La Octava Encuesta Nacional revela inquietud por los cuidados, la autonomía y la respuesta de las autoridades. En paralelo, Gobierno, SENAMA y Universidad de Chile preparan una política pública destinada a enfrentar el acelerado envejecimiento del país
Envejecer en Chile plantea una pregunta urgente: ¿están preparadas las instituciones, las familias y las comunidades para una vida cada vez más larga? Una encuesta de la Universidad de Chile y SENAMA recoge una respuesta preocupante: el 84% de la población adulta considera que el país está poco o nada preparado para enfrentar el envejecimiento.
La cifra proviene de la Octava Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores, aplicada entre febrero y marzo de 2025. Sus resultados volvieron a la agenda el 22 de octubre, cuando la Universidad de Chile, SENAMA y Desarrollo Social firmaron un acuerdo para contribuir a la futura Política Nacional de Envejecimiento.
El diagnóstico cobra relevancia en un país donde las personas mayores representan cerca de una quinta parte de la población. El cambio demográfico repercute en la atención sanitaria, las ciudades y la organización de los cuidados, especialmente cuando las familias asumen responsabilidades que los servicios no siempre alcanzan a cubrir.
Cuidados insuficientes y autonomía subestimada
La encuesta recoge percepciones de la población adulta, no una medición directa de la calidad de los servicios. El 81,1% cree que las necesidades de las personas mayores son poco o nada consideradas por las autoridades y el 82% estima insuficiente el apoyo ante situaciones de dependencia.
Además, el 45,6% piensa que las personas mayores están muy marginadas y el 68,5% considera que sus aportes se aprovechan poco o nada. Al mismo tiempo, el 53,5% afirma que pagaría un impuesto específico para financiar una red de protección, disposición que no equivale al respaldo a una propuesta tributaria determinada.
Para Daniela Thumala-Dockendorff, académica de la Universidad de Chile y una de las responsables de la investigación, existe otra brecha: aunque casi ocho de cada diez personas mayores se valen por sí mismas, solo el 41,3% de la población cree que pueden hacerlo. “Una sociedad que ve dependencia donde hay autonomía termina tratando a sus mayores como dependientes”, advirtió.
De las cifras a una política nacional
El convenio permitirá incorporar investigación y experiencias ciudadanas al diseño de la política. En su firma participaron María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia; Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile, y Muriel Abad, directora nacional de SENAMA.
“Cumplir años no puede significar perder el lugar en la sociedad, ni el derecho a decidir sobre la propia vida”, sostuvo Wulf, quien pidió reconocer las capacidades de las personas mayores y escucharlas en las decisiones que les afectan.
La futura política está contemplada en la Ley 21.822, publicada en junio de 2026, cuya vigencia general comenzará el 1 de junio de 2027. El acuerdo no establece por sí solo nuevas prestaciones ni recursos: abre una etapa de trabajo para definir respuestas públicas a las necesidades detectadas.
El resultado deberá observarse también en las comunas, donde la oferta de servicios y apoyos puede variar considerablemente. Proyectos como el centro comunitario para cuidadoras y personas mayores de La Serena muestran la dimensión local de esas necesidades. La nueva política tendrá que convertir el diagnóstico en acciones que se perciban en la vida cotidiana.
