El mapa de la ciencia e innovación está cambiando desde las regiones

Los gobiernos regionales disponen de $227.859 millones del FRPD en 2026 y deben destinar, por regla general, al menos 25% a investigación científica y tecnológica. El nuevo esquema abre oportunidades, pero también evidencia diferencias de ejecución entre territorios

El mapa de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en Chile está sumando nuevos centros de decisión. Durante décadas, buena parte de las políticas, instrumentos y recursos asociados al conocimiento se estructuraron desde organismos nacionales. Esa arquitectura no ha desaparecido, pero los gobiernos regionales comienzan a disponer de herramientas que les permiten intervenir con mayor fuerza en la definición de sus propias prioridades científicas, tecnológicas y productivas.

El cambio tiene una dimensión presupuestaria concreta. En 2026, el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, FRPD, considerá $227.859 millones entre los 16 gobiernos regionales. Más relevante todavía para el nuevo escenario territorial es que la regulación establece, como regla general, que al menos 25% de esos recursos debe destinarse a promoción de investigación científica y tecnológica.

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo identifica esa transformación dentro de su análisis de las últimas dos décadas. El organismo sostiene que los gobiernos regionales han adquirido una importancia creciente en el financiamiento desde la creación del FRPD, fortaleciendo su capacidad para definir prioridades propias de investigación, innovación y desarrollo productivo.

No significa que Santiago haya dejado de concentrar decisiones. Los ministerios de Ciencia y Economía reúnen cerca de dos tercios del presupuesto nacional en estas materias. Lo que comienza a cambiar es la existencia de una segunda escala de decisión: regiones que no solo reciben recursos, sino que pueden definir qué problemas abordar, qué sectores priorizar y qué capacidades necesitan construir.

Una nueva palanca para las regiones

El FRPD no es exclusivamente un fondo científico. Sus recursos pueden financiar fomento productivo, desarrollo regional e investigación científica y tecnológica, abriendo espacio a innovación, emprendimiento, adopción tecnológica, investigación aplicada, desarrollo experimental y transferencia de conocimiento.

Si el piso de 25% se aplicara sobre la totalidad del fondo disponible en 2026, sin reducciones autorizadas, el espacio potencialmente orientado a investigación científica y tecnológica bordearía los $56.965 millones. La cifra no corresponde a gasto ejecutado, sino a la magnitud financiera que tendría la regla sobre el total distribuido entre las regiones.

Fuente: Dirección de Presupuestos, “Distribución Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo 2025-2026”.

La distribución revela una capacidad financiera significativa y diferencias territoriales relevantes. La Región Metropolitana concentra $30.585 millones, seguida por La Araucanía con $21.111 millones, Biobío con $17.337 millones y Maule con $16.535 millones. Antofagasta dispone de $14.257 millones, Los Lagos de $14.499 millones y O’Higgins de $13.057 millones.

Los $227.859 millones no equivalen íntegramente a inversión en ciencia e innovación, porque el fondo contempla destinos productivos más amplios. Su relevancia está en que una fracción queda vinculada específicamente a investigación y, al mismo tiempo, la decisión sobre su utilización se acerca a los territorios.

Cuando la decisión deja de estar en Santiago

Esa transformación abre una discusión política más profunda. Descentralizar no consiste solamente en distribuir dinero, sino también en trasladar capacidad para definir prioridades, una lectura que comienza a instalarse entre los propios gobernadores.

Alejandro Santana, gobernador de Los Lagos y presidente de Agorechi, ha puesto el acento precisamente en ese cambio de poder territorial. Al evaluar la experiencia de descentralización productiva sostuvo que “las decisiones sobre fomento productivo, innovación y emprendimiento ya no se toman exclusivamente desde Santiago, sino desde los territorios”.

Su planteamiento apunta a algo más profundo que la administración presupuestaria. Si una región puede decidir qué proyectos productivos, tecnológicos o científicos impulsar, comienza también a intervenir en la orientación de su estrategia de desarrollo, identificando sectores, brechas y oportunidades que difícilmente son iguales entre una región minera, agrícola, acuícola, logística o energética.

Desde O’Higgins, el gobernador Pablo Silva Amaya ha enfatizado la pertinencia de ese proceso. Para la autoridad, “cuando las decisiones se toman desde las regiones, con foco en sus vocaciones productivas y brechas, el desarrollo se vuelve más pertinente y efectivo”.

