La diputada del Frente Amplio plantea revisar las reglas de desvinculación de directivos públicos, reducir los cargos de confianza y fortalecer la carrera funcionaria, a propósito de un requerimiento fiscalizador dirigido al municipio de Santiago en noviembre
Por Daisy Castillo Triviños
La diputada Lorena Fries (Frente Amplio) abre la posibilidad de modificar las condiciones de desvinculación de los altos directivos públicos para hacer más difícil o costosa su salida de los servicios del Estado. Aunque reconoce que no había considerado previamente una reforma al sistema, plantea la necesidad de revisar los mecanismos que permiten remover a funcionarios seleccionados mediante concursos, especialmente cuando se producen cambios de gobierno.
La discusión tiene un componente legal relevante. El Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) contempla concursos basados en criterios de mérito e idoneidad, pero la legislación también permite a las autoridades solicitar la renuncia de sus directivos.
Para los cargos de segundo nivel jerárquico existen procedimientos especiales durante los primeros seis meses de una nueva administración, mientras que determinadas desvinculaciones dan derecho a indemnización. El Consejo de Alta Dirección Pública ha planteado revisar estas reglas para fortalecer la estabilidad de los directivos técnicos.
En entrevista con Poder y Liderazgo, Fries aborda además los cuestionamientos sobre nombramientos y ascensos en la Municipalidad de Santiago. El 11 de noviembre de 2026, junto a otros parlamentarios, solicitó antecedentes sobre los procedimientos utilizados para proveer cargos directivos y de jefatura.
La legisladora, que anteriormente cuestionó nombramientos del Ejecutivo, plantea reducir los espacios de designación por confianza y fortalecer la carrera funcionaria para preservar la continuidad de las políticas públicas.
Nombramientos municipales y fiscalización
Frente a los cuestionamientos por el ingreso de directivos a la Municipalidad de Santiago, ¿qué responsabilidades existen cuando las designaciones no cumplen los requisitos legales y quién debe fiscalizar esos procedimientos?
Efectivamente, estamos viendo lo que tú dices, una enorme rotación, también instalación o ingreso de personas que no necesariamente cumplen con los requisitos que establece el Estatuto Administrativo.
Existe una norma, existen personas que deben aplicarla, como es el caso del Estatuto Administrativo, y existe un poder fiscalizador que en este caso son los legisladores.
¿Qué acciones han impulsado para revisar las contrataciones cuestionadas y determinar si se ajustan a las exigencias de la carrera funcionaria municipal?
De hecho, presentamos con la concejala Ana Yáñez justamente una solicitud para que se revise la contratación de personas, en este caso, en el municipio de Santiago, donde hay bastantes reclamos por parte de las asociaciones de funcionarios que se estaría ingresando a puestos directivos a personas que no tienen el perfil ni los años de experiencia que se exige en el Estatuto Administrativo.
Los límites de los cargos de confianza
La remoción de jefes superiores de servicios puede afectar la continuidad de las políticas públicas. ¿Dónde debería establecerse el límite entre los nombramientos de confianza política y la profesionalización del Estado?
Honestamente, hay que aminorar los espacios de designación por confianza y que, en principio, debieran circunscribirse a los gabinetes de jefe superior y, en este caso, me estoy refiriendo a jefes de servicio y a subsecretarios y ministros.
Fuera de eso, me parece que lo que hay que ir efectivamente es construyendo una carrera funcionaria.
¿Qué cambios considera necesarios para fortalecer la carrera funcionaria y evitar que los cambios de autoridades afecten la continuidad de las políticas públicas?
La carrera funcionaria, sin embargo, tiene que tener un correlato, que es, por ejemplo, una escuela, es decir, una carrera, como fue en su minuto la administración pública, la escuela de gobierno.
Creo que ese es un diseño que le haría bien a las políticas públicas, porque son bastantes todavía los cargos de confianza y el problema justamente tiene que ver con la continuidad de las políticas, pero también con la vocación de servicio público.
Habiendo escuela o espacios de formación para una carrera funcionaria, me parece que contribuirían muchísimo al compromiso del servidor público y también a darle continuidad, por cierto, a las políticas públicas.
Alta Dirección Pública: las condiciones para remover directivos
Frente a la rotación de altos directivos, ¿impulsaría o apoyaría modificaciones legislativas al Sistema de Alta Dirección Pública para limitar las desvinculaciones discrecionales durante los cambios de gobierno?
No había pensado en reformar el sistema de Alta Dirección Pública. La verdad es que, en mi experiencia, hace ya varios años, funcionaba muy bien y, claro, se produce lo que usted dice, que es un cambio de autoridades al inicio del gobierno, pero también, si entiendo bien, no es llegar y echar a alguien que ha sido designado por Alta Dirección Pública.
Creo que son nombramientos de jefes superiores de división y haría un cambio que hiciera difícil o más cara la desvinculación, o sea, con incentivo y desincentivo. Creo que, por ahí, sí se podría hacer algo.
La estabilidad de los directivos en futuras reformas
El planteamiento de Fries se relaciona con una discusión que mantiene abierto el propio Consejo de Alta Dirección Pública: otorgar mayor estabilidad a los cargos técnicos de segundo nivel. La legislación vigente permite su remoción, aunque contempla requisitos e indemnizaciones en determinadas circunstancias.
En Santiago, la revisión solicitada por los parlamentarios permitirá examinar los procedimientos de nombramiento y ascenso bajo las normas municipales. Son dos ámbitos jurídicos diferentes, pero ambos involucran decisiones sobre mérito, idoneidad profesional y continuidad administrativa.
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