La cartera reúne más de 900 iniciativas de infraestructura, equipamiento, programas sociales y fomento productivo. AGORECHI la entregó al Gobierno nacional como insumo para acelerar la inversión territorial y generar 26.908 puestos de trabajo temporales durante 2026
La presión por recuperar el mercado laboral comenzó a movilizar una respuesta desde los territorios. Mientras el Gobierno busca crear 50 mil puestos de trabajo en cuatro meses y enfrenta una desocupación que afecta a más de 940 mil personas, los gobiernos regionales reunieron proyectos que podrían comenzar a ejecutarse durante 2026 y convertir inversión pendiente en contrataciones locales.
La propuesta fue presentada por la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI) y considera más de 900 iniciativas provenientes de todas las regiones. De acuerdo con los antecedentes entregados a Poderyliderazgo, su ejecución permitiría generar 26.908 empleos temporales durante el presente año.
La cartera es la respuesta concreta al trabajo iniciado entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales dentro de la Mesa Interministerial por el Empleo. En esa instancia, las autoridades territoriales asumieron el compromiso de identificar proyectos públicos capaces de contratar trabajadores en el corto plazo, además de inversiones privadas detenidas por dificultades administrativas.
El presidente de AGORECHI y gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, entregó formalmente el documento al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. La propuesta reúne intervenciones en infraestructura vial, equipamiento público, programas sociales y fomento productivo, con distintos grados de avance técnico y administrativo.
De la coordinación a proyectos concretos
La entrega busca evitar que la participación regional quede reducida a una mesa de coordinación. Durante las últimas semanas, los equipos de los gobiernos regionales revisaron sus carteras para reconocer aquellas iniciativas con condiciones para avanzar durante 2026 y capacidad de generar empleo en las comunas donde serán ejecutadas.
Ese levantamiento permite reunir bajo una misma estrategia proyectos muy distintos entre sí. Algunas regiones priorizaron obras viales y equipamiento público; otras incorporaron programas sociales, apoyo a actividades productivas o iniciativas vinculadas con pequeñas empresas y economías locales.
Santana destacó que la propuesta fue construida por las propias administraciones regionales, a partir de las necesidades y posibilidades de ejecución existentes en cada territorio.
“Hoy entregamos una propuesta construida por cada uno de los Gobiernos Regionales para aportar desde los territorios a la generación de empleo. Este es un esfuerzo inédito de coordinación nacional, donde las regiones no solo ponen sobre la mesa proyectos concretos, sino también toda su capacidad técnica para acelerar su ejecución”.
El documento permite dimensionar el aporte regional a la meta planteada por el Gobierno. Los 26.908 empleos temporales proyectados equivalen a más de la mitad de los 50 mil puestos que el Ejecutivo espera impulsar mediante subsidios, inversión pública y programas coordinados con municipios y administraciones regionales.
La cartera entra al plan nacional de empleo
El Gobierno utilizará el listado como insumo para ordenar su estrategia laboral y determinar qué iniciativas pueden avanzar con mayor rapidez. Daniel Mas señaló que la propuesta permitirá conectar las metas nacionales de empleo con proyectos ya identificados desde los territorios.
“Este documento reúne iniciativas concretas que permitirán avanzar con mayor rapidez en la generación de empleo, un objetivo prioritario para el Gobierno y una necesidad urgente para miles de familias chilenas”.
La entrega se suma al plan Modo Empleo presentado por el Ejecutivo, que contempla 25 mil subsidios a la contratación, recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y programas de Sercotec. El paquete inicial considera $50 mil millones destinados a herramientas para la creación de empleo formal en el corto plazo.
Dentro de esa estrategia, los gobiernos regionales cumplen una función distinta a la de los subsidios. Su aporte consiste en identificar inversiones capaces de activar obras, servicios y programas con efectos directos en cada territorio, además de coordinarse con municipios y organismos sectoriales para facilitar su ejecución.
La cartera nacional no solo reúne proyectos nuevos. También incorpora iniciativas que llevan tiempo esperando decisiones administrativas, convenios, transferencias o autorizaciones. Por ello, una parte importante del trabajo dependerá de la capacidad del nivel central para reducir tiempos y resolver las dificultades que mantienen detenidas inversiones ya formuladas.
Financiamiento y plazos marcan la siguiente etapa
La entrega del documento abre ahora una fase de revisión entre Economía, los ministerios sectoriales y los gobiernos regionales. El análisis deberá establecer cuáles de los más de 900 proyectos cuentan con financiamiento asegurado, cuáles requieren recursos adicionales y qué iniciativas pueden comenzar efectivamente antes de finalizar 2026.
La capacidad técnica de las administraciones regionales será determinante. En los últimos meses, equipos de distintas regiones han reforzado sus competencias para destrabar la inversión pública y mejorar la planificación de proyectos, precisamente en un escenario donde las exigencias administrativas pueden retrasar obras con financiamiento disponible.
Los antecedentes conocidos hasta ahora no detallan la distribución de los proyectos entre las regiones, el volumen total de inversión ni la cantidad de empleos asociada a cada territorio. Tampoco establecen cuántos puestos se concentrarán en infraestructura, programas sociales o iniciativas de fomento productivo.
Esos datos deberán conocerse a medida que avance la priorización. La cifra inicial, sin embargo, instala una dimensión concreta para la coordinación territorial: más de 900 proyectos identificados y casi 27 mil empleos temporales que podrían activarse durante 2026.
Para los gobiernos regionales, la entrega representa también una demostración de su capacidad para intervenir en la agenda económica nacional. El desafío será que el listado no permanezca como una cartera de intenciones y se transforme en obras, programas y contrataciones visibles en cada territorio.