La afirmación adquiere especial sentido en materia científica. Los desafíos de Antofagasta no son necesariamente los mismos de Los Lagos, O’Higgins, Tarapacá o Biobío. Relacionar recursos con vocaciones productivas permite construir agendas de conocimiento diferenciadas, orientadas a minería, recursos hídricos, agricultura, energía, acuicultura, logística, adaptación climática o transformación tecnológica.

Pero disponer de dinero y capacidad de decisión no garantiza resultados. Una región puede recibir recursos y, al mismo tiempo, enfrentar debilidades para formular proyectos, atraer investigadores, sostener laboratorios, articular universidades con empresas o transformar iniciativas temporales en capacidades que permanezcan una vez terminado el financiamiento.

Antofagasta anticipó parte de esa discusión durante la conformación de su Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El gobernador Ricardo Díaz defendió que “la academia y la investigación estén representadas” en las decisiones y vinculó esa participación con políticas públicas sustentadas en información y proyectadas en el largo plazo.

El planteamiento instala una segunda dimensión: descentralizar ciencia también supone construir gobernanza del conocimiento. No basta con abrir convocatorias. Se requiere articular gobiernos regionales, universidades, centros tecnológicos, investigadores, empresas y sectores productivos alrededor de desafíos capaces de convertirse en prioridades compartidas.

Del presupuesto a las capacidades

Coquimbo permite observar cómo esa arquitectura comienza a traducirse en proyectos. Durante 2025, el Gobierno Regional reportó 59 iniciativas vinculadas a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación y una cartera FRPD con 32 iniciativas desarrolladas por 11 universidades y centros de investigación por $5.913 millones. Su Cuenta Pública informó ejecución plena de esa cartera.

El dato desplaza la discusión desde cuánto recibe una región hacia qué hace realmente con esos recursos. La pregunta que deberá responder el nuevo modelo no es únicamente cuánto distribuye el FRPD, sino cuántas investigaciones, tecnologías, capacidades humanas, alianzas institucionales y soluciones productivas consigue instalar en los territorios.

Pero mientras la descentralización abre nuevas posibilidades de financiamiento, el propio Consejo Nacional de CTCI acaba de introducir una advertencia de fondo sobre la continuidad de las capacidades científicas del país.

En una declaración emitida a propósito de las recientes decisiones sobre instrumentos de investigación y formación, el organismo sostiene que la discusión no puede reducirse a convocatorias o programas particulares. A su juicio, lo que está en juego es la necesidad de contar con una Política de Estado para la investigación, la formación de talento y el desarrollo de capacidades, consistente con una estrategia nacional de largo plazo.

La advertencia toca directamente el desafío regional. El Consejo recuerda que las capacidades científicas se construyen mediante personas altamente calificadas, comunidades académicas, infraestructura científica y tecnológica, instituciones sólidas, redes de colaboración y trayectorias de formación acumuladas durante décadas. Son precisamente esas capacidades las que permiten posteriormente orientar investigación e innovación hacia desafíos estratégicos.

La señal es relevante porque introduce una tensión que el nuevo mapa territorial no puede ignorar. Los gobiernos regionales pueden recibir más recursos y disponer de mayor autonomía para definir prioridades, pero difícilmente podrán construir ecosistemas científicos sólidos si a nivel nacional se debilitan los instrumentos que forman investigadores, sostienen infraestructura y permiten acumular conocimiento.

El Consejo es explícito en cuestionar una mirada fragmentada. Sostiene que los programas e instrumentos responden a objetivos de política pública y, por tanto, deben analizarse de manera integral, desde una perspectiva estratégica y sistémica.

Su conclusión eleva todavía más el alcance de la discusión: Chile necesita articular de manera coherente investigación, formación, infraestructura, inserción e innovación, fortalecer las decisiones basadas en evidencia y proyectar en el tiempo las trayectorias de desarrollo de capacidades.

Para las regiones, esa advertencia es especialmente importante. Una política basada exclusivamente en proyectos y concursos de corta duración puede distribuir recursos sin necesariamente construir capacidad científica permanente. El desafío es que universidades, centros tecnológicos, investigadores y redes regionales tengan continuidad suficiente para acumular conocimiento y responder a nuevas prioridades cuando estas aparezcan.

