Con desempleo de 9,5% y utilidades empresariales creciendo 21,16%, el Presupuesto 2027 enfrenta una prueba decisiva: convertir inversión pública y mejores resultados privados en empleo, especialmente en las regiones donde la actividad económica muestra mayores debilidades
Por Richard Andrade C. Director Poderyliderazgo.cl
Chile enfrenta un mercado laboral debilitado justo cuando comienza una de las discusiones económicas más importantes del año. La tasa de desocupación llegó a 9,5% en el trimestre mayo-julio, los ocupados disminuyeron 0,2% en doce meses y el número de personas desempleadas aumentó 10,4%. Son cifras nacionales, pero detrás de ellas existen realidades territoriales profundamente distintas y economías regionales que enfrentan esa debilidad con capacidades también desiguales.
El problema adquiere especial relevancia a pocos días del ingreso del Presupuesto 2027 al Congreso. El Gobierno ha situado la recuperación del empleo entre sus prioridades y prepara medidas para acelerar inversión, construcción e infraestructura.
Al mismo tiempo, los gobernadores regionales han advertido que la propuesta presupuestaria todavía en negociación considera una reducción cercana al 7% de sus recursos, disminución que ellos estiman podría aproximarse al 10% en términos reales al incorporar inflación.
Ahí aparece una contradicción que Hacienda deberá resolver. Si una parte de la recuperación del empleo depende de acelerar inversión y proyectos en los territorios, reducir indiscriminadamente la capacidad regional para financiarlos puede terminar debilitando uno de los instrumentos disponibles para enfrentar el problema.
La discusión no puede reducirse, sin embargo, a pedir más recursos. La situación fiscal exige disciplina y obliga a revisar prioridades. Los gobiernos regionales deben responder por la calidad de sus proyectos, su capacidad de ejecución y el uso transparente del dinero público.
Una mayor autonomía presupuestaria debe ir acompañada de mayor responsabilidad. Pero una cosa es exigir eficiencia y otra muy distinta aplicar ajustes sin distinguir entre gasto que puede reducirse e inversión capaz de generar actividad económica.
Crecen las utilidades, pero no el empleo
A esa fotografía se suma una señal que la política económica no debería ignorar. Las 471 empresas que reportaron sus estados financieros a la Comisión para el Mercado Financiero acumularon US$16.881 millones en utilidades durante el primer semestre de 2026, un aumento de 21,16% frente al mismo período del año anterior. Sus ingresos también crecieron, hasta US$194.272 millones.
El resultado es positivo para la economía y no corresponde cuestionar que las empresas generen ganancias. Al contrario, compañías financieramente más sólidas tienen mejores condiciones para invertir, expandirse e innovar. El problema aparece cuando esa mejoría no encuentra un correlato similar en el mercado laboral: mientras las utilidades aumentaron con fuerza, el desempleo llegó a 9,5%, disminuyó el número de ocupados y crecieron las personas que buscan trabajo sin encontrarlo.
Ambas cifras no permiten establecer por sí solas una relación causal. Tampoco todas las empresas ni todos los sectores están en la misma situación. Pero sí exponen una realidad que resulta difícil ignorar: una recuperación de los balances empresariales no garantiza automáticamente una recuperación del empleo.
Esperar simplemente que las mejores utilidades terminen convirtiéndose, en algún momento, en nuevas contrataciones no constituye una política laboral. El sector privado debe seguir siendo el principal generador de empleo sostenible, pero cuando esa transmisión no ocurre con suficiente velocidad, el Estado tiene una responsabilidad que asumir: crear las condiciones para que la inversión se materialice, acelerar infraestructura, destrabar proyectos y orientar recursos públicos hacia actividades capaces de movilizar trabajo.
Esa responsabilidad adquiere mayor importancia cuando se observa el territorio. Una radiografía del empleo regional muestra que el promedio nacional esconde diferencias significativas entre regiones, tanto en desocupación como en informalidad. A ello se suma que durante el segundo trimestre siete de las 16 regiones redujeron su actividad económica, según el Banco Central, mientras el PIB nacional cayó 0,2%.
Chile, por tanto, no enfrenta un único problema laboral. Una región minera afectada por una caída de producción necesita respuestas distintas de otra donde la debilidad proviene de la construcción, el comercio, la agricultura o los servicios. Pretender resolver esas diferencias exclusivamente desde instrumentos nacionales uniformes significa desconocer cómo funciona realmente la economía fuera de Santiago.
El Presupuesto debe convertir inversión en empleo
El Presupuesto 2027 debería incorporar esa dimensión territorial de manera mucho más visible. No basta con determinar cuánto gastará el Estado. También importa saber dónde se invertirá, qué proyectos pueden comenzar rápidamente, cuántos puestos de trabajo podrían movilizar y qué inversiones privadas pueden destrabarse a partir de ellos.
Los propios gobiernos regionales ya fueron incorporados durante este año a la Mesa Interministerial por el Empleo, con tareas que incluyen identificar proyectos públicos capaces de generar contratación y levantar inversiones privadas detenidas. Sería difícil explicar que, después de asignarles esa responsabilidad, el diseño presupuestario termine reduciendo sin distinción su capacidad para financiar inversión.
Eso no supone entregar un cheque en blanco. Proyectos listos para licitar, obras municipales técnicamente aprobadas, programas de vivienda o infraestructura con capacidad inmediata de ejecución deberían tener prioridad precisamente porque existen menos recursos disponibles. Del mismo modo, iniciativas atrasadas, sin respaldo técnico o con resultados difíciles de demostrar deben ser revisadas.
La responsabilidad también alcanza al sector privado. Si las empresas están obteniendo mejores resultados, existe una oportunidad para acelerar decisiones de inversión que permitan transformar esos balances en nueva actividad y contratación. El desafío para el Estado es facilitar que eso ocurra, no reemplazarlo.
Más recursos sin gestión no resolverán el problema, pero mejores utilidades empresariales tampoco bastarán si no se convierten en inversión y trabajo. Austeridad sin mirada territorial completa una combinación igualmente insuficiente.
Hacienda debe explicar dónde reducirá recursos y qué impacto tendrán esas decisiones. Los gobiernos regionales deben demostrar capacidad de ejecución. Las empresas tienen el desafío de transformar mejores condiciones financieras en inversión. Y el Congreso deberá evaluar el Presupuesto no solo por su cifra global, sino también por su capacidad de responder a las brechas territoriales que hoy muestra el mercado laboral.
Durante años Chile ha hablado de descentralización mientras buena parte de sus decisiones económicas continúa construyéndose desde promedios nacionales. Las cifras actuales vuelven a demostrar los límites de esa mirada.
El Estado no puede garantizar por decreto la creación de empleo ni sustituir el papel de las empresas, pero sí tiene la responsabilidad de evitar que la recuperación económica conviva indefinidamente con un mercado laboral deteriorado. El Presupuesto 2027 será una de las primeras pruebas concretas de esa responsabilidad.
Porque el empleo no se recuperará solo desde Santiago. Se recuperará cuando las decisiones nacionales, la inversión pública y los mejores resultados privados logren transformarse en actividad económica y oportunidades de trabajo en los territorios donde las personas viven, producen y emprenden.
