El integrante de la Comisión de Seguridad acusó que la propuesta del Gobierno carece de plazos, recursos y mecanismos de evaluación, y emplazó a la derecha a destrabar el levantamiento del secreto bancario
El debut del Plan Operativo de Seguridad Pública ante el Senado abrió un nuevo flanco para el Gobierno. La exposición del ministro Martín Arrau, pensada para ordenar la agenda de seguridad tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, terminó cruzada por una dura crítica del senador Pedro Araya, quien cuestionó la falta de definiciones concretas y apuntó directamente a la capacidad del Ejecutivo para enfrentar al crimen organizado.
El plan presentado por Arrau considera tres ejes, siete focos de gestión, 39 acciones operativas y 26 proyectos de ley. La propuesta fue descrita por el ministro como una hoja de ruta de carácter “táctico y práctico”, destinada a concentrar tiempo, recursos, medios y políticas públicas en los ámbitos donde el Ministerio de Seguridad buscará mostrar resultados.
Sin embargo, para Araya, integrante de la Comisión de Seguridad, la presentación no logró responder las preguntas centrales. En conversación con Radioanálisis, el senador PPD sostuvo que el Presidente Kast “le sigue debiendo una gran explicación a los chilenos y chilenas”, porque a casi tres meses de Gobierno, afirmó, “nos hemos encontrado con que no tienen idea de cómo abordar los temas de seguridad pública”.
Del plan operativo a las dudas por ejecución
La hoja de ruta de Arrau se estructura en tres ejes: Prevención, Recuperación del Control Territorial y Fortalecimiento y Gestión Institucional. El primero busca anticiparse al delito, especialmente en casos de menores que delinquen; el segundo apunta a recuperar zonas donde el Estado ha perdido presencia efectiva; y el tercero intenta ordenar una institucionalidad que el propio ministro describió como descoordinada y con déficit de voluntad.
A esos ejes se suman focos como protección de fronteras y rutas críticas, combate al crimen organizado, control de cárceles y cadena penal, consolidación institucional y restitución de legitimidad policial. Además, el Gobierno priorizó iniciativas como la Ley de Flagrancia, la Ley Antiencapuchados, el juicio oral en ausencia, el Registro de Vándalos e Incivilidades, la tipificación del ingreso clandestino, normas sobre expulsión administrativa y cambios vinculados a Carabineros, Gendarmería y la PDI.
El problema, según Araya, es que la enumeración de proyectos no constituye por sí sola una estrategia. “La cuenta presidencial no pasó más allá de ser una serie de anuncios y una serie de anuncios no es una estrategia en materia de seguridad, es simplemente una lista de deseos que tiene el Presidente, pero que no se traducen en un plan concreto de cómo abordar los diferentes temas”, afirmó, instalando dudas sobre plazos, recursos y ejecución.
Plazos, recursos y credibilidad política
El senador calificó como grave que el Gobierno no entregara datos más precisos sobre cómo llevará adelante las medidas anunciadas. Sus dudas apuntan a los plazos, al financiamiento y a la forma en que el Congreso y la ciudadanía podrán verificar el cumplimiento de cada compromiso. “¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo vamos a verificar que esas medidas efectivamente se realicen? ¿Cuál es el efecto de esas medidas?”, cuestionó.
Araya también abrió un flanco personal contra el ministro Arrau, al recordar una denuncia presentada en 2021 por el entonces convencional contra diversas figuras políticas, entre ellas el propio parlamentario, por supuestas cuentas en paraísos fiscales. Según el senador, esos antecedentes eran falsos y buscaban afectar candidaturas durante la elección senatorial de Antofagasta, lo que hoy tensiona la relación política con una autoridad llamada a conducir una cartera clave.
“A mi juicio hay un tercer tema que es más grave y es que yo en lo personal no le creo al ministro Arrau”, sostuvo, agregando que el cuestionamiento a su credibilidad como autoridad hace difícil, desde su mirada, que pueda conducir correctamente el Ministerio de Seguridad. La crítica llega cuando Arrau intenta consolidar liderazgo tras la salida de subsecretarios y en medio de alta presión por resultados en seguridad ciudadana.
La ruta del dinero como prueba política
Más allá del diseño del plan, Araya llevó el debate hacia un punto que considera central para combatir el crimen organizado: el levantamiento del secreto bancario. La discusión cobró fuerza tras los antecedentes de la denominada Operación Tokio, que volvió a instalar la importancia de seguir la ruta del dinero y desmantelar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.
“No veo razón de que la derecha se siga oponiendo, por ejemplo, al levantamiento del secreto bancario”, señaló el senador, al advertir que el Gobierno y sus aliados no pueden abordar la delincuencia solo desde ciertos hechos policiales si no comprenden la dimensión completa del fenómeno criminal. Para Araya, perseguir el patrimonio de las bandas es una condición para enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado.
Para el parlamentario, los golpes más efectivos contra las bandas no se limitan a detener cabecillas, sino que pasan por debilitar su patrimonio, cortar flujos financieros y acceder a información cuando existan operaciones sospechosas. Por eso cuestionó que el proyecto de inteligencia económica siga trabado en el Senado, debido a la resistencia de la derecha a mantener una de sus herramientas más relevantes.
La discusión deja al Gobierno frente a un examen mayor. Arrau presentó una arquitectura de gestión amplia, con ejes, focos y proyectos legislativos, pero la oposición ya instaló la pregunta de fondo: si esa hoja de ruta tendrá recursos, plazos e indicadores y herramientas reales para enfrentar al crimen organizado.
En el Congreso se medirá si el plan logra convertirse en política pública efectiva o si quedará atrapado en la crítica que hoy empuja Araya: anuncios sin capacidad de ejecución.
