Alejandro Santana pidió al ministro Martín Arrau acelerar el proyecto que crea divisiones regionales de Prevención del Delito, buscando que los gobiernos regionales avancen desde el financiamiento hacia una capacidad técnica para definir prioridades de seguridad pública..
Con una inversión de más de $700 mil millones desde 2021, los gobiernos regionales buscan que la ofensiva de seguridad del Ejecutivo reconozca su papel con mayores atribuciones, financiamiento y una institucionalidad permanente de prevención del delito.
La cartera reúne más de 900 iniciativas de infraestructura, equipamiento, programas sociales y fomento productivo. AGORECHI la entregó al Gobierno nacional como insumo para acelerar la inversión territorial y generar 26.908 puestos de trabajo temporales durante 2026.
El Gobierno Regional, el municipio de San Clemente y más de 80 organizaciones advierten que la interconexión eléctrica amenaza el patrimonio natural y resulta incompatible con la postulación del territorio como Geoparque Mundial de la UNESCO.
El Gobierno Regional financiará 99 iniciativas FRIL en las 33 comunas y proyecta generar 2 mil puestos de trabajo. La ejecución dependerá ahora de que los municipios agilicen licitaciones y conviertan los convenios firmados en obras.
Más de 20 instituciones iniciaron un ciclo que reunirá a centros de pensamiento, organizaciones sociales y gremios empresariales para construir una hoja de ruta sobre competencias, financiamiento y capacidad regional de respuesta con horizonte al año 2030.
El lanzamiento se realizará durante Smart City Expo Santiago 2026, junto con un índice que medirá el avance de las comunas en innovación urbana y una agenda GovTech destinada a conectar necesidades municipales con soluciones tecnológicas.
El vicepresidente de AGORECHI defendió en el Senado la creación de divisiones de Prevención del Delito y pidió que la ley reconozca las inversiones, programas y coordinaciones que los gobiernos regionales ya ejecutan junto a policías y municipios.
Los GORE deberán identificar proyectos con contratación inmediata, levantar inversiones privadas paralizadas y evaluar una fórmula de cofinanciamiento con el Ejecutivo, mientras Biobío, Ñuble y Antofagasta concentrarán la primera etapa del despliegue territorial.
El Consejo Regional de La Araucanía destinó más de $661 millones para preparar la candidatura internacional, diseñar un sistema de gestión patrimonial e incorporar a las comunidades de Collipulli en la protección y proyección turística del histórico monumento ferroviario.