El vicepresidente de AGORECHI defendió en el Senado la creación de divisiones de Prevención del Delito y pidió que la ley reconozca las inversiones, programas y coordinaciones que los gobiernos regionales ya ejecutan junto a policías y municipios
Los gobiernos regionales llevan años destinando recursos a vehículos policiales, cámaras de vigilancia, iluminación y recuperación de espacios públicos. Sin embargo, esa participación todavía no cuenta con una competencia legal expresa que les permita planificar y coordinar políticas permanentes de prevención del delito.
Esa distancia entre las inversiones realizadas y las atribuciones disponibles fue llevada al Senado por el gobernador de Valparaíso y vicepresidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, Rodrigo Mundaca, quien expuso ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
“No pedimos permiso para actuar, llevamos años haciéndolo”, sostuvo la autoridad al defender el proyecto que incorpora formalmente la prevención social, situacional y comunitaria del delito entre las funciones de los gobiernos regionales.
La iniciativa, correspondiente al boletín 16.132-06, se encuentra en segundo trámite constitucional y permitiría que cada GORE cree una División de Prevención del Delito para coordinar programas regionales, apoyar a los municipios y ordenar las inversiones realizadas en los territorios.
Inversiones regionales sin una competencia permanente
La intervención de Mundaca no planteó que los gobiernos regionales comiencen a participar en seguridad. Su argumento fue que esa tarea ya se desarrolla mediante decisiones presupuestarias aprobadas por los consejos regionales, pero sin una institucionalidad que entregue continuidad y establezca responsabilidades precisas.
La demanda había sido presentada anteriormente durante la reunión de los gobernadores regionales con el Presidente José Antonio Kast. En esa oportunidad, las autoridades solicitaron mayores atribuciones y advirtieron que financian equipamiento e infraestructura policial, pese a mantener una participación limitada en la definición de las políticas preventivas.
Según los antecedentes expuestos por AGORECHI, 15 de las 16 regiones destinaron recursos a seguridad entre 2021 y 2026. La asociación consignó la inversión acumulada como M$578.198, aunque no difundió un desglose por territorio, año o tipo de proyecto que permita precisar cómo se compone el monto.
Mundaca aseguró, además, que ocho de cada diez pesos destinados a estas materias serían aportados por los gobiernos regionales. La cifra fue presentada durante su exposición, pero la información divulgada por AGORECHI no incorpora una comparación detallada con los recursos provenientes de ministerios, municipios u otros organismos estatales.
Equipamiento policial concentra los recursos
La mayor parte del gasto regional se dirige al fortalecimiento de las instituciones que operan en seguridad y emergencia. Un 60% se destina a equipamiento e infraestructura para Carabineros, la Policía de Investigaciones y Bomberos, de acuerdo con los datos entregados por la asociación.
Otro 35% corresponde a prevención situacional, categoría que incluye cámaras de vigilancia, mejoramiento de la iluminación y recuperación de espacios públicos. El 5% restante se destina a prevención comunitaria, mediante programas vinculados con organizaciones sociales, cultura, deporte y trabajo barrial.
“Nosotros ya lo estamos haciendo, ya estamos actuando”, afirmó Mundaca, quien sostuvo que el reconocimiento legal permitiría trabajar con mayores certezas y convertir una sucesión de inversiones regionales en una política pública permanente.
La discusión forma parte de una agenda más amplia entre los gobernadores y el Senado, que incorpora financiamiento, transferencia de competencias y mayor autonomía para responder a las necesidades de cada territorio.
Una división para coordinar la prevención
El proyecto entrega a los gobiernos regionales la función de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes y programas de prevención social, situacional y comunitaria del delito. También incorpora tareas relacionadas con la atención y asistencia a víctimas.
Cada gobernador podría crear una División de Prevención del Delito, con acuerdo del consejo regional. La unidad estaría encargada de gestionar esas funciones y coordinar el trabajo con municipios, organismos públicos y la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La propuesta también permitiría que los GORE financien infraestructura y equipamiento para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, una práctica que actualmente se realiza mediante convenios y proyectos regionales. Las acciones deberán mantener coherencia con la Política Nacional de Seguridad Pública y las directrices del Ministerio de Seguridad Pública.
Mundaca descartó que la nueva estructura pretenda reemplazar a las policías o crear una institucionalidad paralela. La definió como “una división que no duplica esfuerzos”, destinada a ordenar la colaboración regional en prevención del delito.
Municipios podrían recibir apoyo técnico
La iniciativa también modifica la legislación municipal para incorporar a los gobernadores en los consejos comunales de seguridad pública. Los municipios podrán solicitar asesoría a los respectivos gobiernos regionales para diseñar e implementar planes, estrategias y proyectos preventivos.
La coordinación busca ordenar una relación que ya existe en distintas regiones. Los GORE financian cámaras, drones, vehículos y alarmas comunitarias, mientras los municipios administran programas territoriales y mantienen el contacto directo con vecinos y organizaciones locales.
La discusión coincide con el debate sobre las nuevas responsabilidades de los municipios en seguridad, donde alcaldes y autoridades nacionales han planteado la necesidad de mejorar la coordinación sin reemplazar las funciones operativas de las policías.
Para Mundaca, la intervención regional tampoco debe limitarse a la compra de vehículos o tecnología. La recuperación de espacios públicos, la cultura, el deporte y el fortalecimiento de las capacidades municipales forman parte de la visión preventiva presentada ante la comisión.
Senado revisa financiamiento y posibles duplicidades
El proyecto fue aprobado en general por el Senado en septiembre de 2025, con 24 votos a favor, seis en contra y 12 abstenciones. Actualmente, la Comisión de Gobierno continúa revisando las indicaciones antes de que la iniciativa regrese a la Sala.
Durante la tramitación se han planteado dudas sobre el financiamiento de las nuevas divisiones, la contratación de personal y una eventual superposición con el Ministerio de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La propuesta mantiene la conducción nacional en el ministerio y no entrega a los gobernadores control operativo sobre Carabineros o la PDI. El papel regional se concentra en planificación, prevención, financiamiento y coordinación territorial.
El debate deberá resolver ahora cómo se financiarán las nuevas unidades y hasta dónde llegarán sus atribuciones. Para los gobernadores, la ley permitiría reconocer y ordenar una labor que ya realizan. Para el Senado, el desafío será formalizar esa participación sin duplicar organismos ni reducir los recursos disponibles para proyectos preventivos.
