La Comisión de Constitución respaldó aplazar hasta diciembre de 2027 la nueva normativa. La propuesta del Gobierno busca resolver problemas de implementación, pero prolongaría la espera por mayores derechos y fiscalización sobre el uso de información personal
A poco más de un mes de su entrada en vigencia, la nueva Ley de Protección de Datos Personales enfrenta la posibilidad de quedar postergada durante otro año. La Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar del proyecto presentado por el Gobierno, que busca trasladar su aplicación desde el 1 de diciembre de 2026 hasta la misma fecha de 2027, mientras persisten dificultades para instalar la agencia encargada de fiscalizar su cumplimiento.
La iniciativa, correspondiente al boletín 18.623-07, mantiene las obligaciones sustantivas de la Ley 21.719, pero propone ampliar los plazos para que empresas y organismos públicos adapten sus procedimientos. También plantea aumentar de tres a cinco los integrantes del Consejo Directivo de la futura Agencia de Protección de Datos Personales, cuyos nombramientos deberán contar con el respaldo de dos tercios del Senado.
La discusión ocurre en medio de un importante rezago empresarial. Un estudio realizado entre 127 organizaciones con operaciones en Chile reveló que 72% no estaba preparado para cumplir las nuevas exigencias, mientras 46% todavía no implementaba ninguna medida.
Los resultados, recogidos en un diagnóstico sobre la preparación de las empresas ante la nueva ley, muestran dificultades de adaptación, aunque no explican por sí solos los problemas del Estado para instalar la nueva institucionalidad.
Una agencia que sigue condicionando los plazos
Uno de los antecedentes centrales ocurrió en mayo, cuando el Senado rechazó la propuesta presidencial para designar a Joselyn Biermann, Roberto Godoy y Matías Larraguibel como integrantes del primer consejo directivo de la agencia. La nominación no consiguió el quórum requerido, pese a que la institución debía constituirse anticipadamente para preparar su funcionamiento.
El Gobierno sostiene que la prórroga permitirá contar con una autoridad operativa, desarrollar normas complementarias y entregar mayor certeza a las organizaciones obligadas a cumplir la legislación. El biministro de Economía, Daniel Mas, defendió la iniciativa señalando que “No queremos menos protección de los datos personales, queremos que esta nueva legislación funcione correctamente desde el primer día”.
Sin embargo, la extensión del plazo también genera cuestionamientos. El presidente de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos, Marcelo Drago, advirtió en septiembre que el aplazamiento podría perjudicar a las organizaciones que invirtieron anticipadamente en su preparación. Sobre las dificultades institucionales, sostuvo que “La solución era instalar la Agencia rápidamente, haber mandado una nueva terna y haberla aprobado”.
El costo de postergar los nuevos derechos
La Ley 21.719 moderniza la protección de información personal y establece mayores obligaciones para quienes recopilan, almacenan o utilizan datos de ciudadanos, trabajadores y consumidores. También fortalece derechos de acceso, rectificación, eliminación y portabilidad, además de crear una autoridad especializada con facultades fiscalizadoras y sancionatorias.
La postergación permitiría ganar tiempo para su implementación, pero también retrasaría la aplicación de esos nuevos mecanismos de protección. Este punto adquiere relevancia frente al uso creciente de datos personales en servicios financieros, comercio electrónico, plataformas digitales y sistemas públicos, donde circula información que puede incluir antecedentes sensibles.
Durante la sesión, el exsenador Felipe Harboe planteó alternativas como establecer una aplicación escalonada de la normativa y mantener la vigencia de sus disposiciones sustantivas. La propuesta abre una posibilidad intermedia entre postergar completamente la reforma y exigir su implementación simultánea a todas las organizaciones.
Por ahora, la prórroga no está aprobada como ley. El proyecto continúa en su primer trámite constitucional y el Ejecutivo comprometió urgencia inmediata para acelerar su discusión particular. Mientras el Congreso define los nuevos plazos, la protección de datos como responsabilidad permanente de las organizaciones adquiere especial importancia: una eventual postergación puede entregar más tiempo de preparación, pero también prolongaría la espera por una fiscalización especializada que resguarde efectivamente la información de las personas.
