades en que fue invitada, entre agosto y octubre. La comisión tampoco recibió las respuestas a un cuestionario enviado al Presidente Kast para esclarecer aspectos de las decisiones investigadas.
Araya defendió el trabajo de la instancia y destacó sus posibles consecuencias judiciales. “Tomamos el acuerdo, en su oportunidad, de remitir estos antecedentes al Ministerio Público para los fines que haya lugar, porque algunos diputados tenemos la convicción de que se vulneraron incluso normas de carácter penal”, señaló.
La remisión fue formalizada mediante un oficio del 11 de noviembre dirigido al fiscal nacional Ángel Valencia. Los antecedentes comprenden las actuaciones relacionadas con el requerimiento de información a la PDI y las circunstancias de su filtración, cuya eventual relevancia penal deberá evaluar el Ministerio Público.
“Así que nos parece que ha sido una comisión exitosa. Hemos podido escuchar a distintas autoridades de Gobierno, lo que ratifica nuestra convicción de que se actuó absolutamente al margen de la ley”, agregó el diputado por a Región de Antofagasta.
El regreso de Steinert y la decisión pendiente
La aprobación del informe coincide con la decisión del Presidente Kast de reincorporar a Steinert al Gobierno. Desde el 1 de diciembre asumirá funciones como agregada de seguridad en Paraguay, con tareas vinculadas a la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado. El nombramiento vuelve a situar su gestión bajo escrutinio político, mientras Cancillería defiende su experiencia profesional para desempeñar esas responsabilidades.
El informe deberá ser conocido por la Sala de la Cámara, mientras Fiscalía evaluará si existen antecedentes suficientes para iniciar una investigación penal. La resolución parlamentaria cierra varios meses de indagaciones, pero mantiene abiertas las preguntas sobre el cumplimiento de las atribuciones ministeriales, la supervisión del alto mando policial y las responsabilidades de quienes participaron en las decisiones examinadas.
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