Corma propone cortes eléctricos preventivos, restricciones a faenas de riesgo y patrullajes durante condiciones meteorológicas extremas. El planteamiento abre interrogantes sobre autorizaciones, protección de servicios esenciales y coordinación territorial antes de una nueva temporada de emergencias
Cortar la electricidad, restringir faenas de riesgo y facilitar el paso de maquinaria de emergencia son medidas que podrían afectar a comunidades enteras antes de un incendio. La Corporación Chilena de la Madera (Corma) pide protocolos nacionales para aplicarlas: considera que reforzar los recursos de combate no basta para proteger a los territorios.
El llamado surgió en un encuentro con la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO) y organismos de emergencia en La Araucanía. El asunto de fondo es quién decide, bajo qué criterios y cómo evitar que las medidas lleguen cuando el fuego ya amenaza viviendas y actividades económicas.
La advertencia coincide con un El Niño activo, que según la NOAA podría alcanzar intensidad fuerte o muy fuerte. El fenómeno, sin embargo, no permite anticipar por sí solo más incendios: también influyen el viento, las temperaturas, la humedad y la vegetación de cada zona.
Cinco medidas antes del fuego
El presidente del Departamento de Protección del Bosque de Corma, Ramón Figueroa, advirtió que “no basta con fortalecer los recursos de combate, sino que es indispensable avanzar en medidas de prevención que permitan actuar anticipadamente, especialmente durante jornadas de altas temperaturas, fuertes vientos y baja humedad”.
El dirigente detalló las propuestas: “Necesitamos medidas preventivas adicionales y decisiones urgentes de las autoridades, donde hemos planteado cinco acciones concretas, que son: aprobar una pauta nacional de anticipación frente a condiciones extremas; establecer procedimientos de desconexión eléctrica preventiva; definir restricciones de actividades de riesgo, control de rutas y patrullajes preventivos; fortalecer la preparación comunitaria y los simulacros; y autorizar el libre tránsito de maquinaria de emergencia durante toda la temporada”.
Los cortes eléctricos plantean preguntas sensibles: quién los autoriza, qué condiciones los justifican y cómo se protege a pacientes electrodependientes, hospitales y sistemas de agua. El comunicado no precisa esos mecanismos. Las propuestas tampoco son inéditas: Corma ya planteó cortes preventivos y restricciones durante una temporada anterior.
El director regional de CONAF Araucanía, Héctor Tillería, identificó entre las prioridades “fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones y establecer prioridades para el manejo de combustibles en las zonas de interfaz urbano-rural, con el objetivo de reducir los riesgos y proteger a las comunidades”.
En esas zonas conviven viviendas, instalaciones productivas y vegetación combustible. Se necesitan accesos para emergencias, manejo de vegetación y vecinos preparados. Una experiencia público-privada en cinco comunas del Maule reportó una reducción del 35% en la ocurrencia de incendios durante una temporada, resultado que no puede generalizarse a otras regiones.
Decisiones públicas y ley pendiente
La Comisión Mixta despachó el proyecto de Ley de Incendios, cuyo informe debe ser votado por la Cámara y el Senado. La iniciativa busca fortalecer la prevención y considerar el riesgo en la planificación territorial, mientras persisten cuestionamientos por la demora legislativa en la aprobación de la Ley de Incendios.
El avance de la ley no resuelve por sí solo quién debería ordenar una desconexión eléctrica ni qué resguardos exigirían las restricciones propuestas. Esa definición requiere coordinación sectorial.
Desde el Instituto para la Resiliencia ante Desastres (Itrend), María Ignacia Rojas sostuvo que “Lo más importante es comprender las dinámicas, los desafíos y brechas que enfrentamos ante los desastres, con el fin de contribuir de manera efectiva, necesitamos dimensionar sus impactos en los sectores productivos y contar con información que nos permita tomar mejores decisiones”.
El asunto no se agota en los recursos para combatir el fuego. Los protocolos solicitados por Corma necesitan criterios verificables, responsables identificados y resguardos para quienes podrían quedar sin servicios esenciales. La prueba para las autoridades será convertir la anticipación en decisiones concretas, antes de que una jornada de riesgo extremo obligue a improvisar.
