Por Pablo Carrizo O. Director Ejecutivo TSD Consulting
La seguridad fue la promesa central con que este Gobierno llegó al poder. Ahora bien, dado el contexto regional, cumplirla exige cooperación internacional, policías capaces y un Estado que pueda anticiparse a las amenazas. Precisamente por eso, corresponde examinar si sus decisiones presupuestarias fortalecen todas esas capacidades o privilegian unas mientras debilitan otras.
El pasado 22 de septiembre el Gobierno decidió adherir a Chile al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos, sin un debate público previo sobre sus alcances. La decisión deja preguntas que no resuelve el anuncio: qué beneficios concretos obtiene Chile, qué compromisos asume y cómo resguarda su autonomía frente a una agenda definida en Washington.
Dos días después, el ministro de Defensa anunció la renovación de capacidades militares y destacó que su cartera quedó excluida del ajuste presupuestario del 3 %. La coincidencia no demuestra una obligación de comprar armamento, pero sí exige explicaciones para que cooperar en seguridad no termine significando actuar como patio trasero de Estados Unidos.
Ambas decisiones merecen un examen serio. Mantener capacidades de defensa puede responder a necesidades legítimas del país, especialmente en territorios estratégicos. Cooperar con otros Estados para enfrentar organizaciones criminales también puede ser útil. La pregunta, entonces, no es por qué Chile debe protegerse. La pregunta es qué entiende este Gobierno por proteger a Chile y cómo justifica que unas capacidades queden resguardadas mientras otras deben absorber el ajuste.
Con una desocupación de 9,5 %, el anuncio de 9.480 empleos temporales para prevenir incendios puede ser útil para las comunidades, pero está lejos de responder a la magnitud del problema laboral. La respuesta exige formación, inversión y puestos de trabajo que perduren. Por eso, mientras el Gobierno impulsa una rebaja tributaria para las grandes empresas con el argumento de estimular el crecimiento, corresponde exigirle metas de empleo verificables: cuánto invertirán, dónde contratarán y qué resultados podrá evaluar el país.
Si el Estado está dispuesto a recaudar menos para favorecer la inversión, tiene derecho a exigir que esa apuesta se traduzca en trabajo real para las personas.
Lo mismo ocurre con la seguridad cotidiana. La respuesta frente al crimen organizado depende de investigación policial, fiscalías, control fronterizo, información compartida y municipios capaces de actuar dentro de sus competencias. Un anuncio internacional no reemplaza esa tarea. Tampoco la reemplaza una nueva inversión militar, por necesaria que pueda ser para otros fines de la defensa nacional.
El Gobierno debe explicar los compromisos, costos y límites de la adhesión al Escudo, porque toda decisión de seguridad y defensa requiere transparencia, control democrático y una justificación fundada en el interés nacional.
En los próximos días conoceremos el proyecto de Presupuesto 2027. Será la oportunidad de contrastar las prioridades declaradas con recursos, programas y dotaciones. Cada recorte y cada excepción deberán justificarse. Si responden a una agenda ideológica antes que a las necesidades del país, el presupuesto dejará de ser una estrategia de Estado y evidenciará la falta de un acuerdo democrático sobre qué capacidades públicas debemos sostener.
La seguridad de un país se mide por la capacidad del Estado para proteger a las personas frente al delito, las emergencias y la pérdida del empleo. El Presupuesto 2027 mostrará qué decide proteger este Gobierno, qué deja expuesto y a quién le pide pagar el costo de sus prioridades. Para cumplir su promesa, tendrá que salir del discurso y construir seguridad con recursos, acuerdos y una mirada más amplia que la de su propio partido.
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