Siete trabajadores murieron desde el 23 de septiembre y elevaron a trece las víctimas de 2026. El Gobierno convocó una mesa de seguridad y Sernageomin anunció fiscalizaciones y controles, mientras crecen los cuestionamientos sobre la prevención
La muerte de un operador de maquinaria pesada en Taltal elevó a 13 los trabajadores fallecidos en la minería chilena durante 2026. Siete de esas víctimas se concentran en las últimas tres semanas, una sucesión de accidentes que volvió a poner bajo examen los protocolos preventivos, la supervisión de empresas contratistas y la capacidad del Estado para fiscalizar las condiciones reales de trabajo.
El último accidente ocurrió el miércoles 14 de octubre en la mina Aguilucho, de Minera Las Cenizas, en la Región de Antofagasta. Un trabajador de 61 años, perteneciente a Transportes Santa Elvira, murió cuando el bulldozer que operaba cayó aproximadamente 50 metros. Las causas permanecen bajo investigación. Su fallecimiento se sumó a los dos trabajadores muertos en El Teniente, al accidente de Illapel y a los registrados anteriormente en Escondida, Radomiro Tomic y Los Colorados.
El nuevo balance supera las 11 fatalidades de 2024, aunque todavía permanece por debajo de las 20 registradas durante 2025. La evolución confirma que las mejoras históricas de seguridad no eliminaron los riesgos críticos. El problema adquiere especial relevancia en operaciones de gran escala, donde la disponibilidad de procedimientos y tecnología debe corresponderse con controles efectivos en cada tarea.
Entre los protocolos y los controles que funcionan
El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) identificó que el 83% de las fatalidades registradas en 2024 entre sus compañías miembro estuvo asociado con fallas en la implementación de controles críticos. El dato corresponde a operaciones internacionales, no exclusivamente a Chile, pero permite dimensionar un problema que también preocupa a los organismos fiscalizadores nacionales.
En declaraciones conocidas el 14 de octubre, Sernageomin cuestionó la existencia de “una falsa sensación de control basada en procedimientos, firmas de carpetas y charlas de cinco minutos que no evitan accidentes”. El organismo sostuvo que las investigaciones revelan fallas operacionales conocidas que continúan repitiéndose, especialmente en intervenciones de equipos, mantenimiento y supervisión de labores de alto riesgo.
Las cifras de fiscalización muestran otra dimensión del problema. Según antecedentes entregados por Sernageomin, cerca del 45% de aproximadamente 11 mil inspecciones anuales detecta irregularidades que requieren medidas correctivas. Estas incluyen problemas de ventilación, deficiencias en sistemas de bloqueo de energía, mantenimiento de equipos y control de la estabilidad de terrenos.
En Codelco, la Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional comenzó a depender directamente de la Presidencia Ejecutiva desde fines de septiembre. Sin embargo, menos de tres semanas después, Guillermo Guajardo López y Diego Ponce Ponce murieron durante un alud en la División El Teniente, mientras realizaban labores de inspección. La empresa informó que las operaciones productivas del sector estaban detenidas por las condiciones meteorológicas.
El diputado Cristián Tapia, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, cuestionó las condiciones en que se desarrollaban esas tareas. “¿Qué pasó con las medidas de prevención? ¿Qué pasó con los protocolos? ¿Se sabía que ahí había una cantidad de nieve donde ellos transitaban? Y si la operación estaba detenida producto del mal tiempo, ¿por qué andaban haciendo las inspecciones?”, preguntó. La Fiscalía y los organismos técnicos deberán establecer las circunstancias del accidente y las eventuales responsabilidades.
Subcontratación y responsabilidades empresariales
La participación de trabajadores externos en varios de los accidentes reabrió los cuestionamientos sobre la relación entre empresas mandantes y contratistas. En El Teniente, las víctimas pertenecían a San Lorenzo, subcontratista de Aura. En Taltal, el trabajador fallecido prestaba servicios para Transportes Santa Elvira.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, pidió revisar estas relaciones laborales. “La minería tiene que revisar sus relaciones con los mandantes, con los subcontratados y con los tercerizados”, afirmó, al advertir que la presión por reducir costos puede afectar las condiciones laborales y los elementos de protección.
El artículo 183-E del Código del Trabajo establece obligaciones de protección de la vida y salud de los trabajadores para las empresas principales, independientemente de quién sea su empleador directo. Sernageomin también advirtió que, de las seis fatalidades contabilizadas en la gran minería hasta el 13 de octubre, la mayoría involucraba a personal contratista.
La situación vuelve a poner atención sobre los mecanismos de supervisión corporativa. En febrero, una auditoría interna de Codelco reveló deficiencias en la gestión y reporte de antecedentes técnicos, lo que derivó en la salida de tres ejecutivos. Aquellos hallazgos corresponden a investigaciones diferentes, pero evidencian la importancia de los controles y la información disponible para las decisiones operacionales.
Gobierno anuncia fiscalización y medidas de prevención
Frente al aumento de las fatalidades, el Ministerio de Minería convocó para este viernes 16 de octubre una Mesa por la Seguridad Minera, que reunirá a trabajadores, ejecutivos de empresas, gremios, parlamentarios y representantes de Sernageomin. La convocatoria busca acordar acciones preventivas y reforzar la implementación de las normas vigentes.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expresó su preocupación por los últimos accidentes y sostuvo: “No podemos normalizar que un trabajador salga de su hogar para aportar al desarrollo del país y no regrese con su familia”. La autoridad también llamó a revisar las fallas de prevención y definir medidas urgentes para evitar nuevas muertes.
Sernageomin anunció que intensificará la fiscalización y exigirá a las compañías medidas concretas, responsables identificados y plazos verificables. Su director nacional subrogante, Mauricio Lorca, comprometió un mayor despliegue regional para fortalecer el control de los riesgos críticos y comprobar la efectividad de las medidas preventivas.
Entre las disposiciones anunciadas se encuentra la activación de los Comités Regionales de Seguridad Minera (Coresemin) en un máximo de siete días hábiles. Además, cada turno laboral deberá comenzar con un espacio dedicado a identificar peligros y verificar barreras críticas. En zonas como Tarapacá y el extremo austral se reforzarán las inspecciones no programadas, mientras continuará la paralización preventiva de faenas donde exista peligro inminente.
Estas medidas se suman al relanzamiento de las 21 Reglas de Oro de la Minería y a una Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería aprobada en 2025, cuya tramitación administrativa todavía aparecía pendiente en antecedentes oficiales de 2026.
El próximo paso será comprobar si las decisiones anunciadas se traducen en cambios dentro de las faenas. La activación de comités, la frecuencia de las inspecciones y la corrección efectiva de irregularidades permitirán evaluar los resultados de la respuesta institucional.
Las 13 muertes registradas durante 2026 exigen algo más que nuevos compromisos. La prevención dependerá de que empresas, contratistas y fiscalizadores identifiquen los riesgos antes de ejecutar cada tarea, verifiquen los controles y detengan los trabajos cuando no existan condiciones seguras.
