La instancia revisará las solicitudes de información enviadas a la PDI, la instalación del Ministerio de Seguridad Pública y la conformación de los altos mandos policiales, luego del dictamen que cuestionó las actuaciones de la exministra
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora para examinar distintas actuaciones desarrolladas durante la gestión de Trinidad Steinert al frente del Ministerio de Seguridad Pública.
La solicitud reunió 62 votos a favor, 58 en contra y una abstención, alcanzando el respaldo mínimo requerido para constituir la instancia. La oposición consiguió así revertir el resultado de la semana anterior, cuando la propuesta obtuvo mayoría, pero quedó cuatro votos por debajo del quórum necesario.
La comisión no estará limitada al requerimiento de información que Steinert dirigió a la Policía de Investigaciones, PDI. Su mandato también considera la implementación del Ministerio de Seguridad Pública, la conformación de los altos mandos policiales y las estrategias desarrolladas durante los primeros meses de funcionamiento de la nueva cartera.
Contraloría abre el camino a la investigación
La ofensiva parlamentaria surgió después de que la Contraloría General de la República concluyera que Steinert excedió las atribuciones legales de su cargo al solicitar a la PDI antecedentes reservados sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso relacionada con el denominado clan Chen.
El organismo fiscalizador también cuestionó que la entonces ministra no se abstuviera de intervenir en el procedimiento, considerando que había conocido antecedentes relacionados con la investigación durante su anterior desempeño como fiscal regional de Tarapacá.
El pronunciamiento no objetó la facultad general del Ministerio de Seguridad Pública para coordinar políticas y requerir información a las policías. La controversia se concentró en el nivel de detalle solicitado, el carácter reservado de los antecedentes y su relación con una investigación penal específica.
La comisión deberá determinar cómo se originó el requerimiento, qué autoridades participaron en su elaboración, qué información fue entregada por la PDI y si existieron otros actos administrativos que sobrepasaron las funciones definidas para la nueva institucionalidad de seguridad.
Segundo intento consigue ordenar los votos
La primera solicitud fue sometida a votación el 14 de julio y recibió 58 apoyos, 38 votos en contra y seis abstenciones. Pese a contar con más respaldos que rechazos, no logró los 62 votos exigidos para crear una comisión investigadora.
Una semana después, los parlamentarios impulsores consiguieron reunir el quórum. La nueva votación fue respaldada principalmente por la oposición y representantes del Partido de la Gente, mientras el oficialismo votó mayoritariamente en contra.
El diputado socialista Raúl Leiva, uno de los promotores de la instancia, sostuvo que el mandato será desarrollado con “celo, rigurosidad y mucha responsabilidad”. El parlamentario afirmó que el dictamen de Contraloría justificaba revisar tanto las actuaciones de Steinert como el funcionamiento inicial del ministerio.
La comisión tendrá un plazo de 60 días, prorrogable conforme al reglamento de la Cámara, para reunir antecedentes sobre los actos desarrollados durante la administración de la exministra. Podrá solicitar documentos, recibir testimonios y citar a autoridades o funcionarios relacionados con las materias investigadas.
Investigación alcanza la instalación del ministerio
El mandato aprobado incluye la revisión de la implementación orgánica del Ministerio de Seguridad Pública y del cumplimiento de la Ley N.º 21.730, que creó la cartera. También contempla las normas sobre probidad, prevención de conflictos de interés y las estrategias, planes o programas de seguridad pública y prevención del delito.
Este alcance convierte la investigación en una evaluación más amplia de la primera etapa del ministerio. La comisión podrá examinar si la institución contó con procedimientos claros para relacionarse con las policías y si existieron controles suficientes para evitar interferencias en investigaciones penales.
También revisará el proceso de conformación de los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Esa materia permitirá analizar los criterios utilizados por la administración de Steinert y el grado de participación de la nueva cartera en decisiones vinculadas con la conducción policial.
La exministra ha rechazado las conclusiones del organismo fiscalizador y presentó una solicitud de reconsideración para intentar dejar sin efecto el dictamen. Ese procedimiento administrativo continuará de forma independiente al trabajo fiscalizador de la Cámara.
Seguridad vuelve a abrir un flanco para el Gobierno
Steinert dejó el Ministerio de Seguridad Pública el 19 de mayo, durante el primer cambio de gabinete del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Su salida se produjo después de semanas de cuestionamientos por la conducción de la cartera y fue seguida por la llegada de Martín Arrau.
La comisión obligará al Ejecutivo a volver sobre decisiones adoptadas durante los primeros meses de una institución que debía convertirse en uno de los principales instrumentos de su agenda contra la delincuencia y el crimen organizado.
Aunque la instancia no tiene atribuciones judiciales ni puede establecer responsabilidades penales, sus conclusiones podrían determinar responsabilidades políticas, recomendar modificaciones administrativas y proponer cambios legales para precisar las funciones del Ministerio de Seguridad Pública.
El valor de la investigación dependerá de su capacidad para separar el examen institucional de la disputa partidista. El dictamen de Contraloría entrega un antecedente concreto, pero la comisión deberá establecer si se trató de una actuación individual o si las deficiencias alcanzaron los procedimientos, controles y límites con que comenzó a funcionar la nueva cartera.
La investigación abre así una discusión que supera la gestión personal de Steinert. El Congreso tendrá la oportunidad de aclarar hasta dónde llega la conducción política de la seguridad y dónde comienzan las atribuciones exclusivas del Ministerio Público y las policías en las investigaciones penales.
