El diputado por Antofagasta cuestionó que la agenda de seguridad anunciada por José Antonio Kast no incluyera el levantamiento del secreto bancario y pidió al Ejecutivo priorizar la persecución financiera del crimen organizado
La agenda de seguridad anunciada por el Presidente José Antonio Kast abrió sus primeras diferencias en el Congreso. El diputado por la Región de Antofagasta Jaime Araya cuestionó que el levantamiento del secreto bancario no apareciera entre las medidas destacadas por el Mandatario para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado.
Araya, independiente e integrante de la bancada del PPD, sostuvo que el acceso a información financiera resulta fundamental para identificar los movimientos de dinero, bienes y redes de apoyo que permiten operar a las organizaciones criminales. El parlamentario integra actualmente la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La reacción se produjo después de la cadena nacional del miércoles 5 de agosto, en la que Kast informó que su Gobierno impulsará más de 30 iniciativas dentro de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.
Entre los anuncios presidenciales estuvieron la presencia policial permanente en 50 barrios críticos, la ampliación del plazo de flagrancia desde 12 hasta 24 horas, mayores capacidades de expulsión migratoria y una reforma constitucional para establecer la seguridad como un deber del Estado. El levantamiento del secreto bancario no fue mencionado durante el discurso.
“¿Por qué le tienen tanto miedo?”
El diputado reconoció que algunas de las propuestas anunciadas por el Gobierno pueden contribuir al combate de la delincuencia, pero afirmó que serán insuficientes si no se fortalecen las herramientas disponibles para investigar los movimientos financieros de las organizaciones criminales.
“¿Qué clase de megarreforma de seguridad no contempla lo más importante, el levantamiento del secreto bancario? ¿Por qué le tienen tanto miedo? Han propuesto muchos proyectos, algunos son buenos, es cierto, pero sin el levantamiento del secreto bancario nunca van a poder combatir efectivamente al narcotráfico y al crimen organizado”.
Araya planteó que la persecución penal no puede limitarse a detener a los integrantes de una organización, sino que también debe alcanzar su patrimonio, sus operaciones financieras y los recursos utilizados para mantener las actividades ilícitas.
El parlamentario llamó directamente al Presidente Kast a incorporar esta materia entre las prioridades que el Ejecutivo pretende tramitar antes de Navidad.
“Le pido al Presidente de la República que considere esto, le ponga urgencia y, de una vez por todas, terminen con el miedo y el terror que le tienen al levantamiento del secreto bancario. Es la herramienta más potente, la que los países usan de manera más eficiente”.
Un proyecto pendiente en comisión mixta
El debate sobre el secreto bancario no comienza con la agenda anunciada por Kast. La materia forma parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, ingresado al Congreso en mayo de 2023 y actualmente radicado en una comisión mixta debido al rechazo del Senado a modificaciones introducidas por la Cámara.
La iniciativa busca fortalecer la coordinación entre la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas para detectar operaciones vinculadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y crimen organizado.
Uno de sus puntos más discutidos establece que la Unidad de Análisis Financiero pueda solicitar directamente a los bancos antecedentes protegidos por secreto o reserva, sin autorización judicial previa, cuando sean necesarios para completar el análisis de operaciones sospechosas bajo las condiciones establecidas por la ley.
La norma fue aprobada por la Cámara, pero rechazada posteriormente por el Senado, lo que obligó a conformar una comisión mixta para resolver las diferencias entre ambas corporaciones. El proyecto sigue formalmente en esa etapa legislativa.
El Gobierno había decidido acelerar la tramitación del proyecto de inteligencia económica, aunque manteniendo la autorización judicial como condición para acceder a información bancaria. La discusión pendiente deberá resolver tanto el alcance de las facultades de la UAF como los controles aplicables a su utilización.
La ruta financiera del crimen organizado
La intervención de Jaime Araya se suma a otros emplazamientos realizados desde el Congreso para fortalecer la persecución patrimonial de las organizaciones criminales.
En junio, el senador Pedro Araya también pidió perseguir el dinero del crimen organizado y cuestionó que las estrategias gubernamentales se concentraran en aspectos policiales sin resolver el acceso oportuno a información sobre operaciones financieras sospechosas.
Jaime Araya había advertido anteriormente sobre la necesidad de fortalecer instituciones como el Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero para enfrentar de manera integral al crimen organizado.
El parlamentario sostuvo entonces que Chile no puede reducir los recursos destinados a combatir las organizaciones criminales y llamó a reforzar las capacidades de las instituciones encargadas de investigar delitos financieros.
El llamado a La Moneda
La agenda presentada por Kast contempla proyectos sobre control territorial, actuación policial, fronteras, expulsiones, organizaciones criminales, cárceles y decomiso de bienes. El Presidente instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para trabajar con el Congreso y avanzar en la aprobación de las iniciativas antes de Navidad.
Araya pidió que ese calendario incluya también una definición sobre el secreto bancario y las herramientas necesarias para seguir los flujos de dinero asociados con el narcotráfico y el lavado de activos.
La discusión inmediata continuará en la comisión mixta del Subsistema de Inteligencia Económica, instancia que deberá resolver si la UAF podrá acceder directamente a antecedentes bancarios en casos definidos por la ley o si deberá mantenerse la autorización judicial previa.
Para el diputado por Antofagasta, esa resolución será determinante para medir la capacidad del Estado de perseguir no solo a los integrantes de las organizaciones criminales, sino también los recursos que financian y sostienen sus operaciones.