El propio Consejo identifica ámbitos donde territorio y conocimiento pueden convertirse en ventajas estratégicas. Menciona sectores energéticos, emprendimientos tecnológicos asociados a recursos naturales, economías alimentarias regenerativas y economía digital, junto con singularidades como los laboratorios naturales del Desierto de Atacama y la Antártica. También incorpora desafíos hídricos, recuperación de suelos, protección de ecosistemas y tecnologías como biotecnología e inteligencia artificial.

Ahí aparece con mayor claridad el potencial del cambio regional: no se trata simplemente de replicar en cada territorio una agenda definida desde el nivel central, sino de producir conocimiento sobre problemas, activos y oportunidades que existen precisamente porque las regiones son distintas.

Más recursos, menor peso nacional

La nueva capacidad regional ocurre, además, sobre un escenario nacional contradictorio. El presupuesto público destinado a CTI alcanzó su máximo histórico en 2025, con $1.305 mil millones, y entre 2007 y 2026 creció 133% en términos reales. Sin embargo, durante la última década el ritmo se desaceleró y entre 2017 y 2026 el crecimiento real promedio anual fue de apenas 1,1%.

Más significativo todavía es su peso relativo. El presupuesto pasó de representar 0,53% del PIB en 2011 a 0,35% en 2026 y su participación dentro del presupuesto del Gobierno Central retrocedió desde cerca de 2,6% a alrededor de 1,5%. Chile dispone de más recursos que hace dos décadas, pero proporcionalmente la ciencia y la innovación ocupan menos espacio dentro de sus prioridades fiscales.

El informe “Análisis histórico del presupuesto público en Ciencia, Tecnología e Innovación en Chile: marco conceptual y evolución”, presentado por el Consejo Nacional de CTCI en agosto de 2026. agrega otras dos alertas. El financiamiento destinado a formación de capacidades humanas avanzadas cayó desde 14% a 8%, mientras entre 2017 y 2026 apenas 4% de los recursos fue dirigido a instrumentos diseñados específicamente para enfrentar desafíos estratégicos definidos por política pública.

María José Menéndez Bass, asesora en políticas CTCI del Consejo, puso el rezago en perspectiva internacional: “Los datos actuales del GBARD muestran que el Estado invierte menos de un 0,2% del PIB en investigación y desarrollo, mientras que países como España llegan a 0,6% y otros intensivos en industrias tecnológicas, como Japón, alcanzan un 1,6%”.

El problema, por tanto, no se reduce al volumen de los recursos. Rodrigo Balbontín, de la Information Technology & Innovation Foundation, sitúa la discusión en el modelo de desarrollo que Chile deberá construir:

“Chile tiene que entender el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación como parte de una estrategia de desarrollo de largo plazo. Hasta el momento, el país ha logrado convertirse en una economía de altos ingresos sin un mayor esfuerzo público en esta materia, pero las fórmulas de antes ya no bastan: ahora se necesita un mayor esfuerzo y pensar en cómo combinar los incentivos público privados con retorno a la inversión, mayores capacidades de conocimiento, adopción y difusión tecnológica”.

El verdadero desafío recién comienza

El FRPD introduce una variable capaz de modificar esa trayectoria: parte de las decisiones sobre productividad, investigación e innovación comienza a construirse desde regiones con estructuras económicas, universidades, capacidades y problemas diferentes.

Pero la paradoja comienza a hacerse evidente. Chile puede avanzar en descentralizar recursos para ciencia e innovación mientras, al mismo tiempo, mantiene abierta una discusión nacional sobre la continuidad de los instrumentos que forman talento y sostienen capacidades científicas. Ambas decisiones forman parte del mismo sistema.

Las posiciones de Santana, Silva y Díaz apuntan hacia mayor autonomía, pertinencia territorial y gobernanza del conocimiento. La advertencia del Consejo agrega la otra mitad del problema: esa autonomía necesita una base científica estable sobre la cual ejercerse.

Una región sin investigadores suficientes, infraestructura, universidades fortalecidas y redes de colaboración puede recibir recursos y continuar dependiendo del centro para producir conocimiento. Por eso, descentralizar presupuesto es apenas una parte del proceso.

El mapa de la ciencia y la innovación está cambiando, pero todavía está lejos de completarse. La próxima etapa no se jugará solamente en cuánto dinero salga de Santiago, sino en cuánto talento, infraestructura, conocimiento y capacidad real de decidir logren permanecer instalados en las regiones.

Sobre este contenido: Fuentes oficiales, reporteo y edición periodística con apoyo de IA.