La muerte de 13 trabajadores en faenas mineras durante 2026 llevó al Gobierno a convocar una mesa urgente. Sernageomin reforzará fiscalizaciones y exigirá medidas verificables mientras empresas y contratistas vuelven al centro de la seguridad laboral minera
La muerte de un trabajador contratista de 61 años en la mina Aguilucho, de Minera Las Cenizas, en Taltal, elevó a 13 las víctimas fatales registradas en la minería chilena durante 2026. El nuevo accidente volvió a poner bajo examen la efectividad de los controles preventivos, la coordinación entre empresas mandantes y contratistas y la capacidad del Estado para fiscalizar condiciones críticas antes de que terminen en una tragedia.
La reacción del Gobierno fue convocar una Mesa por la Seguridad Minera para este viernes 16 de octubre. La instancia reunirá a trabajadores, ejecutivos de compañías, gremios, parlamentarios y representantes del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, con el objetivo de acordar medidas operativas, reforzar la fiscalización y avanzar hacia cero fatalidades.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, situó el problema más allá de las cifras. “Cada vida perdida en una faena minera nos golpea a todos. No podemos normalizar que un trabajador salga de su hogar para aportar al desarrollo del país y no regrese con su familia”, señaló. Luego agregó: “Estos accidentes nos obligan a examinar con total transparencia qué ha fallado y qué medidas urgentes tenemos que adoptar”.
El fallecimiento registrado en Taltal amplió nuevamente el balance y profundizó las preguntas sobre qué ocurre entre los procedimientos escritos y las condiciones reales en que se desarrollan las tareas.
Nuevos controles antes de iniciar cada turno
El accidente más reciente ocurrió en la mina Aguilucho, donde un trabajador contratista falleció mientras operaba maquinaria pesada. Las causas permanecen bajo investigación y deberán establecer qué ocurrió durante la operación, qué controles estaban vigentes y si las barreras preventivas definidas para esa tarea funcionaron como correspondía.
Sernageomin anunció una respuesta que busca aumentar la presencia fiscalizadora en terreno. En un plazo máximo de siete días hábiles, sus direcciones regionales deberán activar los Comités Regionales de Seguridad Minera, incorporando especialistas en prevención, comités paritarios y representantes gremiales.
También se estableció que cada turno comience con un bloque destinado a identificar peligros y verificar barreras críticas antes de iniciar las labores. En determinadas regiones aumentarán las fiscalizaciones no programadas y se mantendrá la posibilidad de paralizar preventivamente áreas, equipos o faenas cuando exista peligro inminente.
El director nacional subrogante de Sernageomin, Mauricio Lorca, detalló que “como Sernageomin vamos a intensificar la fiscalización, reforzar nuestro despliegue en las regiones y solicitar a todas las compañías y faenas mineras la presentación de medidas concretas, responsables definidos y plazos verificables para fortalecer el control de los riesgos críticos”.
La exigencia adquiere especial relevancia luego de la muerte de dos trabajadores subcontratistas en El Teniente mientras realizaban labores de inspección durante condiciones meteorológicas adversas. La Fiscalía y la PDI mantienen abierta esa investigación para establecer las circunstancias en que se ejecutaban las tareas.
Contratistas vuelven al centro de la prevención
La participación de trabajadores externos en varios accidentes vuelve a colocar bajo atención la relación entre las empresas principales y sus cadenas de contratación. Durante 2025, 20 trabajadores murieron en la minería y diez pertenecían a empresas contratistas, un antecedente que mantiene abierta la revisión sobre cómo se aplican los mismos estándares preventivos a quienes desarrollan mantenimiento, operación y servicios dentro de una faena.
El subsecretario de Minería, Álvaro González, aseguró que la nueva instancia “no será para diagnósticos pasivos, sino para acordar acciones preventivas y operativas para el resguardo de nuestros trabajadores”. La autoridad complementó que “la seguridad minera debe ser una realidad diaria que involucre empresas, trabajadores, proveedores, mutuales y organismos fiscalizadores”.
La respuesta institucional llega además a una industria que dispone de nuevas herramientas para detectar riesgos. En El Teniente, por ejemplo, la inteligencia artificial ya se utiliza para identificar conductas inseguras y reforzar controles en tiempo real. Sin embargo, el despliegue tecnológico no reemplaza la verificación efectiva de los procedimientos ni la responsabilidad de detener una labor cuando las condiciones dejan de ser seguras.
La prueba comenzará después de la mesa
La reunión del viernes puede ordenar medidas, responsables y plazos, pero su resultado se jugará fuera de la mesa. Las compañías deberán demostrar cómo los compromisos se traducen en controles aplicados antes de cada tarea, mientras Sernageomin tendrá que convertir el refuerzo anunciado en una fiscalización capaz de detectar desviaciones antes de otro accidente.
Las 13 muertes registradas durante 2026 dejan una pregunta que ya no puede responderse únicamente con nuevos protocolos. La próxima etapa exigirá saber si empresas, contratistas y organismos fiscalizadores consiguen identificar dónde fallan las barreras preventivas y corregirlas cuando todavía existe tiempo para evitar otra fatalidad.
