Alejandro Santana pidió al ministro Martín Arrau acelerar el proyecto que crea divisiones regionales de Prevención del Delito, buscando que los gobiernos regionales avancen desde el financiamiento hacia una capacidad técnica para definir prioridades de seguridad pública
Los gobiernos regionales quieren avanzar desde el financiamiento hacia una participación más directa en las decisiones de seguridad pública. El presidente de AGORECHI y gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, planteó al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, acelerar el proyecto que permitirá crear divisiones de Prevención del Delito en cada GORE y fortalecer su capacidad técnica en los territorios.
En la reunión también participaron el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; la subsecretaria de Seguridad Pública, María Pilar Giannini; y el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero.
La propuesta busca entregar a esas nuevas unidades herramientas para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y programas de prevención social, situacional y comunitaria, además de reforzar la coordinación con los municipios. Para Santana, el cambio permitiría que las regiones dejen de limitar su participación a la entrega de recursos y ganen mayor capacidad para determinar dónde las inversiones pueden generar mejores resultados.
“Estamos absolutamente convencidos de que la focalización de la inversión, del gasto y de las urgencias nace en los territorios”, sostuvo el gobernador, destacando la experiencia acumulada por los GORE y su relación permanente con los municipios. Esa coordinación adquiere especial relevancia luego de la nueva legislación que reorganiza las atribuciones de seguridad municipal, fortaleciendo la dimensión territorial de la prevención.
De financiar a participar en las decisiones
El planteamiento tiene como antecedente la magnitud de los recursos que las regiones ya destinan a esta materia. Según el comunicado de AGORECHI, desde 2021 los gobiernos regionales han invertido más de $600 mil millones en seguridad, financiando equipamiento y vehículos para Carabineros y la PDI, televigilancia, cámaras, iluminación pública y recuperación de espacios urbanos.
La experiencia también comienza a incorporar nuevas herramientas. En Valparaíso, por ejemplo, el Gobierno Regional ha impulsado inteligencia artificial, interoperabilidad y monitoreo territorial, mostrando cómo la inversión regional puede evolucionar hacia estrategias más complejas de prevención.
Santana sostiene que precisamente esa experiencia debe traducirse ahora en una institucionalidad permanente. “Esperamos, por el bien de la descentralización y del fortalecimiento de las políticas públicas, que podamos tener un instrumento que permita que los gobiernos regionales no solamente financien una parte muy relevante de la seguridad pública en Chile, sino que sean principalmente un actor técnico que permita definir qué inversiones tienen mayor o menor impacto”, afirmó.
Proyecto avanza en el Senado
La iniciativa corresponde al Boletín 16.132-06 y se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, donde continúa su discusión particular en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. El proyecto incorpora expresamente funciones regionales de prevención del delito y apoyo a víctimas, manteniendo la coordinación general bajo el Ministerio de Seguridad Pública.
Su discusión coincide con una agenda nacional que busca ampliar las capacidades del Estado frente al crimen organizado, escenario donde la coordinación entre instituciones nacionales, regiones y municipios aparece como uno de los desafíos para transformar nuevas atribuciones en resultados concretos.
Más allá de la creación de una nueva división, el debate vuelve a poner en cuestión hasta dónde debe avanzar la descentralización en seguridad pública. Las regiones ya financian una parte relevante de las respuestas territoriales y acumulan conocimiento sobre las necesidades locales. El siguiente paso supone determinar cuánto de esa experiencia debe traducirse también en capacidad efectiva para decidir.
El desafío será construir un modelo donde mayores atribuciones regionales fortalezcan, y no fragmenten, la política nacional de seguridad. Si ese equilibrio se consigue, los gobiernos regionales podrían pasar de ser principalmente financiadores a convertirse en actores permanentes de la prevención, conectando las prioridades nacionales con realidades que no son iguales en Santiago, Valparaíso, Los Lagos o cualquier otro territorio.
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