Con una inversión de más de $700 mil millones desde 2021, los gobiernos regionales buscan que la ofensiva de seguridad del Ejecutivo reconozca su papel con mayores atribuciones, financiamiento y una institucionalidad permanente de prevención del delito
Los gobiernos regionales quieren dejar de ocupar un papel complementario en seguridad. Después de años financiando vehículos policiales, helicópteros, cámaras, sistemas de televigilancia, iluminación y recuperación de espacios públicos, ahora buscan que esa participación se traduzca en mayores atribuciones y capacidad institucional permanente en los territorios.
La discusión se abre justo cuando el Gobierno de José Antonio Kast acaba de instalar una nueva Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. La Asociación de Gobernadoras y Gobernadores Regionales de Chile, AGORECHI, valoró que la seguridad haya sido situada como prioridad nacional, pero pretende aprovechar el nuevo impulso político para avanzar en una demanda que lleva tiempo instalada entre las regiones.
El presidente de la asociación, Alejandro Santana, se reunirá el martes con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Uno de los asuntos centrales será el proyecto que crea la División de Prevención del Delito en los gobiernos regionales, iniciativa que actualmente cumple su segundo trámite constitucional en el Senado.
Más de $700 mil millones desde las regiones
La principal carta de los gobernadores son las cifras. Según AGORECHI, desde 2021 los gobiernos regionales han destinado más de $700 mil millones a iniciativas vinculadas con seguridad, financiando equipamiento para Carabineros y la PDI, vehículos, helicópteros, televigilancia, cámaras, iluminación pública y recuperación de espacios urbanos.
Para Santana, esa inversión demuestra que las regiones ya cumplen una función activa que debería encontrar una expresión institucional más sólida.
“Valoramos que el Gobierno haya situado la seguridad como una prioridad nacional. Los gobiernos regionales hemos demostrado con hechos nuestro compromiso, invirtiendo recursos históricos para fortalecer la prevención y apoyar el trabajo de las policías. Esperamos encontrar la apertura necesaria para avanzar en el proyecto que crea la División de Prevención del Delito en los gobiernos regionales y que también entrega financiamiento para su funcionamiento”.
El objetivo no pasa por asumir funciones policiales, sino por fortalecer la capacidad regional para prevenir delitos, coordinar inversiones y responder a necesidades territoriales que cambian de una zona a otra.
La seguridad vuelve a cruzarse con la descentralización
AGORECHI sostiene que enfrentar el delito requiere combinar prevención, tecnología, recuperación de espacios públicos y coordinación entre las distintas instituciones del Estado. La experiencia acumulada, argumentan los gobernadores, permitiría convertir a los gobiernos regionales en un actor más estable dentro de esa arquitectura.
El planteamiento instala una discusión que supera la coyuntura de la nueva agenda de Kast. Si las regiones llevan años destinando recursos relevantes a seguridad, la pregunta es cuánto poder tendrán para decidir dónde invertirlos, cómo ejecutarlos y qué prioridades territoriales abordar primero.
Por eso, AGORECHI espera que el debate legislativo no se limite a formalizar una estructura administrativa. También busca financiamiento para su funcionamiento y mecanismos más ágiles para ejecutar inversiones, junto con mayores atribuciones para los gobiernos regionales.
La reunión con Arrau mostrará hasta dónde está dispuesto el Ejecutivo a incorporar esa dimensión territorial. La nueva agenda de seguridad abre una oportunidad para fortalecer la presencia del Estado frente al crimen, pero también reactiva una vieja discusión: cuánto poder efectivo seguirá concentrado en Santiago y cuánto llegará finalmente a las regiones.
