La negociación abrió una salida para los gobiernos regionales: Hacienda aceptó discutir desde el presupuesto de 2026 con una rebaja del 3%. El principio de acuerdo todavía debe traducirse en cifras, reglas de ejecución y votos parlamentarios
La presión de los gobernadores regionales consiguió modificar el rumbo de la negociación presupuestaria con Hacienda. Después de semanas de cuestionamientos a los recortes propuestos para 2027, las autoridades territoriales lograron establecer un principio de acuerdo que utilizaría el presupuesto de 2026 como punto de partida, con una rebaja de 3%.
La fórmula representa un avance frente a las reducciones inicialmente planteadas, aunque todavía no constituye una asignación definitiva de recursos.
El entendimiento comenzó a tomar forma durante una extensa reunión realizada la noche del lunes en Cerro Castillo, Viña del Mar. Allí, representantes de los gobiernos regionales negociaron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, con la participación de los senadores Yasna Provoste, Javier Macaya y Renzo Trisotti. La cita permitió acercar posiciones después de que la propuesta del Ejecutivo enfrentara resistencia en el Congreso.
La negociación abre una nueva etapa de la disputa por los recursos regionales del Presupuesto 2027. Los gobernadores estimaban inicialmente una disminución cercana a $250 mil millones para las 16 regiones y advertían que el ajuste comprometería inversiones municipales, infraestructura y programas de desarrollo. La nueva oferta modifica el punto de partida, pero todavía falta determinar cuánto financiamiento efectivo recibirá cada territorio.
El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, valoró el cambio de posición del Ejecutivo, aunque advirtió que quedan materias pendientes. “El defender el presupuesto permite que los municipios, las organizaciones sociales, las fuerzas vivas de la región puedan seguir funcionando. Estamos en un punto de partida que es mejor que antes, ya que se nos está ofreciendo el presupuesto del año pasado menos un 3%, a partir de ahí una serie de conversaciones que permitan optimizar la gestión y mejorar la ejecución de los gobiernos regionales”, señaló.
De los recortes iniciales a una nueva negociación
La diferencia entre la propuesta original y el entendimiento alcanzado resulta significativa. Hacienda planteó inicialmente una reducción nominal cercana al 7% para los gobiernos regionales, pero las autoridades territoriales cuestionaron esa cifra porque sus cálculos incorporaban inflación, ingresos propios y distintas bases de comparación. En Antofagasta, Díaz llegó a estimar una merma de 13%, mientras que en O’Higgins las proyecciones preliminares apuntaban a reducciones cercanas al 20%.
El gobernador de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, participó en las gestiones realizadas en Cerro Castillo, donde también estuvieron los gobernadores Rodrigo Mundaca, de Valparaíso; José Miguel Carvajal, de Tarapacá, y Cristóbal Juliá, de Coquimbo. La preocupación compartida era que una disminución de recursos obligara a postergar proyectos que ya forman parte de la planificación regional, afectando a municipios y comunidades que dependen de esas inversiones.
El conflicto también tuvo consecuencias legislativas. La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos registró un empate de tres votos contra tres durante la revisión de la Partida 31, correspondiente al financiamiento regional. Con ese resultado y las nuevas conversaciones abiertas, la instancia acordó postergar por diez días la votación, con el propósito de elaborar una propuesta que permita continuar la tramitación antes del 2 de noviembre.
La senadora Yasna Provoste, presidenta de la subcomisión, valoró la apertura de una mesa de trabajo. “Se ha materializado un espacio formal de conversaciones, por lo mismo, destaco la unanimidad de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto para postergar la votación por al menos 10 días y tengamos avances concretos de la mesa conformada”, indicó.
Los recursos no son el único punto pendiente
Aunque el porcentaje de reducción concentró buena parte de las negociaciones, la controversia también expuso diferencias sobre la forma en que el Gobierno evalúa la ejecución presupuestaria. Los gobernadores sostienen que numerosos proyectos financiados con recursos regionales dependen de municipios, ministerios y servicios públicos, cuyos procedimientos administrativos pueden retrasar las inversiones sin que ello sea responsabilidad directa del gobierno regional.
Díaz defendió la necesidad de mejorar los mecanismos de gestión, pero insistió en que las soluciones deben construirse con las autoridades territoriales. “Aquí no hay nadie que quiera una ejecución ineficaz, creemos que tienen que haber formas regular el funcionamiento y la ejecución presupuestaria, pero creemos que eso se tiene que hacer con los gobernadores, con aquellos que manejan la descentralización, con los que saben los dolores de la región”.
Entre los asuntos pendientes aparecen los criterios que permitirán distribuir los recursos, el tratamiento de los ingresos propios y las condiciones para acceder a financiamiento adicional según los niveles de ejecución. También deberá precisarse si la rebaja de 3% se aplicará de manera uniforme o si existirán mecanismos que consideren las diferencias presupuestarias entre regiones.
El gobernador de Antofagasta describió el entendimiento como un “buen reinicio de la discusión presupuestaria” y añadió que “tenemos que continuar con ello, porque hay mucho que discutir, por ejemplo, cómo van a ser las partidas de la evaluación de presupuesto, cómo vamos a garantizar que los servicios públicos cumplan los compromisos con los Gobiernos Regionales, y ver cómo en conjunto ir garantizando más desarrollo. La descentralización les hace bien a las regiones”.
Recursos esenciales para el desarrollo regional
El principio de acuerdo evita, por ahora, que la negociación continúe bajo las condiciones originales de Hacienda. Sin embargo, una rebaja menor no equivale a recuperar íntegramente los recursos, especialmente si se consideran la inflación y los compromisos financieros que mantienen los gobiernos regionales. La verdadera dimensión del cambio dependerá de las cifras que finalmente se incorporen al proyecto y de las normas que regulen su ejecución.
La discusión vuelve así a una cuestión que acompañó los cuestionamientos de los gobernadores a los criterios presupuestarios de Hacienda: cuánto margen conservarán las regiones para decidir y ejecutar sus propias inversiones. El principio de acuerdo político abrió una posibilidad, pero su resultado deberá medirse en los recursos efectivamente disponibles para obras, programas y proyectos en las comunas durante 2027.
